Una mujer denuncia la aplicación del Síndrome de Alienación Parental en la retirada de la custodia de su hijo de 5 años

Karen Gutiérrez lleva desde finales de julio sin ver prácticamente a su hijo de 5 años, Joel. Una sentencia de la Audiencia de Bizkaia le quitó ese mes la custodia. Se la dieron a su padre, a pesar de que nunca ha convivido con él y de que la Fiscalía se oponía. Los informes del equipo psicosocial del Juzgado y de su colegio también apoyaban la custodia para la madre y así lo había determinado una primera sentencia del juzgado de primera instancia nº5 de Barakaldo el pasado noviembre. 

Pese a ello, la Audiencia de Bizkaia revocó esta decisión en una sentencia que recoge expresiones propias del llamado Síndrome de Alienación Parental (SAP), una supuesta dolencia no avalada por la comunidad científica ni por el Consejo General del Poder Judicial. En ella se emplean términos como “instrumentalización” u “obstaculización” refiriéndose a la madre, respecto a la relación de su hijo con su padre. La defensa de Karen ha interpuesto un recurso de casación en el Tribunal Superior de Justicia de Euskadi, la única vía que les queda

El SAP se produciría en los menores cuando supuestamente uno de los progenitores le manipula para que se desvincule del otro. Es utilizado en algunos procesos de divorcio, pero el CGPJ invalidó su uso en 2013. Un informe de Save The Children de 2012 sobre la justicia española frente al abuso sexual infantil defiende que no se use esta falsa dolencia basándose en que sus “síntomas, diagnóstico y tratamiento” aparecen “exclusivamente” en el ámbito judicial.

Custodia para el padre tras 5 años sin convivir

El 25 de julio de este verano, la Ertzaintza se presentó con una orden judicial en la puerta del domicilio que hasta entonces compartían Joel, Karen, sus abuelos y un tío, para que el niño fuese entregado a las 10:30 del día siguiente. Del momento queda un vídeo que Karen grabó y que comparte, en el que se oye a su hijo llorando y gritando hasta que les separan. Las asociaciones feministas en las que se ha apoyado no daban crédito a que se hubiera llegado hasta ahí. “No estoy yo para bromas”, les respondía por Whatsapp horas después, cuando lo contó.

Joel nunca había convivido con su padre. Sus progenitores se separaron cuando ella aún estaba embarazada después de que él, según el relato de Karen, se desentendiera. Durante sus primeros meses de vida él iba a visitarles, sin horario estipulado. En ese tiempo ella interpuso una denuncia por violencia de género, por lo que describe como “amenazas y empujones”. Fue absuelto.

La sentencia de divorcio de 2015 le dio la custodia a Karen, y la Audiencia Provincial la mantuvo así, aunque con cambios, en 2017, después de que los dos padres recurrieran. La decisión judicial indicaba que Joel y su padre pasaran tiempo juntos con un régimen de visitas progresivo en el que no se llegó a la fase de pernoctación, con un seguimiento médico y de los servicios psicosociales de los juzgados para el niño y con una terapia familiar. De ese periodo, ella cuenta que el niño volvía en mal estado y sin interactuar con nadie. Lo alegó así al pedir una suspensión de las visitas, pero un auto de septiembre de 2016 lo desestimó por no poderse comprobar.

En octubre de ese año, el padre rechazó acordar una suspensión “temporal e indefinida” del régimen de visitas para valorar de nuevo el caso y que proponía un informe de Servicios de Infancia de la Diputación. Esa misma institución también recomendó un cambio del Punto de Encuentro, del de Barakaldo al de Bilbao, por si el propio lugar se había convertido en un “estímulo aversivo” para el niño.

En junio de 2017, su padre comenzó una demanda de modificación de medidas alegando que no estaba cumpliendo la comunicación con su hijo, además de para llevar a cabo la necesaria atención médica de éste. En primera instancia, el Juzgado de Familia mantuvo la custodia para Karen, ateniéndose al interés superior del menor (siempre ha vivido con su familia materna e ido al mismo colegio, donde sigue una evolución). Esa decisión se basaba principalmente en un estudio pericial psicológico encargado por los juzgados de Barakaldo realizado en octubre de 2017 que así lo recomendaba. No encontraban una actitud en ella de impedimento de la relación padre-hijo: “Mantener la convivencia familiar con la madre se considera más estabilizador a nivel emocional para el menor”.

