“Nos están empujando a la situación de que, quien pueda permitírselo, se asegure los cuidados con un seguro privado de dependencia. El que no pueda, que quede indefenso”, denuncia el presidente de la Plataforma Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha, José Luis Gómez-Ocaña.
Las familias con personas dependientes destacan que “la voladura” que sufre la ley que, dicen, les dio “dignidad”, coincide con “la aparición de la empresa privada en el reparto del pastel”. Los dependientes temen que el proceso vaya a ser similar al que ya está sufriendo la sanidad pública.
En el último año, el sistema de atención a la dependencia ha perdido 34.800 personas, en tanto que 198.041 siguen a la espera de empezar a beneficiarse del derecho que se les ha reconocido por ley. Es la consecuencia de los recortes, en forma de financiación y de cambios legislativos, que acumula la primera norma estatal que reconoce un derecho social como subjetivo.
Y mientras la cifra de beneficiarios de las ayudas públicas va a la baja, la de aquellos que optan por contratar un seguro privado de dependencia ha tomado la dirección contraria. Si bien es cierto que la implantación en el mercado de este tipo de seguros es discreta –22.243 personas tienen contratado uno en toda España–, el crecimiento experimentado en el último trimestre es significativo. En los meses de julio, agosto y septiembre, 1.503 personas contrataron un seguro a la dependencia. El incremento, del 7,2%, cobra relevancia teniendo en cuenta que el número de asegurados se había mantenido alrededor de los 20.600 desde septiembre de 2012.
Oferta privada
La patronal de las aseguradoras, Unespa, niega que exista ninguna correlación entre los recortes que está sufriendo la ley de dependencia y la proliferación de aseguradoras que ofrecen seguros para cubrir las prestaciones y servicios que ofrece la ley. Es más, en Unespa aseguran que las expectativas de crecimiento no son demasiado positivas. Según argumenta un portavoz, “uno no sabe si en el futuro va a ser dependiente”, además, “estos seguros, ni cultural ni fiscalmente, están incentivados”. De hecho, las aseguradoras llevan reclamando desde el trámite de la ley de dependencia que quienes contraten este tipo de productos gocen de beneficios fiscales especiales.
La mayoría de las personas que ahora mismo están en situación de dependencia no podrían pagar o haberse pagado uno de estos seguros, aseguran desde la Plataforma Estatal. La gran parte de las personas que forman parte de estas agrupaciones se las ven y se las desean para llegar a fin de mes. Ni qué decir que no pueden plantearse pagar, por ejemplo, los 2.000 euros mensuales de media que cuesta una residencia.
Pero el mercado actual de las aseguradoras no son estas familias, con un dependiente ya a su cargo, sino el ciudadano, aún sano, que quiere garantizarse que, de llegar a necesitarlo, estará correctamente atendido. Y los españoles, con una esperanza de vida al alza, ven cada día más cercano ese riesgo. La aprobación de la ley de dependencia visibilizó la problemática que representa para las familias tener a una persona con dependencia. Ahora, “al ver la realidad y que la cobertura pública está desapareciendo, las familias que tienen capacidad económica están optando por contratar un seguro”, explican desde la asesoría jurídica de La Plataforma Estatal de la Ley de Dependencia, que aglutina a todas las organizaciones de España.
“Seguros insuficientes”
Según la Asociación de Usuarios de Banca y Seguros Adicae, “las aseguradoras están aprovechando los recortes para vender seguros a la dependencia insuficientes”. Muchos de los seguros de dependencia que se ofertan son, en realidad, seguros de vida “ampliados”, alertan en un estudio publicado en diciembre del año pasado.
La asociación denuncia, por ejemplo, que haya aseguradoras que limiten a 72 horas al año de atención a domicilio en la atención a personas con dependencia moderada. También ha calculado que las primas, que aumentan de forma anual, acaban siendo prácticamente tan caras como las rentas que se cobrarían en caso de llegar a ser dependiente. Además, Adicae pone el acento en el hecho de que haya aseguradoras que limiten el periodo en que se pueden estar recibiendo las rentas.
Las plataformas de dependientes hacen hincapié en que los seguros privados de dependencia deben ser opcionales, complementarios al derecho que otorga la ley de dependencia, nunca la única opción. Con las trabas que, según denuncian, les están poniendo las administraciones para poder recibir una ayuda, contratar un seguro va a quedar como la única salida. “Para el que se la pueda pagar”, insisten.
Denuncian también que se están produciendo nuevas evaluaciones de la situación de dependientes que ya estaban valorados y dentro del sistema. Al rebajarles el grado de dependencia, muchos de ellos están quedando fuera de él; ya no se les considera dependientes. A esto hay que sumar que las Comunidades Autónomas no están sustituyendo el número de los beneficiarios que fallecen por otro número de personas dependientes que puedan beneficiarse de la ley. Y que muchos que esperan mueren durante la espera.