Nueve meses después de anunciarlo, el Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes la entrada en vigor del protocolo para evitar nuevos casos de acoso sexual en las Fuerzas Armadas. Después de que la comandante Zaida Cantera contase las vejaciones sufridas en el Ejército, a partir de ahora el departamento de Pedro Morenés se compromete a desarrollar algunas medidas como la inclusión de formación preventiva en todas las etapas de la enseñanza militar o la creación de unidades específicas de apoyo a las militares acosadas.
Alfonso Alonso, ministro de Sanidad y Asuntos Sociales, fue el encargado de presentar ante los medios esta medida en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y explicó que el objetivo del documento pasa por alcanzar la “tolerancia cero en el acoso en las Fuerzas Armadas”.
Sin embargo, el Gobierno se plantea alcanzar esa meta sin realizar una inyección económica para prevenir estas actuaciones. Defensa aclara en el protocolo que “las medidas se llevarán a cabo con los medios personales y materiales de los que actualmente dispone el Ministerio de Defensa, sin aumento ni de dotaciones, ni de retribuciones, ni de otros gastos de personal”.
“Prioritariamente”, pero a tiempo parcial
Alonso destacó la creación de unas unidades de protección frente al acoso, señaló la importancia de estos centros ya que “garantizarán una mejor investigación” ante estos casos. Sin embargo, en el documento elaborado por el Ministerio de Morenés aclaran que el personal destinado a esas unidades será “prioritariamente a tiempo parcial en plena compatibilidad con el desempeño de su destino principal”. Asimismo añaden que la formación centrada en erradicar el acoso será incluida en los planes de estudios “sin que suponga una carga lectiva añadida”.
Expertas en prevención de violencia de género y agresiones machistas señalan que sin inversión no se puede alcanzar una “tolerancia cero”, como pretende el Gobierno. “Estas medidas forman parte de la cultura del simulacro, dicen que van a hacer cosas pero realmente no van a hacer nada porque no destinan un euro. La formación y la difusión cuestan dinero. Ser especialista en delitos de acoso requiere de unas habilidades y unos conocimientos”, explica Laura Nuño, directora de la Cátedra de Género de la Universidad Rey Juan Carlos.
Las asociaciones militares reconocen que la aprobación del protocolo supone un avance ya que, según establece, las militares vejadas por su superior no tendrán que acudir a su acosador para iniciar una denuncia interna. Asimismo, a partir de ahora el oficial denunciado no formará parte de del tribunal de calificación que influirá en el futuro profesional de la víctima. “Mejor tener el protocolo que no tenerlo y hay medidas que son positivas. Pero también tememos que esto se quede en una mera declaración de intenciones”, apunta Mariano Casado, portavoz de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME).
Las organizaciones militares consultadas por eldiario.es temen que al no contar con una inversión económica “se muevan las fichas pero no se solucione el problema”. “Los equipos que atiendan a las denunciantes deben ser multidisciplinares, se necesitan trabajadores sociales y Defensa no tiene trabajadores sociales. También son necesarios psicólogos y AUME no tiene constancia de que existan psicólogos en las Fuerzas Armadas con perspectiva de género”, añade Casado.
Denuncia ante la cadena de mando
A partir de ahora, las militares que decidan denunciar a su agresor lo podrán realizar a través de las unidades que anunció Alfonso Alonso, formadas por personal militar, que transmitirán la denuncia a la “cúpula del Ejército”, al jefe de Estado Mayor de la Defensa, la Subsecretaría de Defensa o jefes de Estado Mayor de los Ejércitos. Esta nueva medida no ha sido bien acogida por la asociación de militares de Tropa y Marinería (AMTM) que representa al destacamento donde hay mayor presencia femenina -el 16,9% son mujeres, cuando la media en el Ejército es de 12,4%- argumentan que si la queja se tiene que presentar ante un superior cercano a la cadena de mando, se pierde la confianza y confidencialidad.
Desde esta asociación desconfían del compromiso de Defensa a garantizar el “derecho a la intimidad y confidencialidad”: “Si una mujer tiene que denunciar a su superior ante otro oficial que toma café todos los días con la persona que le ha acosado, ¿cómo esperan que ella confíe en el amigo del infractor? Temen las represalias”.
Noelia Landete, psicóloga experta en prevención de violencia de género aboga por que los organismos que atiendan a las víctimas estén formados por civiles y no por militares: “La estructura del Ejército está dañada. Debido a la jerarquía militar se propicia mucho más el acoso sexual que en otros ámbitos. Además, a esas unidades habría que dotarles de presupuesto porque sin apoyo económico hay muchas medidas que no se pueden desarrollar”.
La presión social tras el caso de Zaida Cantera llevó este asunto al Congreso de los Diputados. Uno de los puntos que ella denunció fue el ascenso de su acosador, Isidro José Lezcano-Mújica, cuatro meses después de que se dictara el auto de procesamiento contra él. En el protocolo se recoge que los órganos de evaluación serán informados de las sanciones administrativas pero estos castigos no suponen la paralización del acenso en la jerarquía militar de los acosadores. Por su parte, si la sanción es penal se regirá por lo dispuesto en el Código Penal Militar.