El informe incluía entrevistas con todas las partes (incluido el niño), colegio y profesionales sanitarios que le han tratado. Uno de los principales argumentos del recurso de casación que acaba de presentar la defensa de Karen es que este informe se haya ignorado en esta segunda sentencia de la Audiencia de Bizkaia que da al padre la custodia: los jueces califican ahora sus fragmentos de “mera opinión”. En el fallo se estipula, sin embargo, que dentro de un año tendrán que pasar todos por un estudio forense psicosocial realizado por el mismo equipo para una revisión de las medidas. Eso Karen no lo comprende: “¿Le van a dar credibilidad entonces, si no le están dando ahora?”.

La sentencia de la Audiencia da “especial trascendencia” y mayor peso a los informes que ya existían en primera instancia del Punto de Encuentro, dependiente de la Diputación provincial pero externalizado a la empresa Bizgarri, y uno de enero de Acción Social de la propia Diputación. Ambos contradicen el del Juzgado que pesó en primera instancia y usan lenguaje propia del Síndrome de Alienación Parental. Dicen constatar una “actitud obstruccionista” de su madre.

El testimonio desde el PEF también habla de “posibles interferencias parentales que puedan estar afectando al desarrollo del niño y a la evolución de la relación paterno filial”. “Al llegar, se presenta tranquilo hasta que le empieza a apretar el brazo”, dice un fragmento. Ella se defiende: “En un sitio al que vas y te están observando, ¿voy a hacer algo así, que se pueda reflejar?”. El texto judicial califica asimismo de “incomprensible” la actitud de Karen en los Puntos de Encuentro salvo que esté llevando a cabo “instrumentalización” del menor. El fallo recomienda a partir de ahora una terapia especializada en “interferencias parentales” que en principio también realizaría Bizgarri.

“Utilizan otras palabras que vienen a decir lo mismo. No está la palabra SAP pero sí la ideología”, cree. La entidad gestora de ambos PEF externalizados, Bizgarri, es una empresa que publicita en su página web cursos para prevenir y tratar la interacción parental, una forma de referirse al SAP.  Esta situación además se enmarca en la circunstancia de que el Gobierno vasco tiene un instrumento de valoración de riesgos del menor llamado Balora en el que se contempla la “instrumentalización en conflictos” como forma de maltrato psicológico.

Carmela del Moral, portavoz de Save The Children, explica a eldiario.es que, estudiando las especificidades de cada caso, en estos procesos “hay que garantizar el interés superior del niño o niña, no el de los padres. Ninguno de los dos progenitores tiene derechos por encima de los hijos. Lo más positivo, a no ser que implique un riesgo para el menor, es el mantenimiento del entorno familiar”, y por tanto “nunca aplicar el SAP como causa principal para una sentencia”.

Denuncia por desobediencia y visitas vigiladas

En este tipo de sentencias se suele dejar claro cuándo, dónde y por cuánto tiempo se verán el progenitor no custodiante y el menor. Sin embargo, la sentencia de este julio no solo no establece un régimen de visitas progresivo para Karen, como el que antes tenía el padre, sino que éstas dependen de lo que decida el Punto de Encuentro de Bilbao en el que se producen los intercambios. Además, para ella a diferencia también de cómo eran para el padre, han de ser vigiladas. Ese vacío en la regularidad de los encuentros de Karen y Joel es otro de los principales argumentos a los que se agarran ella y su abogada para el recurso ante el TSJ. Antes de ese paso solicitaron una aclaración de sentencia que no les fue concedida.

En los informes del PEF que reflejan la sentencia también consta que el régimen progresivo fue interrumpido porque no se produjo el intercambio del menor en visitas dictaminadas desde mayo de 2016. Se achaca a que se debió a una “obstaculización de la madre”, pero Karen defiende que “yo iba, pero el niño no quería entrar al centro. Yo no falté ningún día, pero aplican el SAP y me culpan”. Por las visitas que no llegaron a concluirse el padre denunció a Karen, motivo por el cual ella se está enfrentando paralelamente a un proceso penal por desobediencia judicial, confirma su abogada. 

