El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad no ha renovado la norma que desarrolla la Ley del Aborto pese a que ya ha caducado. Se trata de la Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, aprobada por el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en octubre de 2010. El documento establece las líneas básicas que deben regir la actuación de las instituciones públicas respecto a los derechos sexuales y reproductivos y, entre otras cosas, garantiza el acceso equitativo a los anticonceptivos, al aborto o la educación sexual.
Que no haya sido renovada no significa que se haya dejado de aplicar, aunque varios colectivos denuncian que su puesta en marcha es “casi nula”, “presenta deficiencias en su implantación” o es muy desigual entre comunidades autónomas. De hecho, varios informes publicados en los últimos meses ponen en evidencia la inequidad en el acceso al aborto, los anticonceptivos o los servicios públicos sobre salud sexual entre comunidades autónomas.
Organizaciones como la Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE) denuncian “el abandono” de la Estrategia por parte del Gobierno, que también debería haber evaluado la norma cada dos años. “Si no se hace un seguimiento de qué se ha aplicado y de qué manera servirá para poco y quedará casi en papel mojado”, asegura Justa Montero, integrante de la Federación Estatal de Organizaciones Feministas.
Fuentes del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, aseguran que este tipo de planes no son vinculantes, “sirven para que las comunidades autónomas trabajen al unísono” e insisten en que el hecho de que no se renueven “no quiere decir que se frenen”. Por su parte, Montero hace hincapié en que actualizar la norma “sería una forma de introducir mejoras, como todo lo que tiene que ver con diferentes colectivos como los migrantes o los LGTBI, e introducir mecanismos para garantizar los derechos contemplados”.
No hay constancia de la evaluación
El Ministerio explica que la Estrategia “no trata de desarrollar la ley” de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, pero su artículo 11 contempla la creación de la misma “para el cumplimiento de los artículos previstos en esta ley”. El mismo precepto indica que “tendrá una duración de cinco años” y establecerá mecanismos “de evaluación bienal que permitan la valoración de resultados y en particular del acceso universal a la salud sexual y reproductiva”.
Además, y según la misma ley, el Gobierno debería elaborar un informe anual de situación “para la formulación de propuestas de mejora en equidad y accesibilidad de las prestaciones y con el fin de verificar la aplicación de los derechos y prestaciones”. Un informe que, de existir, no se ha hecho público y sobre el que el Ministerio no ofrece datos sobre si realmente ha sido elaborado cada año.
Tampoco confirma ni desmiente si la Estrategia ha sido evaluada y qué conclusiones han derivado de esos estudios, pero la FPFE asegura que “nadie tiene ninguna constancia de que se ha hecho. Si de verdad ha sido así, debería decir el Ministerio cómo, cuándo y en qué aspectos”. De hecho, el presidente de la Federación, Guillermo González, participó en la elaboración de la parte sobre salud sexual del documento, que debe evaluarse en el seno del Consejo Interterritorial con un grupo de expertos y “a ninguno de los que estuvimos allí se nos ha convocado”, explica.
González incide en que esta norma, de la que –a diferencia del Ministerio– asegura que “cuelga de una forma tajante y clara de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo”, “debería haberse renovado ya para introducir mejoras y asegurar que lo que no se ha cumplido se garantice”. El presidente califica de “abandono” lo que el Gobierno ha hecho con la Estrategia, que ha derivado en que las regulaciones, aquellas que se han puesto en marcha, sean diferentes en cada comunidad.
La desigualdad en el acceso a la anticoncepción
Según el reciente informe Deficiencias e Inequidad en los servicios de salud sexual y reproductiva en España, elaborado por más de diez organizaciones,“existen importantes limitaciones de acceso a los métodos anticonceptivos y serias carencias en los servicios que asesoran” sobre salud sexual y reproductiva. Algo que también fue denunciado por la ONU en 2015, que en un informe instó a España a “eliminar los obstáculos que impiden acceder a servicios que les permitan abortar de manera segura y legal en todas las partes del país”.
Recientemente se han dado dos casos de mujeres que han denunciado a la sanidad pública por supuestas negligencias durante sus abortos. Paula, la primera, ha logrado una sentencia que condena a la sanidad gallega por arriesgar su vida al derivarla a Madrid a abortar. Ana ha denunciado al Servicio Murciano de Salud por una situación similar, aunque todavía no se ha celebrado el juicio.
También los colectivos identifican una falta de protocolos que homogeneicen la forma de ofrecer información a la mujer y denuncian que los servicios de atención a la salud sexual y reproductiva presentan enormes diferencias de cobertura entre comunidades. Con los anticonceptivos también existen una serie de barreras porque algunos métodos no están financiados por la sanidad pública.
Aunque algunas comunidades sí han decidido asumirlo, ninguna financia el parche o el anillo vaginal, once lo hacen con el DIU de cobre y los preservativos, tanto masculinos como femeninos, solo se reparten gratuitamente en cuatro comunidades y en algunas otras de forma ocasional en campañas específicas.
Solo nueve comunidades han desarrollado protocolos específicos sobre anticoncepción y solo dos, Cataluña y Galicia, refieren contar con partidas presupuestarias para desarrollarla, según el informe El acceso de las mujeres a la anticoncepción en las comunidades autónomas, elaborado por la FPFE.
Para los colectivos es especialmente grave que no se financie de manera uniforme la píldora de emergencia, también llamada píldora del día después, cuyo precio ronda los 20 euros. Algunas comunidades como Andalucía, Aragón, Valencia o Navarra sí lo asumen con recursos propios, mientras el Gobierno central se ha justificado asegurando que su acceso “está garantizado” en condiciones de “equidad” porque desde 2009 no es necesaria una receta médica para ello.