Como ocurre desde hace años, cada vez se registran más denuncias por violencia sexual. Fueron 17.016 en 2021, más de 46 al día y un 11,1% más que en 2019, año completo anterior a la pandemia de coronavirus, cuando se registraron 15.319 denuncias por delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, en los que el Código Penal agrupa estas conductas. Con respecto a 2020 las denuncias han crecido un 29%, según el balance de criminalidad que ha dado a conocer hoy el Ministerio del Interior. Entonces alcanzaron las 13.174, convirtiéndose en el único año en el que las denuncias cayeron con respecto al anterior debido al confinamiento y las sucesivas restricciones para enfrenar la crisis sanitaria,
Este tipo de delitos incluyen las agresiones sexuales con penetración, castigadas en el Código Penal como violaciones y contabilizadas de manera específica por Interior. En 2021 se registraron 2.143 denuncias de este tipo, un 14,4% más que en 2019 y un 34,3% más que en 2020. A ellas hay que sumar las agresiones sexuales sin penetración y los abusos sexuales con y sin penetración.
La diferencia entre unas y otras es que la ley exige para que haya agresión sexual que los hechos se cometan con violencia o intimidación, algo que la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, la conocida como ley del solo sí es sí, modifica. La norma, que actualmente está en trámite en el Congreso, reforma el Código Penal de forma que todo serán agresiones sexuales independientemente de la violencia que se utilice para cometerlas.
El título relativo a los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales contempla, además, el acoso sexual, el delito de exhibicionismo y provocación sexual y la explotación sexual y corrupción de menores.
El Ministerio del Interior atribuye este ascenso, que se produce de manera ininterrumpida desde hace varios años, con la excepción de 2020, no a que haya un incremento de la violencia, sino a que cada vez más víctimas deciden ponerlo en conocimiento de las instituciones. Las cifras “deben ponerse en relación con las activas políticas de concienciación social”, asegura el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska en el balance, que “han provocado una mayor disposición de las víctimas a denunciar”. Se contribuye de esta manera “a reducir los niveles de infradenuncia” que se dan en estos delitos.