La nueva normalidad correrá a cargo de las comunidades autónomas. Serán sus gobiernos los que indiquen cuándo esos territorios superan la fase 3 de la desescalada. De todas formas, el estado de alarma terminará, en principio, el 21 de junio. Después, las bases comunes sobre esa nueva normalidad serán las recogidas en el decreto de “medidas urgentes de prevención, contención y coordinación”, cuyo proyecto ha aprobado el Consejo de Ministros este martes. Este periodo durará hasta que el Gobierno decrete la conclusión de la emergencia sanitaria. Eso solo llegará, ha insistido el Ejecutivo, cuando exista una vacuna o un tratamiento efectivo contra la COVID-19. El Ministerio de Sanidad se reserva la posibilidad de retomar las riendas si la situación de la pandemia se dispara en algún lugar.
Moverse y viajar, pero con mascarilla
La mascarilla ha llegado para quedarse bastante tiempo. En la nueva normalidad habrá libertad de movimientos. Podrá viajarse por el territorio. Pero la mascarilla será obligatoria al entrar en el metro, un autobús, un avión o el tren. De igual manera, el decreto estipula que tiene que llevarse en lugares públicos o privados abiertos al público cerrados y abiertos si no se puede mantener la distancia física entre personas. En los coches privados, los ocupantes deben usarla siempre que no sean convivientes. Incumplir esta obligación puede llevar a una multa de hasta 100 euros.
Además, ante un uso más generalizado y habitual de los medios de transporte colectivo, los operadores deberán garantizar las condiciones del servicio para evitar aglomeraciones, dice el proyecto. En los aeropuertos, Aena tiene que prever los dispositivos de control sanitario y operativo para los viajeros.
Prevención: distancia, lavado de manos y etiqueta
La regulación para este periodo, de duración indeterminada, implica que sea “más necesario que nunca” seguir las conductas que dificultan la transmisión del coronavirus: el lavado de manos, la etiqueta respiratoria (toser o estornudar en el hueco del codo o en un pañuelo desechable) y la máxima higiene de los espacios públicos y privados, como ha detallado el ministro de Sanidad, Salvador Illa. En este sentido, y aunque no sea un precepto incluido en el real decreto, Illa ha indicado que “la responsabilidad individual” será clave en este nuevo tiempo.
Puestos de trabajo separados y turnos de entrada y salida
A pesar de que el teletrabajo siga siendo recomendado, el decreto ordena a las empresas que dispongan sus puestos de trabajo para que pueda mantenerse la distancia de seguridad de 1,5-2 metros. Si esto no es posible, tiene que contarse con material de protección adaptado al riesgo. Los espacios deberán ser limpiados y ventilados además de disponer de agua y jabón o geles hidroalcohólicos a disposición de los trabajadores.
En esa misma línea, los responsables han de organizar los momentos de entrada y salida a la empresa para impedir que en los accesos se originen concentraciones de trabajadores que puedan favorecer un contagio. Ningún trabajador en cuarentena por tener síntomas debe acudir al trabajo.
Las residencias, coordinadas con los servicios sanitarios
Los centros de mayores deberán estar coordinados con los servicios sanitarios de las comunidades autónoma ante la posibilidad de que haga falta atender nuevos casos en personas de edad avanzada. Además, las residencias tienen la obligación de crear planes de contingencia por si rebrota la enfermedad en sus instalaciones. Para el día a día, las direcciones tienen que organizarse de manera que las visitas o los paseos con familiares sean en condiciones de seguridad. Las instalaciones tienen que acondicionarse y desinfectarse para impedir la proliferación del virus.
Ocio y compras con clientes alejados
La tónica de la distancia entre personas marca casi todas las actividades en la nueva normalidad. Los comercios tienen que velar por que pueda mantenerse esos 1,5 o 2 metros en sus locales. Los centros comerciales y los mercadillos son apuntados como lugares de posible contagio. En la fase 3 de desescalada se permite el uso del interior de los establecimientos de restauración (bares y restaurantes) incluidas las barras, pero con esa misma premisa: clientes alejados. Los aforos quedan de esta manera condicionados.
Vigilancia para impedir nuevas expansiones
Todo este plan de vuelta a las actividades estando el virus SARS-CoV-2 todavía activo depende de la vigilancia y control de nuevos casos. Vigilancia para detectar los contagios cuanto antes y control de las cadenas de transmisión que pudieran provocar.
La COVID-19 es considerada enfermedad de declaración obligatoria urgente cuando un sanitario se tope con un caso. Las comunidades tendrán la obligación de informar de cualquier situación de emergencia de salud pública. Los servicios sanitarios tienen que garantizar una prueba PCR a cada caso sospechoso “tan pronto como sea posible”. La estrategia de detección precoz en funcionamiento desde el 11 de mayo indica un máximo de 48 desde que un sanitario evalúa los síntomas. El decreto introduce una mención a las plantillas al exigir “un número suficiente de profesionales involucrados en la prevención y control de la enfermedad, su diagnóstico temprano, la atención a los casos y la vigilancia epidemiológica, así como crear planes de contingencia para asegurar una respuesta rápida y coordinada”.