El que fuera buque insignia del Ministerio de Sanidad antes de que la pandemia se lo llevara por delante ha vuelto a flote esta semana. Lo ha hecho de la mano del ministro de Consumo, Alberto Garzón, que anunció ante el Senado que el Gobierno está trabajando ya sobre uno de los puntos del acuerdo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos: incorporar los servicios bucodentales al Sistema Nacional de Salud.
Después del cierre de la red de Dentix, que ha dejado a cientos de miles de personas endeudadas por costearse un tratamiento que no han recibido, Consumo ha decidido acompañar a los afectados en la defensa de sus derechos. Los escándalos con las franquicias de dentistas low-cost no son nuevos en nuestro país, pero el Gobierno confía en que desaparezcan con el plan de asistencia dental pública. “Esto es lo que resuelve el problema de raíz”, insistió Garzón en el pleno del Senado.
La COVID-19 ha acaparado los recursos y la atención del Ministerio de Sanidad. Sin embargo, el proyecto se encuentra actualmente sobre la mesa del ministro Salvador Illa, según admiten fuentes de su departamento que no precisan más. Cuentan, eso sí, que disponen de una partida de 49 millones de euros en los Presupuestos Generales de 2021 para ponerlo en marcha y que seguirá la línea trazada por María Luisa Carcedo, anterior titular de Sanidad y fiel valedora de la salud bucodental para todos.
Por su parte, en Consumo confiesan que la negociación se encuentra en un periodo incipiente y en la que ellos solo participarán para garantizar que no se repitan episodios como los de Dentix e iDental. Lo que sí reconocen ambas carteras es que la intención es incorporar progresivamente cada vez más servicios dentales a la sistema público, que ahora mismo cubre tratamientos de procesos agudos, como infecciones e inflamaciones, así como revisiones para mujeres embarazadas y extracciones -incluidas las quirúrgicas- de piezas que no estén sanas. Por lo tanto, ¿se encamina España a ofrecer un servicio de dentista gratuito? Los expertos no están tan convencidos.
La idea es sumar progresivamente servicios a la sanidad pública que ahora mismo cubre infecciones e inflamaciones, revisiones para mujeres embarazadas y extracciones de piezas no sanas.
“49 millones de euros es una cantidad verdaderamente insuficiente: tocamos a poco más de un euro por español al año”, expresa Óscar Castro, presidente del Consejo General de Dentistas y principal defensor de este proyecto. “En 2019 nos dirigimos a todos los partidos políticos para demandar que este servicio fuese público gobernara el que gobernara, porque provoca unas desigualdades que están fuera de toda lógica en un sistema sanitario como el nuestro”, valora. Carcedo se sumó rápidamente a su propuesta y con ella empezaron a fluir las ideas para que la boca dejase de ser la “gran olvidada” del Sistema Nacional de Salud.
Lo primero que lamentó María Luisa Carcedo a su salida del Gobierno en 2020 fue que no le diera tiempo a implantar este ambicioso proyecto de salud pública. “Con el grado de desarrollo que tiene la sociedad española no podemos seguir sosteniendo que las personas con menos recursos no puedan atender todas las necesidades de su salud bucodental”, dijo la por entonces ministra de Sanidad. Y las estadísticas lo sostienen.
Cada español paga de media 305 euros al año por tratamientos dentales, una cantidad que muchas personas no se pueden permitir, con lo que el monto real por persona asciende todavía más. De hecho, mientras que en Europa el 57% de los ciudadanos acude al menos una vez al año al dentista, en España este porcentaje desciende al 43%. Además, el 95% de los adultos españoles tiene caries y 8 de cada 10 padecen enfermedades periodontales según el último Eurobarómetro.
“La enfermedad más extendida del mundo es la caries”, señala Óscar Castro. Por eso, su cuidado y el de las endodoncias (su consecuencia) son los servicios que este dentista considera prioritarios en todo buen sistema de salud público. No obstante, cree que el plan de Sanidad debería centrarse en prevenir más que curar. “Por cada 20 euros que paga la administración o el ciudadano por un tratamiento, se invertiría solo 1 en su prevención”, calcula y, aún así, las cuentas no saldrían si solo se tienen 49 millones de partida.
El Colegio General de Dentistas apuesta por un modelo de incorporación progresiva como el de Francia o Alemania, que asegure la asistencia a los más vulnerables en lugar de ampliar su catálogo de servicios. “Hay que saber por dónde se empieza, nosotros apostamos por los niños, los ancianos y las personas discapacitadas. Si tienes unos niños sanos, tendrás unos adultos sanos”, asegura Castro. En cuanto a la fórmula, cree que sería necesario aplicar la ley del sistema de cohesión sanitaria también para la boca. “Ahora mismo tenemos 17 sanidades distintas, de las cuales solo 9 tienen un plan de asistencia infantil, con lo que cuidamos a los niños dependiendo de la comunidad autónoma en la que nazcan”, cuenta el experto.
