Al Gobierno se le acaba el plazo para lanzarse a la privatización del servicio de los registros civiles que viene diseñando bajo cuerda desde finales de 2012. El 22 de julio entra en vigor la Ley del Registro Civil publicada en 2011 y que tenía tres años para ponerse en marcha. Los pasos han de darse ya en público. El Ministerio de Justicia de Alberto Ruiz-Gallardón ideó una modificación del texto, en 2012, que cedía a los registradores de la propiedad este servicio. “Una privatización en toda regla”, dijeron los sindicatos.
La dimensión del negocio
El Registro Civil afecta a millones de ciudadanos. Allí hay que consignar obligatoriamente los nacimientos, las defunciones, los matrimonios, por no mencionar las juras de la Constitución cuando los extranjeros adquieren la nacionalidad española. “Es un volumen de negocio muy suculento”, explica a eldiario.es Alberto Cabezas, del sindicato UGT, al analizar los pasos del Ejecutivo hacia la privatización de un servicio “público y gratuito desde el siglo XIX”.
Según los últimos datos definitivos del Instituto Nacional de Estadística de 2012, en ese año hubo 454.648 nacimientos, 402.950 defunciones y 168.556 matrimonios. Si hablamos de nacionalidades, sólo en el segundo semestre de 2013 el Ministerio tuvo que firmar un convenio con el Consejo General del Notariado para sacar adelante las juras de 270.000 personas que habían obtenido la nacionalidad en 2012. Según el balance del consejo, 71.000 personas pudieron completar ese trámite ante notario.
Gabriel es tramitador en el Registro Civil de Madrid y hace unos días paseaba por los archivos acompañado de un trabajador de un Registro de la Propiedad. Éste le preguntaba con asombro: “¿Y todo esto?”, señalando a una sección de libros con millones de datos personales que custodia este servicio. “Mientras dependa de un juez, a estos datos se les aplica la Ley Orgánica del Poder Judicial. A los funcionarios, también” –advierte–. Gabriel se refiere a la privacidad de los datos. “El día que este carácter judicial desaparezca, si pasa a los registradores, a sus trabajadores no se les aplica esa norma”.
La idea de asignar este servicio a los registradores de la propiedad nació a finales de 2012. El revuelo levantado por esta medida –el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tiene una plaza de registrador en Santa Pola (Alicante)– obligó a Gallardón a ponerle sordina al anteproyecto. Pero el tiempo corría en contra, ya que la Ley del Registro Civil obliga a su entrada en vigor en julio de 2014.
El decano de los registradores escribía una carta el 12 de febrero pasado en la que explicaba que, “al final, la decisión del Gobierno ha sido asignar el Registro Civil a los registradores”. El Ministerio de Justicia se apresuró a matizar esa afirmación: “No hay una decisión definitiva”. El texto de la ley de 2011 asegura que “el Registro Civil es público”. Y especifica que sus encargados serán “funcionarios de carrera del Subgrupo A1 que tengan la licenciatura en Derecho o la titulación universitaria que la sustituya y [...] secretarios judiciales”. Ruiz-Gallardón decidió que esta frase saltara y entraran los registradores.
“El Gobierno nos ha dicho que los trámites para un nacimiento o un matrimonio o una nacionalidad seguirán siendo gratuitos, pero ¿y cuándo se pida un certificado?”, se pregunta Cabezas. “¿Para qué se van a hacer cargo los registradores si no van a obtener un beneficio?”, remata.
La cuestión es que los Registros de la Propiedad actúan como empresas. Las tarifas de los registradores (éstos no superan los 800 en toda España) funcionan según unos precios llamados aranceles que, de acuerdo con el Real Decreto que los regula, “se determinarán a un nivel que permita la cobertura de los gastos de funcionamiento y conservación de las oficinas en que se realicen las actividades o servicios [...], incluida su retribución profesional”.
Menos empleos y modernización con dinero público
Los representantes de los trabajadores, además, protestan porque el traspaso de funciones acarreará “no menos de 3.000 despidos”. El decano de los registradores comentaba en su misiva de hace 15 días que serán autónomos para organizar sus oficinas. Los sindicatos entienden que los trabajadores y funcionarios eventuales experimentarán “una especie de ERE”.
Y todo esto tras modernizar el Registro Civil a base de presupuesto público. La aplicación informática INFOREG que sirve para gestionarlos y la digitalización de los libros de datos desde 1950 hasta la actualidad se han llevado 128 millones de euros que el Ministerio de Justicia o el organismo público RED.es han adjudicado a empresas para desarrollar estas labores.
Gabriel, hablando desde su puesto, cree que esta suerte de privatización “no tiene encaje jurídico porque la ley especificaba qué tipo de funcionario debía encargarse de esto”. Pero, Cabezas, más pesimista, se atreve a pensar: “Quizá amplían el plazo para que la ley entre en vigor, y así, en ese tiempo, la cambian”.