Estos dos meses, ha sido el padre de Joel quien no ha presentado al niño varias veces en el PEF, según cuenta Karen. El 2 de agosto estaba previsto su primer encuentro supervisado, pero el día anterior le comunicaron que el padre determinaba que todavía no estaba preparado. Es entonces, el 3 de agosto y tras muchas quejas, cuando Karen decide denunciar. A partir de ahí se establece desde el PEF que las visitas serán los domingos de 10:30 a 12, porque hasta entonces no había horarios ni obligaciones.

El siguiente domingo, 12 de agosto, el padre acudió con Joel en un estado que Karen define como “lamentable y desatendido”. Pero no acudieron el siguiente domingo 19. “No le lleva, no da ninguna razón y desde el Punto no le llaman por teléfono”, relata Karen siempre según su versión. Los siguientes sí fueron, pero volvió a faltar el 16 de septiembre: “Yo estaba a las 10:15 ya ahí, y a las 10:22 él llama y dice al PEF que ha ido con el coche y ha visto que mi familia, mis padres, están en la calle también, por lo que no lo lleva. En el PEF aceptan ese motivo”.

El día 30 tampoco se produjo el encuentro, argumentando lo mismo. eldiario.es ha consultado en el Punto de Encuentro de Bilbao esta información y no ha sido proporcionada, alegando que los datos sobre las familias son confidenciales. Tampoco ha querido hacer declaraciones a eldiario.es la defensa del padre de Joel, al contactarles para conocer su versión del proceso y confirmar su supuesto quebrantamiento de las visitas así como las razones.

Karen ha pedido un informe urgente del estado del niño al PEF, que le remitieron la semana del 17 de septiembre y en el que ella asegura que no consta información sobre su salud: “No lo consideran una urgencia”. Cuando ha visto a Joel, dice, le pide volver con ella pero, como tras las visitas de cuando era pequeño, no le habla de cómo está ni qué le pasa: “En agosto le pregunté si habían ido a las barracas, a la playa, al parque. Me decía que no, que había estado en casa”.

Una sentencia “con prisas”

Otro fleco al que se aferran Karen y su defensa es que el padre de Joel argumentaba que con ella no estaba recibiendo el adecuado tratamiento médico. El padre defiende entre los motivos que recoge el texto judicial que requiere la custodia por necesitar “atención médica” debido a la actitud de la madre. El colegio constató dificultades en su desarrollo, pero entre la documentación presentada se encuentra el seguimiento y alta médica del niño en la Red de Salud Mental de Euskadi en octubre de 2017. Un procedimiento que llevó a cabo con la madre, cuando la custodia era suya. “Por ello, solo cabría achacar a la madre que no haya podido o querido colaborar en que el menor se relacione normalmente con su padre”, dice una parte de la sentencia referido a ese seguimiento.

Karen también cuenta con informes del colegio de 2017 que constatan la “gran evolución” y adaptación de Joel y que indican que deben seguir trabajando conjuntamente sin someterle a nuevos cambios “para conseguir su bienestar y su adecuada progresión”. Joel sin embargo ha sido cambiado este curso de barrio, de entorno y de centro escolar: “Ha cambiado de amigos, de clase. Le han arrancado de su vida”.

A Karen y su abogada les extraña la rapidez en la que se ha producido todo el proceso. La letrada explica que “lo normal es dar 5 ó 10 días para preparar al niño. Pero la sentencia sale un lunes, el martes se manda la ejecución y el miércoles la Ertzaintza está en la casa para que lo entregue el jueves”. La madre señala que en una parte de la sentencia hay un error por el que se refieren a Joel como ‘Álvaro’, lo que le lleva entre otras cosas a sospechar que todo se ha llevado a cabo “con prisas. No han estudiado el caso en profundidad”.

La sentencia sobre la custodia de Joel coincidió en el tiempo con la que impone cárcel para Juana Rivas. También Karen se enfrenta a cárcel por el procedimiento penal por desobediencia. “El mensaje es callarnos”, considera. “Si lo sacamos público, tenemos castigo. Hay muchos casos. Muchas no salen en los medios de comunicación. Hay mucha coacción en estos temas, mucho miedo. Yo he elegido la vía de hacerlo mediático porque a mí me lo han quitado todo, no tengo nada que perder. Y si me callo va a seguir igual. Lo hago por mi hijo, evidentemente, pero también por todos los niños que están pasando por esto y por sus madres que no tienen valor de sacarlo a la luz por estar amenazadas. Yo he tenido miedo también, pero ya solo me queda luchar por él”.