Enrique Álvarez Conde, el director del máster de Cristina Cifuentes, es el administrador único de Instituto de Formación y Estudios Jurídicos SL, una empresa privada creada en 2004 que se dedica justamente a lo mismo que el Instituto de Derecho Público (IDP) adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) y que dirige también Álvarez Conde. Ambas tienen como objeto la impartición de másteres, conferencias y seminarios de Derecho.
Tanto las cuentas de su empresa privada como las de la pública son opacas. Tal y como informó eldiario.es, Álvarez Conde no muestra datos del instituto dependiente de la URJC, ni cuánto ingresa ni cuánto gasta, ni las subvenciones públicas (ni privadas) que recibe.
Además, sus cuentas están libres de fiscalización gracias a un privilegio anómalo. En un consejo de gobierno de la Universidad, siendo rector Pedro González Trevijano –hoy magistrado en el Tribunal Constitucional a propuesta del Gobierno–, se acordó que el Instituto gestionara “directamente sus ingresos y gastos sin fiscalización previa”, como recogen las memorias del IDP. Además, en 2010, también bajo el mandato de Trevijano, obtiene un CIF propio, algo absolutamente inusual en un instituto universitario, lo que le permite operar por libre.
eldiario.es ha confirmado que además Conde creó un 'alter ego' del IDP en la privada: el Instituto de Formación y Estudios Jurídicos SL. Se dedica exactamente a lo mismo que el instituto público, según la memoria de la propia empresa: su objeto social es la “formación y la investigación científica en el ámbito de las Ciencias Jurídicas y Sociales, Económicas e Informáticas. Formación que se llevará a cabo (...) a través de la realización de cursos, seminarios, másteres, conferencias, mesas redondas o la impartición, partición o colaboración en las mismas; publicaciones y, especialmente, investigadora”, además de “la prestación de servicios de asesoramiento jurídico, económico e informativo a particulares y empresas”.
Creación paralela del instituto público y la empresa
Enrique Álvarez Conde es su administrador único desde enero de 2005, el mismo año que Esperanza Aguirre aprueba el instituto público de la URJC que él mismo dirige. Domiciliada desde 2005 en la primera planta de la calle Esproceda, 38 (Madrid), en sus primeros meses de existencia la empresa tenía su sede social en la calle Tren de Arganda, 8, a quince minutos a pie del campus de posgrado de la Universidad Rey Juan Carlos en el barrio de Vicálvaro (Madrid).
Los funcionarios a tiempo completo, como es el caso de Álvarez Conde, deben pedir autorización, según la ley de incompatibilidades de la administración pública, para desarrollar actividades en la empresa privada. eldiario.es se ha puesto en contacto con el catedrático y la universidad para aclarar si se pidió y concedió este permiso sin obtener de momento respuesta.
La gestión de Álvarez Conde tanto en su empresa privada como en la pública es opaca. No presenta cuentas en ninguna de las dos, pese a que la ley le obliga en ambos casos. En la pública, tal y como reza el punto 3 del preámbulo de la Ley de Transparencia, quedan sujetas “las entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas, incluidas las Universidades públicas”. En la privada, no aportar la información es una infracción mercantil.
La SL de Álvarez Conde presentó sus últimas cuentas anuales en el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006. Entonces, apenas tuvo actividad. Declaró 5.032,23 euros de ingresos (frente a 43.261,52 euros en 2005), 7.392,78 euros de gastos, unas pérdidas de 2.360,55 euros y cero empleados. Desde entonces, la empresa no ha vuelto a presentar cuentas. Según fuentes del Registro Mercantil, este hecho no consiste en sí ninguna irregularidad siempre que la empresa no haya tenido actividad desde entonces.
Sin embargo, es plausible que sí haya tenido actividad ya que tiene incidencias abiertas por la Agencia Tributaria más recientes. En los boletines oficiales constan varios expedientes incoados a esta empresa por la Administración Tributaria en ejercicios posteriores a 2006. La más reciente se publicó en el tablón de anuncios de la Agencia Tributaria el 16 de enero de 2014 y consistió en sendas liquidaciones de deudas en fase ejecutiva. La más significativa es la notificación de una diligencia de embargo publicada en el BOE en septiembre de 2007. Según los expertos fiscalistas consultados, si ha tenido inspección ese año es muy probable que haya tenido actividad hasta el ejercicio 2012.
Entre la escasa actividad financiera que Álvarez Conde presenta del IDP hay tarifas que, a simple vista, ya se ven exorbitantes. Por ejemplo, la “Impartición del III Curso de Arbitraje”, financiado con 92.000 euros de la Comunidad de Madrid. Al ver en qué constitió este curso se puede comprobar que son 18 conferencias, la mayoría de ellas impartidas por una única persona y sin conferenciantes extranjeros que pudieran implicar gastos de transporte o de alojamiento más elevados. Según el convenio (página 71), el IDP financiaba la matrícula de los alumnos con 70.000 euros. Se tasó en 2.800 euros por alumno el precio por asistir a estas 18 charlas de dos horas y media cada una. Los otros 22.000 euros no tienen un destino claro en las memorias.
Fuentes de la Universidad han confirmado a eldiario.es que la URJC ha pedido al Instituto de Derecho Público adscrito que presente todas sus cuentas ante las sospechas de irregularidades y le da un plazo de 48 horas para hacerlo. Cuando eldiario.es preguntó a Álvarez Conde por qué no hacía pública su memoria financiera respondió que había “transparencia absoluta”, que las tiene en papel aunque no online y que las había remitido tanto a la propia universidad como a la Consejería de Educación, liderada por el también profesor de la URJC Rafael Van Grieken, quien fue vicerrector también bajo el mandato de Pedro González Trevijano.
eldiario.es ha intentado contactar con Álvarez Conde y también con su empresa privada para conocer las cuentas y actividad de esta SL y saber si le facturó algo al IDP o la URJC sin obtener respuesta.