Los puntos negros que el Gobierno ha ocultado en su balance oficial de violencia machista
Aspectos positivos y medidas aprobadas por el Gobierno del PP. En esto se ha basado la evaluación de los diez años de la Ley Integral contra la Violencia de Género que este miércoles ha hecho el ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, en el Congreso de los Diputados. Una década marcada por el asesinato de 700 mujeres a manos de sus parejas o exparejas, según datos oficiales, en la que “se han dado pasos importantes, pero insuficientes”, según el ministro. Su intervención, alejada de la autocrítica, se ha basado en lo que ha llamado “avances” de la legislatura actual, evitando nombrar datos negativos y obviando los fallos que aún perviven en el sistema.
La comparecencia de Alonso ha sido tildada por el resto de grupos parlamentarios como “electoralista”. Y es que Partido Popular rechazó a finales de agosto la petición de comparecencia que hicieron varias formaciones para, un día después, anunciar que lo haría, de modo que figura como petición propia del ministro. Falta de formación de los jueces, recortes, llamadas de atención de la ONU...Estas son algunas de las cuestiones sobre la situación actual de la lucha contra la violencia de género en nuestro país que Alonso ha olvidado nombrar:
1. Elogia la formación de los jueces, que dura un mes y es online
La formación de los jueces y juezas es otro de los aspectos que el ministro ha presentado como un triunfo. Es cierto que antes de la aprobación de la ley no se contemplaba, pero no fue hasta 2008 cuando se introdujo la formación obligatoria de jueces y juezas especializados en violencia de género. Sin embargo, se trata de un curso de un mes de duración y que solo puede hacerse vía online. Además, algunos jueces critican que “peca de centrarse demasiado en lo jurídico y muy poco en lo psicológico y lo sociológico”.
Este es uno de los puntos débiles del sistema judicial español, según el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW en inglés), que condenó a España por el caso de Ángela González, cuyo marido asesinó a la hija de ambos en un régimen de visitas. El dictamen recomienda al Gobierno garantizar una formación del poder judicial que aborde los estereotipos de género.
2. Para el ministro los recortes presupuestarios no existen
Los recortes presupuestarios tampoco han sido nombrados por el ministro. A pesar de que el gasto para el programa específico en prevención de la violencia de género para 2016 experimentará un alza del 6% en 2016 y asciende a 25,2 millones de euros, se queda lejos de los 34,3 con los que contaba en 2010. En seis años el dinero se ha recortado un 26%. Algo que ha sido denunciado por la Plataforma Impacto de Género Ya!, que evalúa los Presupuestos Generales del Estado con perspectiva de género y que califica el presupuesto actual de “insuficiente”. A pesar de que la violencia de género encuentra su caldo de cultivo en la desigualdad entre hombres y mujeres, los recursos destinados al programa de igualdad de oportunidades han disminuido un 46% desde 2010 y el Ejecutivo los ha recortado un 5% para el próximo ejercicio.
3. Dice que la igualdad es “principio rector” en las clases, pero no da formación a profesores
“Se configura la igualdad como un principio rector del sistema educativo”, ha dicho Alonso en su comparecencia. Sin embargo, su declaración choca de frente con la experiencia del profesorado de colegios e institutos, que demandan más compromiso de las instituciones. Kika Fumero, profesora de secundaria de un instituto en Tenerife sostiene que “la formación es prácticamente inexistente” y los cursos sobre violencia de género e igualdad que ofrecen algunas consejerías de Educación “son optativos y solo puede hacerlos una persona de cada centro”.
Por lo tanto, confirma, “queda a la buena voluntad del profesor que esté concienciado y que quiera dar talleres o charlas al respecto”. Los libros de texto, denuncia, “siguen reproduciendo el mismo esquema de familia tradicional heterosexual y perpetuando los roles de género”. Fumero sostiene que los contenidos de igualdad se incorporaron al sistema educativo en la asignatura de Educación para la Ciudadanía, retirada por el Gobierno de Mariano Rajoy y que la ONU ha recomendado recuperar.
4. Obvia que les han quitado competencias a los ayuntamientos
Tampoco ha contado Alfonso Alonso cómo la reforma de la Ley de Régimen Local “ha provocado el cierre de puntos de atención municipales”, según denuncia Begoña San José, integrante del Forum de Política Feminista. Y es que estos centros, que prestan servicios sociales de atención (psicológica, judicial y social), apoyo y acogida de la víctima, corren el riesgo de quedarse sin recursos porque son financiados en parte por los ayuntamientos. Sin embargo, la nueva ley establece que las entidades locales solo podrán ejercer actividades en materia de violencia de género si se financian al 100% por las comunidades autónomas o el Estado. “Es algo muy grave”, comenta San José, “porque hay mujeres que necesitan ese apoyo psicológico y jurídico para decidirse a denunciar y es importante que esté cerca, algo que hacen los ayuntamientos”.
5. Celebra la ratificación del Convenio de Estambul, pero no lo aplica
Como un logro de la legislatura. Así ha presentado Alonso la ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia sobre la mujer, conocido como Convenio de Estambul. Sin embargo, “ni el Gobierno ni la Delegación para la Violencia de Género han dicho qué cambian de la legislación, por lo que no lo han aplicado”, analiza San José. De hecho, uno de sus artículos obliga a incluir en los programas educativos la igualdad entre mujeres y hombres y dar formación inicial y permanente al profesorado.
Además, el Gobierno lo ha incumplido al designar sin publicidad ni concurrencia a Gema Gallego, la jueza conocida por instruir el sumario conocido como 'caso del ácido bórico' (una vertiente de la teoría que vincula a ETA con el 11M), como representante española del grupo de expertos que evalúa el cumplimiento del convenio. Cerca de 50 asociaciones feministas denunciaron que se trataba de una “designación directa” y “bajo secretismo”, justo lo contrario de lo que especifica el texto legal.
6. No dice que las órdenes de protección bajan
“66.000 mujeres se han beneficiado de asistencia jurídica gratuita, 22.000 de ayudas para el cambio de domicilio, 2.190 del pago de alimentos, se ha interpuesto un millón de denuncias...”. Una ristra de datos que el ministro ha mencionado para ilustrar los diez años de aplicación de la ley, pero de los que no ha analizado la variación temporal. Además, Alonso no ha nombrado dos aspectos fundamentales: las órdenes de protección concedidas y el rechazo de la víctima a continuar con el proceso judicial tras presentar una denuncia.
En 2009 un 60% de las denuncias terminaban en orden de protección, cifra que desciende en 2014 al 46%, según datos del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del Poder Judicial. De 2010 a 2013, el porcentaje de órdenes de protección acordadas respecto a las solicitadas no ha dejado de descender: de 68,5% a 60,47%. Por otro lado, cada vez son más las mujeres que, una vez presentada la denuncia, deciden retirarla. En el cuarto trimestre de 2010 un 11,6% de las mujeres que habían presentado una denuncia no continuaron con el proceso, mientras que en el mismo periodo de 2014 fue un 13,21%.
