El contador de la violencia machista ha alcanzado las 1000 mujeres asesinadas por hombres que eran sus parejas o exparejas en diecieséis años. La estadística oficial aún no contempla el caso ocurrido el pasado sábado en Huelva, pero sí ha registrado ya el asesinato de una mujer de 28 años en Alboraia (Valencia) este mismo lunes. La suma acentúa una realidad que tiene reflejo en los datos desde 2003, pero que no tiene en cuenta lo que hay más allá de los asesinatos. Bajo esta punta del iceberg, la expresión más extrema del problema, la violencia machista se deja ver en otras estadísticas y datos.
Datos como el más de millón y medio de denuncias registradas y las 800.000 llamadas al 016 desde 2007 o los 244 menores huérfanos arrojan más luz para radiografiar un tipo de violencia que, según la última macroencuesta, de 2015, sufre un 12,5% de las mujeres mayores de 16 años. Este tipo de estudios reflejan que la visibilidad del maltrato ha ido aumentando con el paso de los años –en 2011 lo afirmaba un 10,8% de las encuestadas y en 2006 un 6,3%–, una tendencia que también tiene su correlación en las denuncias registradas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Desde 2007, primer año en que el organismo cuenta con criterios uniformes, hasta hoy se han presentado un total de 1.658.125 denuncias. En este periodo de tiempo, la cifra ha experimentado un importante incremento (32%) al pasar de las 126.293 de entonces a las 166.961 de 2018, último año con cifras. El punto de inflexión se situó en 2014, cuando comenzaron a aumentar para no dejar de hacerlo hasta ahora. La tendencia se reprodujo también en otras variables como las órdenes de protección concedidas o el número de 'pulseras contra maltratadores' dictadas. Un lapso de tiempo que coincide con los años fuertes de la crisis, cuando la partida para la prevención de la violencia machista se redujo un 26% entre 2010 y 2015.
“Las 1.000 mujeres son solo una cifra parcial. Quienes trabajamos en juzgados, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o servicios de atención sabemos que son cientos de miles las mujeres que están siendo tratadas como muertas en vida sufriendo esta violencia”, señala Carla Vallejo, magistrada y miembro de la Asociación de Mujeres Juezas de España. De hecho, el número de denuncias tampoco refleja la envergadura real del problema porque la mayoría de mujeres sigue sin acudir a los juzgados o a la Policía. Además, la cifra solo recoge los asesinatos en el marco de la pareja o expareja y deja fuera otros casos en los que la víctima también lo fue por el hecho de ser mujer, como el de Diana Quer o Laura Luelmo.
La violencia psicológica, oculta
Según la Macroencuesta de 2015, siete de cada diez mujeres no denuncian a su agresor. Casi la mitad restaron importancia a lo sucedido o consideraron que no era lo suficientemente grave, pero también esgrimieron otros motivos como el miedo, el temor a las represalias o la vergüenza. “Las víctimas se enfrentan a un proceso tras la denuncia duro y desincentivador que hace que muchas veces se retire del proceso o que ni siquiera lo inicie”, prosigue Vallejo.
En este sentido, y según suelen poner de manifiesto las expertas y colectivos que trabajan con víctimas, el maltrato que escapa a las agresiones físicas suele ser el que más oculto permanece. “La violencia física o psicológica es frecuente, pero son tipos que están especialmente invisibilizados. Muchos operadores jurídicos no son capaces de identificarlos”, explica Aintzane Márquez, abogada de Women's Link. De acuerdo con la macroencuesta, un 25% de las mujeres ha sufrido control por parte de una pareja o expareja y un 21% violencia psicológica como amenazas, insultos o humillaciones.
Con el objetivo de implementar un primer recurso de ayuda a las víctimas antes de enfrentarse con el sistema policial y judicial, la administración puso en marcha en 2007 el teléfono de atención 016. La Ley Integral contra la Violencia de Género, aprobada en 2004, había creado todo un armazón centrado en la protección y asistencia de las mujeres que poco a poco se fue concretando en diferentes servicios: los primeros, el Sistema de seguimiento integral en los casos de Violencia de Género (VioGen), un programa que incluye a las mujeres que denuncian tras hacerles las valoración policial de riesgo y el 016. Este servicio acumula desde que comenzó a funcionar, casi un millón de llamadas, en concreto 820.146.
