Con varios meses de retraso los obispos españoles presentarán, a mediados de septiembre, la auditoría encargada al bufete Cremades & Calvo Sotelo sobre el drama de la pederastia en la Iglesia. Se trata de una auditoría firmada el 22 de febrero de 2022 y que, pese a que el despacho aseguró que se haría pro bono, ha costado a las arcas de la Conferencia Episcopal algo más de un millón de euros.
La cantidad, bastante más elevada de la que los mismos obispos preveían en un principio –en la firma del contrato, que reveló en primicia elDiario.es, se apuntaba a que no se cobrarían las horas trabajadas por personal del bufete, pero que sí se haría en el caso de dietas, viajes o encargos a agentes externos–, ha sido confirmada a este diario tanto por fuentes de la entidad contratante (la CEE) como del despacho dirigido por Javier Cremades.
Fuentes conocedoras del informe que, como adelantó elDiario.es, corroborará al menos 4.000 casos de abusos, apuntan que la auditoría no se ha centrado en el conteo de casos sino en la experiencia vivida por las víctimas, las respuestas de diócesis, congregaciones e instituciones católicas, la asunción de responsabilidades y, especialmente, las propuestas de cara al futuro.
Entre ellas, el equipo de Cremades planteará que se asuman compensaciones económicas a todas las víctimas y que se plantee una petición estructurada e institucional de perdón por parte de la Iglesia española en su conjunto, con acciones concretas y cambios en el modo de afrontar las denuncias que puedan darse a partir de este momento, o la gestión de las que estén en marcha.
El papel de los obispos, las estructuras de organización en el interior de la institución y el trabajo con víctimas y abusadores (se está comprobando, como ocurriera en el caso de los Legionarios de Cristo, que buena parte de los abusadores en la Iglesia, antes habían sido víctimas) serán otros de los puntos a modificar. Las conclusiones del bufete sólo serán ‘recomendaciones’, que posteriormente los obispos habrán de decidir si hacen suyas o no, como ha sucedido en otros países, como Portugal.
“No se ha querido hacer una extrapolación de datos, como sucedió en Francia, para dar una cifra estimativa de víctimas, porque la investigación recalca que hay mucho abuso oculto”, señalan fuentes conocedoras del informe, cuyos últimos flecos se están ultimando, aunque la cúpula de la Conferencia Episcopal ya trabaja con los resultados desde mediados de julio. Dichas fuentes señalan casos como el del sacerdote de Salamanca que, varias décadas después de haber sufrido abusos en el seminario, se atrevió a denunciarlo. “Nunca sabremos la magnitud numérica del escándalo”, aseguran.
En cuanto a los gastos, expertos en este tipo de informes señalan que los costes están ajustados a la baja, y que se podrá demostrar que el bufete sí ha trabajado pro bono. En caso de no haber sido así, el millón de euros que los obispos han pagado a Cremades se hubiera multiplicado al menos por tres, aseguran. En todo caso, tanto desde la CEE como desde el bufete se está trabajando en una memoria detallada de cada gasto, incluyendo kilometrajes, reuniones, logística, coste por hora trabajada, etc…
Buena parte de los costes han venido por parte de los auditores internacionales. En este sentido, cabe destacar que Cremades contrató al coordinador de la comisión independiente portuguesa, Pedro Strecht; así como a los socios fundadores del despacho alemán Westpfahl Spilker Wastl (WSW) –que elaboró el informe de abusos en la archidiócesis de Múnich en el que se apuntaba a la supuesta implicación de Benedicto XVI en un caso de encubrimiento– los abogados Martin Pusch y Ulrich Wastl, que han sido los que más han cobrado.
Entre los miembros del equipo también destacan la expresidenta de la American Bar Association, Patricia Lee Refo; la abogada y socia del despacho británico Dawson Cornwell y experta en casos de abusos sexuales, Carolina Marín Pedreño; la socia fundadora del despacho hispano alemán 3C Compliance y presidenta de la Asociación Europea de Mujeres Juristas, Katharina Miller; el abogado del despacho Cremades y presidente del Instituto de Derechos Humanos de la Asociación Mundial de Juristas, Juan Carlos Gutiérrez; la abogada del despacho estadounidense Paul Weiss Liza M. Velazquez; la psicóloga Marina Peña; y el abogado argentino especialista en abusos sexuales en la Iglesia, Juan Pablo Gallego, entre otros, además de asesores externos como la exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, la exvicepresidenta del Tribunal Constitucional, Encarnación Roca y el periodista y exdirector de El País, Juan Luis Cebrián, que ofrecieron una mirada desde la perspectiva de las víctimas, la responsabilidad civil e indemnización o la gestión de la comunicación.
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