El abogado Javier Cremades asegura que en ningún momento se ha arrepentido de aceptar el encargo que realizó a su despacho la Conferencia Episcopal Española (CEE) para investigar los abusos sexuales en la Iglesia, a pesar de la polémica que se creó cuando se conoció su vinculación con el Opus Dei. El bufete que preside, Cremades & Calvo-Sotelo, lleva desde febrero trabajando en una auditoría sobre la pederastia en las instituciones católicas.
En una entrevista con elDiario.es asegura que el encargo recibido ha “llegado tarde”, después de que en varios países europeos esta labor se iniciase hace ya varios años. En sus primeros meses de trabajo el despacho ha facturado a los obispos alrededor de 120.000 euros por la labor que están realizando sus abogados y los expertos externos con los que han contado, entre los que destaca la exalcaldesa de Madrid y jueza jubilada, Manuela Carmena; el coordinador de la comisión de pedofilia en la Iglesia portuguesa, Pedro Strecht, y los socios del despacho alemán Westpfahl Spilker Wastl (WSW), encargados de elaborar el informe de abusos en la archidiócesis de Múnich y Frisinga.
¿En qué punto se encuentra la labor que están realizando en su despacho para investigar los casos de pederastia en la Iglesia?
Estamos sumergidos en el curso de la investigación, avanzando en paralelo en los tres frentes que queremos cubrir. Por un lado queremos entender históricamente lo que ha pasado, la dimensión del daño producido, del fenómeno de la pederastia en el seno de la Iglesia Católica, las etapas históricas. Estamos recabando información y accediendo a los archivos. Ya estamos convencidos de que esto va a ser sólo la punta del iceberg. En muchos casos han aparecido cosas sorprendentes, por ejemplo, órdenes religiosas que han llegado a acuerdos extrajudiciales con decenas de personas. Eso no lo conocen los obispos, probablemente no lo sepa ni el Vaticano, pero ha aparecido en las conversaciones con víctimas y asociaciones de víctimas.
Por otro lado, estamos también trabajando en el presente: estudiar cómo está respondiendo hoy la institución a casos cuando se producen, si es suficiente o no lo que hacen. Finalmente, estamos también empezando a diseñar varios modelos de posible respuesta: cómo reparas a la víctima. No solamente desde el punto de vista de asistencia emocional, sino también de reparación económica. Estamos pensando en dos o tres modelos para que la Conferencia Episcopal haga luego lo que crea más oportuno, porque nosotros no haremos más que proponer. Nuestra idea es presentar en octubre unos primeros avances de lo que estamos descubriendo.
¿Se están encontrando muchos casos prescritos? ¿Cómo debe actuar la Conferencia Episcopal ante estas víctimas?
Creo que en aquellos casos donde haya prescripción sí vamos a sugerir que, a pesar de todo, se ofrezca un plan de reparación, incluyendo la indemnización, cuando sea necesario.
Comentaba que han podido acceder a algunos archivos. ¿Se están encontrando facilidades y accesibilidad en todas las diócesis?
Por ahora, sí. Es verdad que en las órdenes religiosas vamos un poco más retrasados, que es donde creemos que está el grueso de los casos. Por ahora ninguna diócesis se ha opuesto a facilitarnos información. Todavía no lo han hecho todas, aunque actualmente estamos encontrando una cooperación completa de las diócesis.
Creo que en aquellos casos donde haya prescripción vamos a sugerir que se ofrezca un plan de reparación, incluyendo la indemnización, cuando sea necesario
¿Se han encontrado con una dirección de la Conferencia Episcopal unida en su apoyo a la labor que ustedes están realizando?
