El Congreso ha dado el primer paso para deshacer la reforma del aborto del PP. La Comisión de Igualdad ha aprobado este martes instar al Gobierno a dar marcha atrás y permitir a las menores de 16 y 17 años interrumpir voluntariamente su embarazo sin consentimiento. La Comisión ha aprobado una proposición no de ley presentada por Unidos Podemos con los votos a favor del PSOE, la abstención de Ciudadanos y el voto en contra del PP.
Los conservadores reformaron en 2015 la ley del aborto aprobada por el Gobierno socialista en 2010 para reducir la autonomía de las jóvenes a la hora de abortar, que dejaron de tener la posibilidad de hacerlo sin consentimiento. La proposición, planteada como una especie de tanteo con la intención de darle continuidad a través de propuestas vinculantes, toma el pulso a la cámara para saber por dónde respira dos años después de la reforma que impuso el PP.
“Vaya por delante que, como ya esperarán, no vamos a aprobar esta propuesta”, ha empezado su intervención la diputada popular María Dolores Alba. “Ahí no nos van a encontrar”. Por su parte, el PSOE ha apoyado la iniciativa porque “todos los avances en materia de salud sexual y reproductiva son bienvenidos por el grupo socialista”, ha apuntado la diputada Ángeles Álvarez al recordar la ley de 2010 que estableció “un sistema que permite a las mujeres decidir en condiciones seguras, médicamente adecuadas y sin consecuencias penales”.
La socialista también ha hecho referencia a que el voto a favor de su formación tiene que ver con que “la propuesta viene a desarrollar la ley y la estrategia de salud sexual y reproductiva y pone en evidencia el abandono al que el PP ha condenado” a estas normas. Y es que la PNL de Unidos Podemos no solo habla de recuperar el derecho de las menores, sino de poner en marcha esta estrategia que lleva caducada desde 2015 a través de formación a los profesionales o la puesta en marcha de protocolos de actuación.
Ángela Rodríguez, la diputada de En Marea que ha defendido la iniciativa, ha hecho hincapié en que a su formación le hubiera gustado incluir este tema en el pacto de Estado contra la violencia machista. Sin embargo, lo único que finalmente se trató fue un voto particular del PSOE que pedía la modificación de la ley para que las menores de 18 años, víctimas de violencia intrafamiliar, en situación de desarraigo o “en otras circunstancias que las hagan especialmente vulnerables” no se vean obligadas a contar con el consentimiento. El voto fue vetado por el PP, por lo que al no ser aprobado por consenso no forma parte del documento del pacto.
“Fue un voto insuficiente”, ha añadido Rodríguez antes de hacer un llamamiento a intentar llegar a consensos entre las diputadas de la Comisión de Igualdad: “Me parece importante que tengamos este debate aquí y que seamos las mujeres de esta cámara las que pensemos cómo podemos mejorar la ley, que debe ser lo suficientemente garantista como para que todas las mujeres de nuestro país puedan ejercer los derechos sexuales y reproductivos con garantías plenas”.
La reforma del PP
La amenaza del PP era mayor frente a lo que finalmente ha sido: el objetivo del entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, era tumbar por completo la norma socialista y alumbrar la ley del aborto más restrictiva de la democracia. Quería sustituir los plazos –la interrupción es legal en un tiempo marcado independientemente de las razones– por los supuestos –solo lo es si la mujer se circunscribe a unos motivos concretos–.
Sin embargo, el Gobierno abandonó la idea entre las protestas multitudinarias del movimiento feminista, y mantuvo solamente lo que tenía que ver con las menores de 16 y 17 años. Ruiz Gallardón dimitió al ver truncado su plan inicial y el PSOE y Unidos Podemos siempre se han mostrado partidarios de recuperar el consentimiento de las menores.
La versión anterior al Gobierno de Mariano Rajoy establecía que el consentimiento les correspondía a ellas, aunque al menos uno de sus progenitores debía estar informado de la decisión. Sin embargo, la regla contemplaba una excepción: cuando la menor se expusiera a una situación de violencia por hacerlo, no debía informar a sus progenitores. Cinco años después el rodillo del PP acabó con ello, exponiendo a las jóvenes, según las organizaciones feministas, al aborto clandestino.