Un 23% más de condenas
La norma de 2004 también consignó la creación de los juzgados especializados en violencia de género, que en once años, desde 2007, han dictado 371.402 sentencias condenatorias. La cifra ha subido un 23% en los últimos diez años. Aún así, las expertas reivindican la puesta en marcha de medidas en las que “seguimos enquistados”, explica Vallejo, que demanda, entre otras cosas, equipos policiales especializados 24 horas y en todo el territorio o “la dotación suficiente” de servicios municipales de atención a víctimas, muy lastrados durante la crisis. “El Pacto de Estado contra la Violencia de Género todavía tiene que desarrollarse. Se han aprobado algunas medidas, pero estas cifras reflejan que no se puede esperar más”, opina Márquez.
En cuanto a las órdenes de protección, el sistema sigue acusando la desigualdad entre unos partidos judiciales y otros, de forma que depende de donde denuncie la víctima tendrá más posibilidades de obtener una orden de protección o no. Para Márquez esto evidencia algunos de los déficits que siguen lastrando al sistema y el por qué “detrás de esas 1.000 mujeres asesinadas lo que también son historias de desprotección”. Año tras año se suceden los casos en los que sí había denuncia, pero acaban en asesinato y aunque la cifra de medidas de este tipo acordadas se ha incrementado con el paso de los años, aún se rechaza el 30% de las solicitadas.
1.200 pulseras de seguimiento activas
Tras la creación del 016 y de VioGen, en 2009 el entonces Ministerio de Igualdad puso en marcha las llamadas 'pulseras contra maltratadores'. Desde ese año, el Centro de Control de Medidas Telemáticas de Alejamiento (Cometa) vigila el cumplimiento de órdenes de protección impuestas por órganos judiciales a través de estos dispositivos.
El uso de este último servicio ha experimentado variaciones similares al número de denuncias, puesto que tiene una relación directa con la actividad de los órganos judiciales. Desde su instalación, los dispositivos activos –las alarmas saltan en Cometa cuando el hombre incumple la medida establecida por el juez– han pasado de los 153 de 2009 a los 1.202 que hay actualmente. El servicio arrancó con incrementos, pero en 2011 comenzó a descender la instalación de esta herramienta para volver a subir a partir de 2014.
Durante este tiempo, las trabajadoras de ambos servicios, tanto del teléfono como de Cometa, han protagonizado reivindicaciones en las que exigen una modificación de las condiciones en las que deben ejercer sus funciones y denuncian que se han precarizado con el paso de los años. Por eso, el Gobierno del PSOE anunció que cambiaría los pliegos redactados por el PP por los que se adjudica el servicio a una empresa. La externalización, en opinión de las empleadas, ha acabado por imponer convenios colectivos de call center y de seguridad respectivamente, más acordes con las compañías actualmente adjudicatarias que con la naturaleza de la actividad.
Tras los 1.000 casos de estos últimos diecieséis años también hay niños y niñas que han perdido a su madre (en muchos casos, asesinada a manos de su padre) y menores asesinados por la misma causa. Las estadísticas oficiales comenzaron a contarlos en 2013, por lo que los datos solo se refieren a los últimos cinco años y medio, un lapso de tiempo en el que 244 menores de edad se han quedado huérfanos y 28 niños o niñas han sido asesinados por sus padres o por las parejas de sus madres.
Las expertas siguen reivindicando la aplicación práctica de la norma que en 2015, hace solo cuatro años, comenzó a considerarles víctimas directas de la violencia que sufren sus madres. Según la macroencuesta de 2015, el 63,6% de las mujeres que sufren violencia machista asegura que sus hijos e hijas han presenciado alguna situación de maltrato, pero “todavía falta mucho por hacer para protegerles”, apunta Márquez, de Women's Link.