En la Conferencia Episcopal, sí, porque tanto el presidente como el secretario son los que han liderado este movimiento. En la Comisión Ejecutiva, ahí sí encontramos unidad. Luego, entre los 72 obispos hay una enorme diversidad de opiniones y debe haber sensibilidades de todo tipo. Hay personas en la Iglesia que piensan que es un error histórico que la institución acepte ser investigada y rendir cuentas. Yo creo que no, que el error histórico hubiera sido si no se hubiera hecho, porque esto era algo que la sociedad necesita saber y que la Iglesia también necesita presentar.
Una vez que avance el trabajo, ¿se plantean hablar también con los victimarios para recabar su versión de los hechos?
En principio, no. Eso de hablar con los victimarios ya lo ha hecho alguna asociación. Por ejemplo, el colectivo Mans Petites. Por lo tanto, nos está llegando también información de los victimarios a través de las propias asociaciones de víctimas.
En relación al número de denuncias, hace algunas semanas plantearon que habían recibido alrededor de 60 casos y que únicamente la mitad se circunscribían al ámbito de la Iglesia. La investigación realizada por El País eleva la cifra de víctimas a más de 1.500. ¿Han reflexionado sobre el número denuncias que ustedes están recibiendo?
Estamos siguiendo el caso alemán. En ese modelo, nuestro objetivo no es hablar con las víctimas. Teniendo en el centro la necesidad de atender a las víctimas, nuestro objetivo es hacer un dictamen pericial, una especie de forensic de las dimensiones del crimen y de la respuesta que se ha dado a ese daño. Y lo que sí hemos hecho, como hicieron los alemanes, es estar a disposición, pero no estamos activamente buscando a las víctimas ni vamos a apoyarnos en las víctimas para legitimar nuestro trabajo.
Nosotros somos un bufete de abogados. Hemos contratado a personas especialistas en el ámbito psicológico, psiquiátrico, internacional y nacional. Hemos de entender la dimensión del problema y presentárselo a la CEE y, en el fondo, a la sociedad; pero no somos ni abogados de una parte, ni abogados de la Iglesia, ni abogados de las víctimas, ni estamos representando a nadie en esta disputa. Estamos intentando presentar un diagnóstico completo de la situación.
No estamos activamente buscando las víctimas ni vamos a apoyarnos en las víctimas para legitimar nuestro trabajo
Con la cantidad de especialistas que tienen, muchos de ellos que provienen de fuera de España, y el tiempo que le están dedicando. ¿El resultado no sería más enriquecedor si recibiesen un mayor número de denuncias?
Estoy de acuerdo, pero lo que hemos percibido y, probablemente, lo veremos en el caso del Defensor del Pueblo es que a las víctimas no les resulta fácil hablar y denunciar de nuevo sus casos. Cuanta mayor información tengamos y más casos conozcamos, mayor capacidad de detalle y de análisis vamos a poder tener. A través de las asociaciones estamos teniendo mucha información sobre casos concretos.
Hablando con ellos descubrimos algunos casos que los obispos no conocían porque las víctimas no denunciaron ante la Fiscalía ni al Obispado, pero sí fueron a una terapia. A través de esa labor, y sin tener los datos de carácter protegido, sí hemos tenido acceso a la información. Creo que todos los miembros de la Comisión nos hemos hecho una buena foto de la dimensión del problema, no solamente jurídica ni económica, sino sobre todo humana.
¿Con qué asociaciones de víctimas están ustedes en contacto? Ha habido colectivos que han sido críticos con que se le haya encargado a usted la investigación debido a su vinculación con el Opus Dei.
La investigación no se me ha encargado a mí, se ha encargado al despacho. Yo soy el presidente pero aquí hay casi 200 profesionales y cada uno tiene su propia visión del mundo. Me imagino, no lo sé, pero creo que dos cosas tuvieron que ver: la pertenencia a la Iglesia Católica fue un factor de confianza para los obispos; no lo sé, habría que preguntárselo a ellos. También considero que la competencia profesional en ser un despacho que ha estado históricamente vinculado a la lucha contra el abuso de poder como el caso Madoff, el de los controladores aéreos, el de las preferentes, el de Bankia... Me imagino que también ha tenido algo que ver toda esa lucha representando a miles de víctimas.
