El Registro Civil, ese lugar donde quien más o quien menos ha tenido que inscribir nacimientos, matrimonios o defunciones, puede estar camino de la privatización de la mano del Ministerio de Justicia. Ciertos trámites podrían dejar de ser gratuitos con la entrada en vigor, el próximo 22 de julio, de la Ley 20/2011. Pero el Gobierno, a cinco meses vista, no tiene realmente decidido quién se hará cargo de su gestión. Los registradores de la propiedad y los secretarios judiciales son los mejor posicionados en las 'quinielas'. Adiós al juez de Primera Instancia que dirigía este órgano, que quedaría desjudicializado según la nueva norma.
La sensación mayoritaria, al menos en el sector sindical, es que la decisión respecto a quién asumirá la responsabilidad de los registros civiles y ya está tomada desde hace tiempo. “Parece firme la intención del ministro de entregar la gestión a los registradores de la propiedad”, señala el secretario de acción sindical de SPJ-USO Andalucía, Domingo Castillo. “Es decir, a funcionarios cuya retribución económica depende de los certificados que expiden y de las inscripciones que realizan, financiándose mediante aranceles”. A juicio de Castillo, que ejerce en Córdoba, “la consecuencia es evidente” y “muchos trámites dejarán de ser gratuitos”. El Ministerio de Justicia asegura que los actos de inscripción obligatoria, como nacimientos o defunciones, seguirán siendo gratuitos, pero no garantiza lo mismo en relación con los actos voluntarios, apunta el representante sindical.
El caso es que, hace ahora una semana, el decano-presidente del Colegio de Registradores, Gonzalo Aguilera, remitió una comunicación a todos los registradores de España comunicándoles la decisión del Gobierno de asignarles la gestión del Registro Civil con plena capacidaden aspectos relativos a la organización territorial, material y tecnológica. La noticia sorprendió de manera especial a los secretarios judiciales ya que, apenas un mes antes, el Ministerio les planteó la posibilidad de que fueran ellos los que gestionasen el Registro Civil.
La vigente Ley del Registro Civil data nada menos que del año 1957. SPJ-USO recuerda que el año pasado, el Gobierno elaboró un borrador de anteproyecto de ley de reforma integral de los registros en el que se pretendía trasladar la gestión del Registro Civil, y de otros registros menores, a los registradores de la propiedad y mercantiles, argumentando que con ello, hipotéticamente, se ahorraría a las arcas del Estado 450 millones de euros y descongestionaría la Justicia, ya que permitiría el traslado de jueces y funcionarios a los juzgados más atascados. El proyecto ha sido recientemente suspendido debido a la oposición de los operadores jurídicos, indica el sindicato.
“Efectos lucrativos evidentes”
En esta línea, este jueves los sindicatos del sector Justicia de CSIF, CCOO, UGT y STAJ habían convocado movilizaciones para impedir 'in extremis' que el Ministerio de Justicia lleve al Consejo de Ministros la “privatización” del Registro Civil y la reducción de empleo público en la Administración de Justicia, dejando en el aire las condiciones laborales de 3.500 puestos de trabajo.
Los sindicatos planean mantener encuentros con los grupos parlamentarios. CSIF, mayoritario en el sector, también propone impulsar una campaña de recogida de firmas contra el plan del Ministerio y promover contactos con asociaciones de jueces, fiscales, secretarios judiciales y alcaldes a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). CCOO, en una reciente carta remitida al ministro de Justicia, ha exigido el mantenimiento del Registro Civil servidos “de forma exclusiva por personal de la Administración de Justicia y que los encargados de los mismos sean secretarios judiciales o personal del cuerpo de gestión procesal y administrativa”.
El representante de acción sindical de SPJ-USO en Andalucía se pregunta “quién asumirá el coste de las inscripciones o certificaciones en trámites como matrimonios, nacimientos o defunciones que hasta ahora se financiaban a través de los impuestos ya que, si así fuera, resultaría evidente que se pretendiera compensar con el abono de otras gestiones menos frecuentes, aunque igualmente necesarias para los ciudadanos”. Cuesta entender, a su juicio, que el Estado haya invertido 128 millones de euros en la modernización del Registro Civil, y delegue su gestión, “con efectos lucrativos evidentes”, a un colectivo especial de funcionarios en lo que supone “una nueva barrera en el acceso a la Justicia tras la aprobación de la Ley de Tasas”.
¿Registros civiles abiertos por las tardes?
Andalucía cuenta, o contaba, con una particularidad respecto a los registros civiles. Durante más de cinco años, abrieron también en horario de tarde. Una medida inusual en la atención administrativa, más aún en la asociada a la judicial, que se implantó de manera pionera en Sevilla en noviembre de 2007 por la entonces consejera María José López con la intención de ampliar y mejorar la atención a los ciudadanos.
La Junta, justo ahora hace un año y al amparo de la austeridad, la dejó sin efecto. Consideró el equipo de Emilio de Llera, responsable de Justicia e Interior, que no existía un problema generalizado en los registros civiles y que el servicio y la atención estaban ya garantizados con el horario de toda la vida. El consejero llegó a asegurar en su momento que a los registros civiles no iba “nadie” por las tardes y que la Junta había apostado por “priorizar” y “dosificar” sus recursos “en un momento de plena crisis”.
“Si es algo que vale dinero, mucho o poco eso es lo de menos, pero resulta que no está usado por los ciudadanos, para qué lo vamos a mantener abierto”, consideró el consejero. El BOJA del 27 de febrero de 2013 publicó el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta mediante el cual se suprimía el horario de tarde de los registros civiles.
Argumentaba la Junta que ls problemas “puntuales” de saturación del servicio (algo que siempre han denunciado los sindicatos) se concentraban en “algunos” registros y en la mayoría de las ocasiones como consecuencia de la tramitación de expedientes de nacionalidad para la población inmigrante, “que están produciendo una excepcional afluencia masiva en estas oficinas de personas para la realización de este trámite en determinadas ciudades que cuentan con alto volumen de población extranjera”, decían justificando el cierre de los registros en horario vespertino.
Añadía la Junta que dicha tramitación sufre un 'cuello de botella' en su gestión al requerir una entrevista personal que tienen que realizar los magistrados encargados del Registro Civil, considerando innecesario incrementar el número de horas en horario de tarde extraordinario y remunerado de forma especial. Con todo, la Administración autonómica asegura que pretende mejorar la atención a los usuarios en los registros a través de la implantación de sistemas de cita previa y concertada, ya experimentados en Málaga, para realizar en un futuro sus trámites de manera más cómoda y planificada y evitarles esperas innecesarias en estas oficinas.
El CSIF, mayoritario en la Administración de Justicia, fue uno de los sindicatos que lamentó la postura de la Junta por haberse decidido “en contra de la unidad sindical reinante en la Mesa Sectorial de Justicia”. Según el sindicato, “la Consejería de Justicia nunca arguyó para su decisión motivos diferentes al ahorro económico, a pesar de que éste suponga el recorte del 20% de sus retribuciones a más de 800 trabajadores”. CCOO también insiste en que los registros en Andalucía vuelvan a estar disponibles por las tardes.