María García ha tardado 20 años en ver su nombre escrito en un pronunciamiento jurídico que reconozca lo que ella y sus dos hijas vivieron cuando la violencia de género era considerada una riña entre parejas y algo que resolver en privado. Nada más entrar al juzgado el pasado mes de marzo su mirada se posó sobre uno de los carteles que se hacen eco de las campañas del 016: “Por fin alguien lo nombra”, pensó.
María García (nombre ficticio) fue víctima de violencia machista por parte de su exmarido cuando nadie lo llamaba así. Ahora tiene en su mano una sentencia que reconoce lo que ningún juzgado admitió en los años noventa tras casi una decena de denuncias. El fallo, emitido por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, le reconoce la pensión de viudedad y acredita el maltrato que sufrió, que es el requisito que establece la ley para acceder a la prestación.
María y su exmarido se casaron en 1981 y se divorciaron en 1995. Casi desde el principio él ejerció violencia psicológica mediante conductas “que yo normalizaba e incluso justificaba con el típico ”es así'“, cuenta esta mujer de 55 años a eldiario.es. La violencia física y el acoso llegó en el momento de la separación. Una dinámica que se repite en muchos casos porque el maltratador identifica que va a perder lo que quiere someter y agrede con mayor intensidad.
“En ese momento empecé a tener miedo. A partir de entonces siempre sentía que mis días estaban contados. Por eso, cuando tuve esta sentencia en mis manos lo único que pensaba es que estoy viva”, explica María, que vive en Las Palmas junto a una de sus hijas. Unos meses después del divorcio, en 1996, puso la primera denuncia, a la que le siguieron otras seis sin que ninguna acabara en sentencia condenatoria.
Por ello, tanto la Seguridad Social como el Juzgado de Primera Instancia nº5 de Las Palmas de Gran Canaria, le denegaron la pensión de viudedad tras morir su exmarido en 2014. Alguien separado o divorciado puede acceder a la prestación si ha recibido una pensión compensatoria –la que percibe un cónyuge para reparar el desequilibrio económico que le produce el divorcio–, pero hay una excepción para las víctimas de violencia machista.
Éstas pueden percibirla desde 2010 sin haber sido acreedoras de la compensatoria siempre que acrediten haber sido víctimas mediante sentencia condenatoria, informe fiscal, archivo de la causa por fallecimiento, orden de protección o “cualquier otro medio de prueba admitido en Derecho”. La Administración deniega las solicitudes si no se aportan los requisitos concretos, pero varias sentencias del último año están contradiciendo su criterio y concediéndolas.
Un proceso judicial hostil
Es el caso de María, a la que el TSJ de Canarias acredita haber sido víctima pese a no contar con ninguno de los elementos específicos exigidos y agarrarse al precepto de otros medios de prueba. El fallo considera que deben evaluarse las pruebas que aportó la mujer con perspectiva de género (denuncias e informes del Instituto Canario de la Mujer), lo que implica contextualizar el caso en la época: No existía ley integral contra la violencia de género ni la suficiente sensibilización social.
“Eso dificultó que yo tuviera una sentencia condenatoria. En aquella época los jueces pensaban que eso que contábamos las mujeres eran riñas entre parejas. No, señores, este hombre venía y me intentaba ahogar con una almohada, pero la justicia nunca hacía nada”, cuenta María, que identifica su experiencia con los juzgados “con un sentimiento de total abandono y de sentir que no le importaba a nadie”. En cada juicio, dice, “yo perdía un poco la vida porque salía de allí pensando que me iba a acabar matando”.
Ahora esta sentencia no solo le otorga la pensión de viudedad a la que tiene derecho, también es una forma de reconciliarse con su pasado después de un proceso judicial tan destructivo: “Por fin la justicia se ha hecho eco de algo que fue real y por fin he sido escuchada”, reconoce. “Es muy emocionante ver que alguien se ha leído todo desde el primer párrafo hasta el último y que tengo voz después de habérmela quitado durante tanto tiempo”.
Sigue recordando claramente cuando, al poner una denuncia, el agente de policía le dijo que se trataba de una pelea o las experiencias con los abogados que intentaban llegar a acuerdos con su agresor. “Estaba cansada de que me dijeran que tenía derecho y derechos porque luego en la práctica no era así, en los juzgados esos derechos no se veían reflejados”, afirma.
Más allá del sostén económico
Aunque asegura que la situación de entonces y la de ahora son muy diferentes, cree que “todavía hay mucho que hacer” porque “a las mujeres las siguen matando”. En lo que va de año, 20 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas, según datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que mantiene un caso más en investigación.
María reconoce los fantasmas que le han perseguido durante todo el proceso para conseguir la pensión y que resume con el momento en el que tuvo que recuperar las denuncias para entregarlas en la Seguridad Social. “Estuve a punto de no seguir, pero luego pensé que quería llegar hasta el final. Y no solo por mí, sino que pensaba que podría abrir la puerta a ayudar a otras mujeres”, explica.
Además del sostén económico que representa la pensión de viudedad para María –que solo ha cotizado durante 15 años pese a haber trabajado muchos otros sin contrato– “tiene una parte simbólica que es un triunfo porque por fin se ha hecho justicia”, apunta. “Necesitaba hacer esto por mi, por mi cuerpo y por mi vida...Sentir la sensación de que me he quitado ese lastre de haber vivido esto y que nadie te creyera o te tomase en cuenta”, concluye.