En el año 2002 nuestro despacho aceptó el primer caso –contra el cura argentino Julio Grassi– en países de habla hispana contra un sacerdote presuntamente pederasta, hoy ya sabemos que es pederasta y está en la cárcel. Teníamos una reputación también de ser independientes. Entiendo que en un entorno tan complicado haya desconfianza, con tantos intentos de si se investiga o no se investiga, pero afortunadamente hemos podido hablar con la mayoría de las asociaciones y estamos aprendiendo con ellas.
¿Qué papel va a jugar usted en los casos en los que los victimarios puedan estar vinculados al Opus Dei?
En el caso del Opus Dei, primero se investigará como cualquier otra institución perteneciente a la Iglesia Católica, pero no solamente porque en este caso hay colegios que no son del Opus Dei, aunque están asistidos espiritualmente por esta prelatura, como los colegios de Fomento. También esos centros se van a incluir [en el trabajo de la comisión] porque al final no afrontamos un criterio jurídico de quién es el dueño, estamos ante un criterio basado en la confianza de personas que llevaron a sus hijos a ámbitos católicos de Educación. Ahí el equipo trabajará, yo soy una parte del equipo. Como católico y como miembro del Opus Dei debemos extremar el rigor. Soy el primer interesado en que se investigue esto a fondo y, particularmente, también el Opus Dei como una institución más.
Como católico y como miembro del Opus Dei debemos extremar el rigor. Soy el primer interesado en que se investigue esto a fondo
Ante la polémica que se generó cuando se conoció que usted iba a estar al frente de esta investigación, ¿en algún momento se ha arrepentido de aceptar este encargo?
Nunca. Cómo vas a decir que no a una de las grandes heridas morales y jurídicas que tiene esta sociedad por resolver si eres un abogado y tienes el propósito de acompañar, proteger y servir a personas, empresas e instituciones a través del Derecho y así contribuyes con un granito de arena a un mundo más libre y más justo (...) Es verdad que por primera vez he estado expuesto en público sobre aspectos que son parte de mi intimidad y de mi conciencia. Entiendo perfectamente que eso sea así por la materia que estamos investigando. No era baladí; de hecho no lo ha sido.
En Francia siempre se comentó que el presidente [de la comisión] era un católico practicante. En Alemania se sabía que [el encargado de las pesquisas] era un despacho donde uno de los socios también es católico practicante. Eso no juega ningún papel si estás investigando a una entidad financiera por un abuso o a una compañía eléctrica, pero cuando estás investigando los abusos de la iglesia, eso juega un papel. Es lógico que la sociedad busque la credibilidad y jamás se va a conseguir completa hasta que no se presente el informe. Si el informe se hace bien, habrá credibilidad. Si no se hace bien, habrá desconfianza y un fracaso enorme.
¿Temen cuál puede ser la respuesta de la Iglesia una vez que presenten las conclusiones de su trabajo? ¿O tienen un compromiso de que la Iglesia va a aceptar las conclusiones que ustedes planteen?
No tengo compromiso por parte de la Iglesia de que van a aceptarlas y, además, ese no es el objeto del encargo. Nosotros presentaremos nuestra investigación y nuestra propuesta. Ellos serán libres de acatarlas. Además, probablemente, no haya una sola propuesta, sino que haya alternativas de propuestas. Por ejemplo, estoy pensando en los modelos de reparación. No sé lo que hará la Iglesia finalmente, pero creo que si el trabajo está bien hecho y hay una aceptación social de que ese es un camino adecuado, entiendo que la Iglesia, aunque hoy quizá no estaría dispuesta a hacerlo, cuando llegue el momento creo que lo hará por el bien de las personas a las que atiende y por el propio bien de la institución.
