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Decenas de denuncias coordinadas usan un informe de la Fundación Franco para frenar la exhumación
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha desestimado la recusación formulada por la Abogacía del Estado contra el juez José Yusty, que tramita el procedimiento en el marco del cual paralizó de forma cautelar la autorización municipal para ejecutar las obras para la exhumación del dictador Francisco Franco, según Efe.
Así lo acuerda el Tribunal en un auto en el que rechaza la pretensión de la Abogacía del Estado y devuelve el procedimiento a José Yusty, juez de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Madrid, que suspendió provisionalmente la licencia de obras del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial para exhumar a Franco del Valle de los Caídos. Yusty había atacado mediante un artículo público la ley de memoria histórica.
El magistrado se basó en un informe técnico elaborado para la fundación Francisco Franco para paralizar el proceso de licencia municipal de los trabajos de exhumación. El autor del documento, Enrique Porto, fue director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid desde 2003 a 2006 durante la presidencia de Esperanza Aguirre. Dimitió al ser imputado por corrupción aunque su caso fue, finalmente, archivado.
La Abogacía del Estado recusó a este magistrado al entender que no podía resolver este asunto tras haber redactado en 2007 un artículo titulado “Gobierno y armada española en la monarquía absoluta”.
En dicho artículo sobre la ley de memoria histórica José Yusty acusaba al entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de revivir con “oscuras intenciones todos los hechos y situaciones que llevaron a nuestra patria a aquellos momentos difíciles”.