Los temas sociales son los que más preocupan a los ciudadanos y a las organizaciones que se ponen en contacto con la Defensora del Pueblo. Estas cuestiones representan el 65% de las 23.186 quejas tramitadas por esta institución a lo largo del 2014. Después, los impuestos y los retrasos de la justicia son los asuntos por los que más les preguntan.
La discapacidad es uno asunto nuclear en el informe anual que ha presentado este jueves la defensora Soledad Becerril. En él desglosa los problemas que se encuentran los afectados cuando les evalúan qué tipo de dependencia tienen. “Los mayores defectos observados son demoras en la tramitación de las revisiones”, explica en el informe. Además ha detectado que en ocasiones los nuevos exámenes se realizan a la baja: les reducen el porcentaje de discapacidad “sin justificar la mejoría del necesitado”.
En este documento denuncia la actuación de la Consejería de Política Social de Canarias que tardó dos años en aportar una valoración. Este retraso privó “al interesado de su derecho al reconocimiento de la pensión no contributiva, por haber cumplido 65 años”.
Para evitar que estas situaciones se vuelvan a repetir, aconseja que se “incrementen los recursos personales y materiales”, y se establezcan unos baremos comunes para todos los centros de valoración del país.
Los padres y madres de menores con discapacidad se encuentran con problemas al intentar que sus hijos reciban una educación inclusiva. En el informe, la Defensora recrimina que la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid haya vulnerado la Convención de la ONU que protege a esta población. El Gobierno regional denegó personal de apoyo a una alumna, afectada por una grave discapacidad motora, para que participase en una actividad extraescolar para la que había sido seleccionada por sus buenos resultados académicos.
Otra de las recomendaciones que el equipo de Becerril dirige a la Administración, en este caso a la Secretaría de Estado de Justicia, consiste en adecuar las entrevistas que se realizan a personas con alguna diversidad funcional psíquica para adquirir la nacionalidad española por residencia. Considera que estos encuentros no están adaptados, por eso sugiere “adecuar el contenido a las necesidades específicas” de estas personas. A su vez, apuesta por “medidas de acción positiva” para “prevenir y compensar las desventajas o especiales dificultades” que sufren estos individuos.
Un comedor no es discriminación, no comer sí
Becerril se ha mostrado contundente al defender que en verano los menores deben seguir recibiendo una comida “fuerte” al día. Para ello, ha emitido una recomendación en la que pide a todas las Comunidades que adopten “las iniciativas necesarias para proporcionar o reforzar la alimentación de los niños en situación de mayor vulnerabilidad durante el periodo estival”.
Para ilustrar a los gobiernos regionales aporta varias propuestas. En un principio, apuesta por que los comedores escolares sigan abiertos, así los menores se mantienen en su “entorno social habitual”. Además, ha sido crítica con aquellos que han defendido que esta medida podía estigmatizar a los niños: “Me niego a aceptarlo, creo que es una discriminación que un niño no tenga comida”. Parecía estar contestando al presidente de Madrid, Ignacio González, que se negó a que los comedores funcionaran en periodo vacacional y espetó que el problema de nutrición en la comunidad era “la obesidad infantil”.
Otra de las sugerencias que ha planteado pasa por los campamentos de verano, o las ayudas económicas para familias con menores “de modo que las necesidades de estos niños puedan atenderse en el propio domicilio”.
Hepatitis C
“Los enfermos oncológicos y los afectados por hepatitis C deben recibir la medicación necesaria”, ha añadido la Defensora en la rueda de prensa. En el informe hay un apartado detallado en el que explica que los pacientes de hepatitis C que están privados de libertad, en la cárcel, tienen problemas para recibir un tratamiento con el que combatir su enfermedad.
Becerril señala que hay un cierto número de internos que tienen los fármacos prescritos pero que no los están recibiendo porque “la Administración penitenciaria considera que el importe económico ha de ser satisfecho por las comunidades autónomas”. Para aclarar esta situación, Instituciones Penitenciarias ha llevado el asunto a los tribunales, y mientras tanto los enfermos no son tratados. Por ello, Becerril ha pedido que los gestores de las prisiones paguen los fármacos.