Los problemas de suministro de medicamentos en España se han multiplicado por más de dos desde 2015. Las notificaciones sobre escasez que se realizan cuando la oferta de un determinado fármaco no cubre las necesidades han pasado de 700 a 1.650 al cerrarse 2019, según el registro de la Agencia Española del Medicamento. Solo en el último año saltaron un 24%. En ese contexto, la presión que ha supuesto la pandemia de COVID-19 ha disparado las alarmas en la Unión Europea para poder “asegurar la disponibilidad” de ciertas medicinas.
De todas las notificaciones cursadas el año pasado, el 7,1% causaron un gran impacto en los pacientes ya que no había una sustitución posible de ese medicamento. Es decir, 117 fármacos. La mitad de esos desabastecimientos se prolongaron más de tres meses. El 9,7% de los problemas tuvieron unos efectos considerados de media intensidad y sus sustituciones necesitaron algún tipo de intervención externa, según los registros de la Agencia. Los grupos más afectados son las medicinas para las enfermedades cardiovasculares, las infecciones y distintos tipos de cáncer.
Los desabastecimientos, además del evidente impacto sobre la salud que generan al limitar el acceso a los tratamientos prescritos si no existen alternativas, generan “una enorme repercusión” de “tiempo y ansiedad en los pacientes para conseguirlos” además de captar gran cantidad de “recursos profesionales” para solucionar estas dificultades, describen en la Agencia.
La definición oficial establece que se declara un problema con el suministro “cuando las unidades disponibles no son suficientes para satisfacer la demanda a nivel nacional”. Las razones que se esgrimen varían desde la aparición de situaciones inesperadas de incremento de demanda hasta las dificultades para encontrar el principio activo. En más de la mitad de las veces, se aducen problemas del fabricante para producir el volumen suficiente.
Sin embargo, la Fundación Salud por Derecho contrapone que “muchas veces se desconocen las causas reales del desabastecimiento” y recuerda que en 2014 se publicó un análisis en el que el 65% de las notificaciones de siete países (incluido España) carecían de un informe sobre los motivos.
La fundación ha analizado los impactos de la escasez de fármacos “que son cada vez más recurrentes”. En un informe conjunto con la Organización de Consumidores de España explican que “la excesiva dependencia de un escaso número de productores de materias primas a nivel global” hace que puedan surgir dificultades a la hora de fabricar un producto. Al mismo tiempo indican que se están haciendo patentes “fallos al calcular la demanda” que se tiene que cubrir. Pero no queda ahí la cosa.
“El mercado, las políticas de precio nacionales y las estrategias comerciales de las compañías también están con frecuencia detrás de la escasez”, afirma Salud por Derecho. Y añaden que los medicamentos con precios más bajos o que pueden ser menos rentables “se ven más afectados por los problemas de suministro”. En algunas ocasiones, determinadas empresas han utilizado su posición privilegiada para forzar incrementos fortísimos en el precio de medicamentos en sus negociaciones con los sistemas nacionales de salud: si no hay acuerdo, se retira la producción de esos compuestos lo que aboca a una escasez y la desatención de pacientes.
Es lo que ocurrió con la farmacéutica Aspen y su línea de medicamentos contra el cáncer. En 2009, Aspen se convirtió en el comercializador único de cinco fármacos oncológicos esenciales. En 2014, la empresa decidió aumentar su precio: en Italia un 1.500%. En España hasta un 4.000%. Pero su estrategia se extendió a Alemania, Polonia, Estonia, Lituania, Suecia y Reino Unido. Ante la negativa del Ministerio de Sanidad español de aceptar esa nueva situación (y la financiación de la medicina), Aspen dejó de venderlo y, por lo tanto, sobrevino el desabastecimiento. Muchos hospitales debieron recurrir entonces a comprar estos fármacos en el extranjero con un elevado sobrecoste.
En Italia, la autoridad de Competencia terminó por multar con cinco millones a Aspen en 2016. La Comisión Nacional de Mercados y la Competencia de España abrió un expediente similar en 2017 que decayó cuando la Comisión Europea inició su propia investigación contra el laboratorio.
La vicepresidenta de la Comisión, Margrethe Vestager, indicó que existían empresas que “se valen de su posición para aumentar los precios de medicamentos antiguos, pero esenciales sin justificación”. Las patentes de esta batería de fármacos, que protegen durante décadas a las corporaciones que los inventaron para que recuperen su inversión, habían caducado desde hace cincuenta años. Bruselas aún estudia la propuesta de respuesta de Aspen que ofreció en julio pasado reducir el precio de sus productos una media del 73% durante diez años.
La cuestión es que, en España, la mayoría de las notificaciones sobre un problema de suministro de une medicina las realizan las propias empresas –que aquí reciben el nombre de “titulares de autorización de comercialización”– y son las que informan sobre las razones. En 2019, el 86% de los avisos fueron notificados por farmacéuticas. Las que más veces, Pfizer, Mylan, Sanofi, Accord Healthcare, GSK, Kern, Teva, Bayer, Sandoz y Meda Pharma, según el último informe de la AEMPS.
A toda esta situación se le une en 2020 la pandemia de COVID-19. La Agencia Europea del Medicamento mostraba su preocupación en junio pasado sobre cómo abordar las necesidades de medicamentos en caso de “una potencial segunda ola de infecciones por coronavirus”. Y avisaba de que debía “mejorarse la previsión sobre las medicinas utilizadas en las unidades de cuidados intensivos y otros fármacos para igualar la demanda con la oferta disponible”.
La advertencia de la Agencia Europea llegaba después de que la primera ola de COVID-19 agudizara problemas de suministros médicos de algunos compuestos. La pandemia multiplicó el uso en pacientes de COVID-19 de tratamientos diseñados para otras enfermedades: fármacos como el liponavir/ritonavir, la hidroxicloroquina, el tocilizumab o el Sarilumab entre otros empezaron a utilizarse como potenciales remedios para el nuevo coronavirus. Pero esto provocó que la demanda fuera excesiva y causara escasez de tratamientos que ya eran necesarios para el VIH, la artritis reumatoide, la hepatitis o el cáncer. El Ministerio de Sanidad tuvo que tomar el control de la distribución de varias de estas medicinas para garantizar que llegaran a enfermos que ya los necesitaban previamente.
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