En España se ha extendido desde hace años el denominado programa PADI. Se trata de un sistema de financiación pública en el que el grueso de la atención lo realizan dentistas privados concertados que establecen tarifas fijas para la atención general de los niños y otras pactadas para algunas prestaciones especiales. Las primeras que lo implantaron fueron Euskadi y Navarra. Como se observa en el mapa anterior realizado por la Revista del Ilustre Consejo General de Dentistas, después se sumaron Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Extremadura, Murcia y, por último, Madrid en 2018. Los datos son del 2015 al ser el último año del que se tienen actualizaciones en el INE. Los expertos creen que este es el modelo que hay que tomar de referencia en el plan de salud bucodental público para adultos. Pero se necesita tiempo y mucho más dinero.
“Es obvio que tienen que externalizar el servicio, porque ahora mismo Sanidad no tiene recursos, personal ni instalaciones suficientes. La idea sería que colaborasen con clínicas privadas en la que odontólogos se apuntasen de manera voluntaria y se adscribiesen al convenio, como ya ocurre en Madrid con el PADI”, defiende Antonio Montero, presidente del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid (COEM).
Lo único que pide el COEM y el Consejo General de Dentistas es que haya una transparencia absoluta en la concesión de los convenios, algo que Óscar Castro da por seguro porque “una privatización dirigida por un gobierno progresista sería un disparate”. Montero, del COEM, no pone la mano en el fuego y pide que no se entregue “con exclusividad a una cadena de clínicas”. En Madrid, por ejemplo, hay 90 clínicas adscritas al convenio PADI con la Consejería de Sanidad que reciben a niños desde Atención Primaria y les ofrecen unos servicios con tarifas fijas que después paga la administración.
Algo parecido funciona también en Barcelona a nivel municipal y para todas las edades. El catalogo del nuevo servicio odontológico que inició la alcaldesa Ada Colau el año pasado incluye extracciones, periodoncias, higienes dentales, obturaciones, endodoncias, prótesis removibles y fijas, férulas y ortodoncia. En base a datos de Facua, estas tarifas son un 13% inferiores a las de mercado con respecto a las obturaciones, un 30% por las endodoncias y un 43% por las higienes bucales.
¿Sale rentable? “Los tratamientos se cobran aunque sea a un poco menos que el precio de mercado, pero se cobran. Es un valor seguro para la clínica”, dice Montero. “Se aseguran un cliente y, si lo hacen bien, la familia normalmente les elige también para los adultos. Se dan a conocer”, cuenta Antonio Montero, y así “lo que pierden por un sitio, lo ganan por el otro”. Ahora bien, desconfía en que vaya a ser tan efectivo en el caso de la atención pública para todos los adultos: “Esto es un globo sonda publicitario para que la población tenga la sensación de que el dentista va a ser gratis, y eso no va a ocurrir nunca”, pronostica.
“El problema que tiene España es económico. Es imposible dar cobertura bucodental completa a toda la población, sería equivalente al gasto que hay en toda la Sanidad nacional”, piensa el portavoz de la COEM. Por eso, al igual que el Consejo General de Dentistas cree que se debería establecer en un primer momento por grupos más vulnerables. “La población mayor con pensiones bajas, por ejemplo” apuesta y, en su opinión, el plan “debería incluir servicios odontología básica, obturaciones, endodoncias y protesis simples para poder sonreír y acceder a un puesto de trabajo”.
“Cada año, por desgracia, todos los gobiernos prometen lo mismo, cuando es muy difícil cumplirlo”, resume Antonio Montero. Por su parte, el presidente del Consejo y dentista de la sanidad pública, Óscar Castro, cree que antes de hablar el Gobierno “tiene que empezar a legislar”. “No se ha intervenido nada en la salud bucodental en casi 40 años”, critica, “no vale con decir que el dentista es muy caro, porque el dentista son materiales y son profesionales bien formados”.
En opinión de Castro, el anuncio de Garzón ha sido abrupto porque genera unas expectativas que en la práctica conllevará años ponerlas en marcha. “Consumo debería centrarse en intervenir los monopolios empresariales que hay en la salud dental, que de la boca de los españoles se tiene que encargar el ministerio pertinente y Salvador Illa”.
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