Lo que estamos aprendiendo todos es que no es justa ni correcta esta cultura que ha dominado no solamente la Iglesia, sino en general la vida social en el pasado, de que el mayor bien era el prestigio de las instituciones y para ello había que sacrificar vidas.
¿Este encargo llega tarde para las víctimas?
Creo que sí hemos llegado tarde, aunque tiene también una ventaja, vamos a aprender de los que lo han hecho bien. No todos los sistemas han sido óptimos. Vamos a intentar que este sea un buen sistema de investigación. España está haciendo una cosa que no ha hecho ningún país del mundo, combinar el estudio forense de lo que ha pasado con una investigación pública a través del Defensor del Pueblo. Entre el trabajo que vamos a hacer todos, esto va a quedar de alguna manera clarificado en cuanto al pasado y bien enfocado en cuanto al futuro. La Iglesia se está dejando ayudar también porque creo que no tenía competencias internas para saber afrontar este problema.
La Iglesia se está dejando ayudar porque no tenía competencias internas para saber afrontar este problema
¿Cómo valora la actuación que ha tenido hasta ahora la Iglesia? El año pasado el portavoz de los obispos aseguró que la pederastia en sus instituciones eran "pequeños casos".
La Iglesia española ha ido adaptándose y ha sabido rectificar el rumbo. Veo un cambio completo de mensaje. Creo que que el objetivo hoy es la verdad y si no lo fuese, se estaría equivocando. La verdad será dolorosa, pero es la única manera de poder seguir pasando página. Esto lo ha dicho el Papa Francisco: 'Cómo va a poder ser la Iglesia Católica una voz en defensa del abuso a menores en cualquier ámbito de la sociedad, si no ha sabido responder y limpiar a los que han sufrido en su propio seno'. Es evidente y creo que los obispos lo saben.
Teniendo en cuenta cómo se están empapando del resto de investigaciones que se han hecho en otros países. ¿Cree que es una buena decisión de la Iglesia no participar en la Comisión del Defensor del Pueblo?
Sí es una buena decisión porque la Iglesia es la que va a ser investigada. En mi opinión personal, la comisión del Defensor del Pueblo tiene que tener las manos libres para tener debates. De hecho, un acierto de esa comisión es que haya personas que no forman parte de la jerarquía pero tienen una sensibilidad católica. Ha sido sabio y prudente por parte del Defensor invitarlas, y también creo que ha sido sabio y prudente por parte de la Iglesia no participar.
El coordinador de los trabajos que están realizando, Alfredo Dagnino, acusó de "racismo" a la Comisión encargada por el Parlamento por investigar solo a la Iglesia. ¿Usted considera que esto es así?
No estoy de acuerdo con eso. En nuestro grupo de trabajo hay gente con muchas sensibilidades y Alfredo Dagnino no es el portavoz del grupo de trabajo. Hay gente más cercana a la Iglesia Católica —Alfredo es uno de ellos— y hay otra gente muy alejada de la Iglesia, algunos públicamente declarados ateos y que no confían en la institución. El grupo así se enriquece. Es un acierto empezar a investigar primero en la Iglesia Católica porque puede y debe ser la líder moral del mundo.
Mi opinión es que primero la Iglesia tiene que cumplir, pero no va a terminar con esta institución. Creo que todo el mundo tiene que declarar una tolerancia cero a algo tan horrible como es la corrupción ejercida sobre un menor.
El acuerdo firmado con la Conferencia Episcopal recoge que ustedes trabajarán pro bono aunque sí pasarán gastos de profesionales externos y coste de los abogados dedicados a esta tarea. ¿Cuánto han estado facturando a la Iglesia en los primeros meses que lleva en marcha esta investigación?
Vamos a trabajar pro bono en el sentido de que no vamos a facturar honorarios, pero sí vamos a pasar los gastos, incluidos los que tengamos de las personas que trabajan tanto fuera como dentro [del despacho]. Podemos estar ya en 120.000 euros aproximadamente.