Los conservadores no contemplaron en su reforma situaciones de violencia en el ámbito familiar, simplemente eliminaron este artículo de la ley socialista y, aunque dieron marcha atrás en la idea inicial de reforma, mantuvieron un recurso en el Tribunal Constitucional que presentaron en 2010. Desde entonces, ha aplazado el debate, nunca se ha llegado a dictar sentencia y el recurso sigue parado.
Fuentes del Constitucional consultadas por eldiario.es aseguran que no hay vocación de iniciar el debate sobre un recurso que algunos magistrados prefieren dejar en el cajón. “Hay una opinión mayoritaria de dejar el asunto dormido y no afrontar la posibilidad de sentencia”, explican. Frente a esta opinión, otros magistrados se decantan por archivar el recurso con el argumento de que el recurrente (el Partido Popular) ha gobernado con mayoría absoluta y posibilidad de reformar los artículos que consideraba inconstitucionales: “No lo han hecho y de ello se puede deducir que el recurso ha perdido su sentido inicial”, aseguran.
Progenitores informados sí o no
Que sea obligatorio informar a los progenitores o no es uno de los puntos de debate entre los partidos que se muestran dispuestos a abordar el debate de la interrupción voluntaria del embarazo. De hecho, la propuesta de Unidos Podemos apuesta por devolver el derecho a las menores, pero “dejando también en sus manos la decisión de comunicarlo o no a sus progenitores”.
Según la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI), casi el 90% de las chicas que se sometieron a un aborto en 2014 lo hicieron acompañadas de sus familias; el resto, alegaron diferentes motivos para no hacerlo, como abandono, progenitores en prisión, mujeres migrantes que viven emancipadas en nuestro país o víctimas de malos tratos en el ámbito familiar.
Un dato que, para el PSOE, que siempre se ha mostrado partidario a regresar a su ley, hace necesario insistir en las menores que viven situaciones conflictivas con sus progenitores y no pueden informarles. “La obligación de la información se negoció intensamente en la redacción de la ley de 2010 y al final se decidió que debían ser informados porque era un punto que podía haber tumbado sin dudarlo el TC; era la forma de garantizar el derecho”, explica Álvarez.
“Debemos negociar con todas las fuerzas políticas, no solo la izquierda. Sin embargo, podemos arriesgarnos a poner en riesgo los derechos de la mayoría por introducir un elemento de máximos”, prosigue.
Más allá de las menores
La PNL no solo se refiere a las jóvenes de 17 y 18 años, también incorpora otras demandas como la implantación de un programa de formación para las y los profesionales sanitarios, introducir mecanismos de apoyo para las mujeres que deciden interrumpir voluntariamente su embarazo y que, en 2015, fueron 94.000, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. La cifra no ha parado de descender desde 2010, con un pequeño repunte en 2011.
La mayor parte de abortos se realizan en clínicas privadas que tienen conciertos con la Administración pública (83.153 en 2015 frente a los 11.035 en centros públicos) –aún así las mujeres que acuden no tienen que abonar nada porque está incluido en el Sistema Nacional de Salud–.
Por eso Unidos Podemos reclama que se investigue el por qué de estas cifras, se suprima los tres días de reflexión que contempla la ley, se escuche a la mujer en los comités clínicos que deciden si autorizan el aborto o no cuando excede del marco temporal autorizado o que pongan mecanismos contra el acoso de grupos contrarios al aborto que a día de hoy siguen instalándose a las puertas de las clínicas de muchas ciudades españolas.
“Queremos volver a recuperar el espíritu integral que mantiene el movimiento feminista respecto a los derechos sexuales y reproductivos, que está bastante recogido en la ley de 2010, pero faltan cosas por desarrollar”, explica Ángela Rodríguez. De hecho, la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva, que desarrolla la ley, fue paralizada tras la entrada del PP a la Moncloa, nunca se ha evaluado y ni siquiera se ha renovado tras caducar en 2015.