250.000 dependientes moderados esperan la ayuda un año después de que el Gobierno prometiera atenderles
Algo más de un año después de que el Gobierno incluyera en el sistema de atención a la dependencia a las personas que necesitan ayuda para realizar varias actividades de la vida diaria –dependientes moderados–, aún 250.000 permanecen en lista de espera. Eso a pesar de que el sistema, que sí ha logrado atender a 78.000 desde septiembre de 2015, les ha reconocido como personas con derecho.
Según los últimos datos oficiales, 375.600 personas con dependencia están todavía esperando a ser atendidas a los casi diez años de la entrada en vigor de la ley que lo posibilitó. De ellas, 125.800 son dependientes severos o grandes dependientes, los que más apoyo necesitan. El resto son moderados, que fueron incorporados al sistema el 1 de julio de 2015 tras años de retraso y dos decretos que posibilitaron alargar la fecha de inclusión.
Poco antes de la aprobación de los pasados Presupuestos Generales del Estado (PGE), el Gobierno, de la mano de Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró una subida “notable” del gasto dedicado a dependencia. El Ejecutivo justificó el incremento para “hacer efectivo el derecho a las prestaciones de las personas valoradas con el Grado I Dependencia Moderada, de acuerdo con el calendario de aplicación progresiva de la Ley”.
Sin embargo, la partida se quedó en 1.252 millones de euros frente a los 1.177 de 2015, es decir, experimentó una subida del 6,4%. Resultó insuficiente porque los moderados pasaron a engrosar la lista de espera, de la que han salido 78.000 dependientes con este grado de valoración, pero en la que todavía permanecen 250.000.
En algunas comunidades como Castilla y León los dependientes moderados sin atender son mínimos, mientras que otras como Cataluña, Canarias, Aragón o Andalucía mantienen a entre el 75% y el 85% de las personas con este grado de valoración en la lista de espera.
El PP reconoce los recortes en Bruselas
“Este Gobierno es insumiso porque no cumple la ley”, denuncia José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que insiste en que los dependientes moderados “han sido maltratados” por las instituciones. Lo mismo opina José Luis Gómez Ocaña, portavoz de la Coordinadora estatal de plataformas en defensa de la ley de dependencia, que asegura que “era algo previsible” y “estas personas tardarán muchos años en disfrutar de los derechos que tienen reconocidos por ley”.
El sistema sigue siendo incapaz de asumir a todas las personas con dependencia a las que se les ha reconocido el derecho. El llamado “cuarto pilar del Estado de Bienestar” ha colapsado tras sucesivos recortes que no han sido reconocidos por el Gobierno, salvo en el Programa de Estabilidad que remite a Bruselas.
En la actualización comprendida para 2016-2019, el Ejecutivo explica los tijeretazos en esta materia de los últimos años bajo el epígrafe “Racionalización del sistema de dependencia”. En él esgrime que “la reducción del gasto público motivado por la crisis económica” requirió la aprobación de un decreto en 2012 “de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y el fomento de la competitividad”.
En el mismo texto, el Gobierno reconoce que “los ahorros” de ese mismo año hasta 2014 ascendieron a 2.278 millones de euros. El ahorro –que las organizaciones sociales cifran en 600 millones más– no es tal para las familias y los propios dependientes, que solo ven en esa cifra recortes y pérdida de cobertura.
Ocaña, que también es padre de dos niños grandes dependientes, recuerda que estas medidas han desembocado “en que mucha gente sigue muriéndose esperando”.
La atención de los moderados, 'low cost'
Las sucesivas reformas de Rajoy introdujeron el copago para rentas superiores a 532 euros mensuales y se redujo un 15% la cuantía que reciben las personas encargadas de cuidar a un familiar, que pasaron a cobrar 442 euros mensuales como máximo para dependientes con el mayor grado de valoración, que necesitan apoyos 24 horas al día. El decreto de 2012 también suspendió la cotización a la Seguridad Social de las cuidadoras (la mayoría de ellas son mujeres).
Los recortes, dice Ramírez, hacen que “la atención de los 78.000 moderados que sí han recibido las ayudas sea mínima y low cost, que combina teleasistencia con horas de ayuda a domicilio, que también redujo el Gobierno”.
Además, se dictó la incompatibilidad entre ciertos servicios de modo que no se puede, por ejemplo, recibir unas horas de ayuda a domicilio y a la vez una prestación al cuidado familiar, incluso en el caso de dependientes que precisan ayuda constante.
“En el caso de los dependientes moderados con alzheimer o demencia senil, que son muchos, lo más adecuado sería combinar el cuidado en casa con un centro de día, pero la ley no lo permite”, critica Ramírez.
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha llamado la atención esta semana sobre “el fracaso” de la dependencia, basándose en que solo el 0,46% del total de prestaciones reconocidas son de asistencia personal, “el apoyo con más carga de inclusión”.
Por ello, ante el escenario de falta de Gobierno y negociaciones de cara a la investidura, las entidades sociales en defensa de la ley de dependencia piden a los partidos que se comprometan con ella. La coordinadora ha enviado una carta a Albert Rivera en la que demanda que revertir los recortes llevados a cabo por el anterior Gobierno sea una línea roja en las negociaciones con el PP. “Sería el inicio de una recuperación de los derechos perdidos”, afirma en la misiva.
