El término “disminuido” para referirse a las personas con discapacidad desaparecerá de la Constitución por “obsoleto e injusto”. El Gobierno ha aprobado este viernes un anteproyecto para reformar el lenguaje, la estructura y el contenido del artículo 49 de la Carta Magna, cuya actualización tiene detrás la campaña #NoSoyDisminuida de la periodista Vicky Bendito y la persistencia del Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).
“Hace un par de años, estaba trabajando en el Congreso y con motivo del Día de la Constitución me invitaron a participar en un vídeo conmemorativo en el que tenía que leer el artículo 49. En ese entonces, me quedé alucinada cuando vi que hablaba únicamente de las personas con discapacidad como disminuidos que necesitan tratamiento y rehabilitación”, relata Bendito a eldiario.es.
“Ahí quedó la cosa”, sigue la periodista, que tiempo después decidió buscar si se había llevado algo a cabo respecto al tema, “aunque solo fuera una triste proposición no de ley”. Pero no encontró nada, no había nada, a pesar de que el CERMI llevaba pidiendo, sin respuesta, una reforma del art. 49 CE desde 2005. “Ha sido una demanda muy sostenida, desde que entró José Luís Rodríguez Zapatero en el Gobierno”, asegura Jesús Martín Blanco, delegado del CERMI para los Derechos Humanos y la Convención de la ONU de la Discapacidad.
El 15 de junio de este año Vicky Bendito decidió lanzar la petición “Soy sorda, no disminuida aunque lo diga la Constitución” en la web de movilización ciudadana change.org. Y la iniciativa, que ha recogido más de 81.000 firmas, junto a la vieja reivindicación del CERMI, de la mano de Jordi Xuclà, presidente de la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados, llegó a la Comisión Constitucional el pasado 3 de julio. “Tuve suerte. Llegó al señor Xuclà y él la trasladó a la vicepresidenta Carmen Calvo. A ella le pareció razonable y se mostró partidaria, ahí empieza todo el trabajo que ha llevado a trámite la reforma”.
“El 31 de octubre me llamaron para comparecer en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad, pero el trabajo de fondo lo ha llevado el CERMI. Yo solo soy una ciudadana que un día decidió que ya no aguantaba más con la palabra 'disminuido' en la Constitución y lanzó una iniciativa”, afirma la periodista, que alaba el trabajo en equipo y el consenso demostrado por todos los partidos políticos en esta Comisión: “Han demostrado una sensibilidad enorme y una implicación absoluta. Ha sido una demostración de trabajo en equipo y de consenso. Tremendo, muy loable”.
La reforma
Cabe señalar que el proyecto de reforma es más profundo que la eliminación de un término, su reconsideración y sustitución. “Va más allá”, dice Bendito, que añade que “el artículo está redactado desde un punto de vista médico-rehabilitador y asistencial”.
“El artículo de la Constitución utiliza una expresión totalmente caduca y obsoleta que se refiere a nosotros como un adjetivo y que no recoge la cuestión más importante de las personas con discapacidad: el sustantivo 'personas'. Estamos relegados en el texto constitucional”, expone Martín Blanco.
El art. 49 CE reza:
“Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos”.
La nueva redacción va encaminada a la consideración de “personas” y a que se garantice de forma real y efectiva sus derechos tal y como lo hace la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Tratado que España ratificó el 3 de diciembre de 2007 junto a más de 80 países, y una firma tras la que Vicky Bendito se sorprende de que la Constitución haya seguido recogiendo la expresión “con una indudable carga negativa”.
El delegado del CERMI subraya el “desfase entre la mirada asistencialista y proteccionista del artículo actual y la Convención, que habla de empoderar, capacitar y dar protagonismo a las personas con discapacidad”. En la reforma se han de fijar los objetivos de autonomía, inclusión social, diálogo civil, participación en las políticas públicas y libertad de elección. También la mirada a la igualdad de género: “Que la situación de especial vulnerabilidad de las mujeres y las niñas con discapacidad y la atención específica de sus necesidades estén expresas en alguna alusión”.
El 'nuevo' art. 49 CE formula:
“1) Las personas con discapacidad son titulares de los derechos y deberes previstos en este título en condiciones de igualdad real y efectiva, sin que pueda producirse discriminación.
2) Los poderes públicos realizarán las políticas necesarias para garantizar una vida participativa, autónoma e independiente a las personas con discapacidad.
3) Se regulará la protección reforzada de las personas con discapacidad para el pleno ejercicio de sus derechos y deberes.
4) Las personas con discapacidad gozan de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos.“
Camino por recorrer
“Ahora las personas con discapacidad estudiamos y nos formamos. ¿Por qué solo el 3% de las personas con discapacidad llega a la universidad y únicamente una de cada cuatro personas con discapacidad tiene trabajo?”, reflexiona Vicky Bendito. “No es porque no quieran, sino porque no pueden. No hay la accesibilidad que nos permitiría ser más autónomos”, aclara.
“Hace 40 años el art. 49 CE fue un gran paso para las personas con discapacidad, porque por primera vez teníamos un sitio en algo tan importante como la Constitución. Nadie va a quitarle el mérito a eso”, continúa la periodista. “Pero hay que dar otro paso más, la sociedad ha avanzado y ha evolucionado. Una vez que la reforma se apruebe queda mucha pedagogía de la discapacidad por hacer”, concluye.
La aprobación de este anteproyecto, que todavía debe ser aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados y del Senado, llega apenas un día después de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la Ley Orgánica de modificación de la Ley del Régimen Electoral General (Loreg) que permitirá a todas las personas con discapacidad, sin exclusiones, ejercer su derecho a voto.
Una noticia importante para la democracia y los derechos civiles, y “otro paso de gigante para la ciudadanía con discapacidad”, celebran en el CERMI. “Ahora la democracia se va a construir con las manos de todas y de todos. El precepto que define al Estado español como social, democrático y del derecho es una expresión que ahora va a adquirir de verdad todo su significado”, sentencia Martín Blanco.