Casi cuatro de cada diez dependientes, el 37 %, están esperando prestaciones o servicios a los que tienen derecho, según un informe de la Asociación Estatal de Directores de Servicios Sociales que evalúa la implantación de la ley tras la incorporación de los beneficiarios moderados el pasado mes de julio.
Tras ocho años y medio de aplicación de la Ley de dependencia, concluye su implantación con la incorporación al sistema de estos dependientes de Grado I, que elevan a 445.264 los beneficiarios que todavía no reciben ninguna atención.
Además, recuerda que desde 2012, más de 100.000 personas han fallecido mientras esperaban que se les aplicara la ley.
El último informe del Observatorio Estatal para la Dependencia, presentado hoy por esta organización, analiza por comunidades autónomas el grado de implantación de la ley, que denuncia ha sido desigual, y plantea la necesidad de aprobar un pacto de Estado “que replantee el modelo de financiación autonómica” del sistema.
Castilla y León, Cantabria y País Vasco se sitúan a la cabeza de las regiones con mayor porcentaje de personas atendidas sobre el total de la población, mientras que Valencia, Baleares y Canarias están a la cola.
Respecto a la lista de espera, Aragón, Galicia y Andalucía son las regiones con más personas pendientes de atención, mientras que Castilla y León, Ceuta y Melilla y Madrid, las que menos.
Con los datos del Sistema de Información del Imserso a 30 de junio, el dictámen recuerda que hay 1.191.406 personas en situación de dependencia reconocida; es decir, 25 de cada mil españoles necesitan apoyos para realizar las actividades básicas de la vida diaria en mayor o en menor medida.
En concreto, 411.235 personas tienen Grado I (dependencia moderada), 435.130 son de Grado II (dependencia severa) y 345.041 de Grado III (gran dependencia).
El observatorio denuncia que el sistema finaliza su implantación sin capacidad para atender a más de un tercio de las personas que tienen el derecho reconocido, por lo que ha anunciado que “buscarán apoyos” para presentar una acción colectiva en la Audiencia Nacional por el incumplimiento de las administraciones a partir de enero de 2016.
El dictamen detalla que a la lista de espera de 130.760 personas se unen los 315.000 dependientes moderados que tienen derecho a incorporarse desde el 1 de julio.
“Con el presupuesto aprobado para 2016, para atender a los 445.000 dependientes se necesitaría 25 años para cubrir el sistema”, ha asegurado José Manuel Ramírez, presidente de la asociación, quien ha añadido que “resulta prácticamente imposible que se pueda dar una respuesta”, cuando el gasto medio por dependiente es de 6.600 euros anuales.
Según el observatorio, el sistema de la dependencia “está desbordado”, como demuestra que la capacidad de atención en los últimos cuatro años se mantiene en 750.000 personas.
Además, lamenta “la baja calidad e intensidad de la mayoría de los servicios prestados y la demora excesiva en las atenciones”.
Si se evalúa el gasto público en dependencia por habitante y año, Cantabria -con 184 euros- y País Vasco -con 159 euros- son las primeras, y Canarias -con 39,40- y Ceuta y Melilla -49,09-, las que menos gastan.
En la escala de valoración del Observatorio, que evalúa un conjunto de criterios, obtiene la mejor puntuación Castilla y León -9,5 puntos-, País Vasco -7,9- y Andalucía -7,5-; y las peores, Comunidad Valenciana -1,2-, Ceuta y Melilla -2,5- y Madrid -3,3.
En esta radiografía de la dependencia se ve que el 78 por ciento de las personas atendidas están en su domicilio, mientras que un 22 % se encuentra en residencias.
“El procedimiento sigue siendo lento, farragoso, ineficaz y una auténtica tortura para las familias”, concluye.