La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha anunciado este jueves que el proyecto de Ley de Familias incluirá un permiso de cuidado retribuido de al menos siete días al año para todas las personas trabajadoras. Este permiso permitiría, por ejemplo, quedarse en casa para cuidar a un hijo enfermo o acompañar a otro familiar o conviviente al médico. El ministerio tiene ultimado el borrador de la ley, una de sus apuestas normativas para este año, que tendrá que pactar con su socio de Gobierno.
El permiso que propone Derechos Sociales sería de siete días si las necesidades de cuidado se producen en la misma comunidad autónoma en la que se reside y de nueve días si supone un desplazamiento a otra comunidad. Estaría remunerado al 100%. Además, el permiso podría utilizarse para cuidar no solo a familiares, sino también a cualquier conviviente.
Tampoco hará falta que la enfermedad sea grave, un requisito que sí aparece actualmente para conceder los dos días de permiso en caso de enfermedad de los hijos. Es decir, podría utilizarse, por ejemplo, para atender confinamientos por COVID, una circunstancia que a día de hoy no está cubierta por ninguna medida retribuida ni permiso específico.
“Tenemos que ser capaces de poner en marcha más medidas que garanticen el derecho al cuidado en nuestro país. La COVID nos ha enseñado lo importante que es cuidarnos y tener tiempo para cuidar a los demás, y son lecciones que han venido para quedarse. Por eso, pensamos que España tiene que homologarse con otros países de la Unión Europea y establecer un permiso de cuidado. Un permiso que te permita quedarte en casa cuidando a tus hijos cuando han pasado una mala noche vomitando, que puedas pedir el día para llevar al médico a tus padres o que puedas estar con tu pareja cuando esté enferma”, ha dicho Ione Belarra durante el acto 'Una ley para proteger a todas las familias', al que también ha asistido la ministra de Igualdad, Irene Montero, la comisaria europea de Cohesión y Reformas, Elisa Ferreira, el comisario de Empleo y Derechos Sociales, Nicholas Schmit, entre otros.
La OCDE, con el apoyo económico de la Comisión Europea, ha elaborado un libro blanco al respecto de la nueva norma sobre familias en el que constata que la política familiar ha sufrido “pocas reformas importantes” en las últimas décadas, a pesar de los grandes cambios sociales. Por eso, insta a España a estudiar la implantación de una prestación universal por hijo y a aprobar precisamente un permiso parental retribuido.
La organización destaca “el bajo nivel” de gasto social en familia e infancia de España comparado con la media de la OCDE y la UE. En 2019, España dedicó el 1,3% del PIB a este gasto frente a la media del 2,3% de la UE. Nuestro país, además, prima la prestaciones en especie sobre las prestaciones en efectivo: el 53% del gasto en familias se dedica a los servicios, en comparación con el 39% en la OCDE.