El documento que acredita que las mascarillas por las que Madrid pagó 32 millones de euros no filtran lo suficiente

El documento lleva el sello del Instituto Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo, y es taxativo: las mascarillas que reparte la Comunidad de Madrid a sus ciudadanos no filtran lo suficiente. Cuatro de las cinco muestras analizadas por los especialistas del Centro Nacional de Medios de Protección no tenían la calidad suficiente para considerarse KN95 –o FFP2, según los estándares europeos–, que es la categoría con la que están etiquetadas.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso compró al proveedor chino Wenzhou Haoshuo Home Textile Co. 14 millones de estas mascarillas como si fueran de uso sanitario –de ahí que la presidenta las describiera como “las mejores”– y de acuerdo con los análisis algunas de ellas no llegan siquiera a tener calidad suficiente para ser consideradas mascarillas higiénicas o quirúrgicas, las de menor protección. Por ellas la administración madrileña pagó 34 millones de euros, de acuerdo con la información suministrada por la propia Consejería de Sanidad. Es decir, pagó 2,26 euros por cada una de estas mascarillas que filtran como una normal, cuyo precio en las farmacias fue fijado en 0,96 céntimos. Menos de un euro.

El informe oficial solicitado por la asociación de consumidores Facua detalla los fallos que evidencian las muestra analizadas y el procedimiento que se ha seguido en las pruebas. Por ejemplo, explica que se ha realizado un “ensayo de penetración con cloruro de sodio (en estado de recepción)”, como indican las normas UNE-EN 149:2001+A1:2010 aplicable a “medias máscaras filtrantes” y UNE-En 13274-7:2998 sobre “equipos de protección respiratoria”. Es decir, se expone a la mascarilla a un aerosol con cloruro de sodio para comprobar cuántas de estas pequeñas gotas son filtradas y cuántas consiguen atravesarla.

El resultado es elocuente: después de 3,5 minutos, cuatro de las cinco mascarillas dejan pasar más gotas de lo adecuado. Solo una de ellas, con casi un 5% (4,976%), se sitúa por debajo del umbral legal, que es del 6%. El resto arroja unos resultados de 11,14%, 26,9% hasta llegar al sorprendente 39,8% de una de las muestras. El documento al que ha tenido acceso eldiario.es señala cuáles son los límites para cada uno de los tipos de mascarillas en el mercado: un 1% de filtración en el caso de las más avanzadas, las FFP3, un 6% para las FFP2 (como las de Madrid) y un 20% para las menos sofisticadas, las FFP1. Es decir, solo una cumple con los estándares para FFP2 y dos de ellas ni siquiera alcanzan el nivel para ser FFP1.

Problemas con los permisos y con las recomendaciones

Las mascarillas que han venido desde Asia en una bolsa plástica con la bandera de Madrid y el hashtag #Adelantemadrid llegaron ya con algún problema: las certificaciones y sellos necesarios tenían sospechosos errores. Todo indicaba que se trataba de otra venta irregular en un mercado revolucionado por la pandemia y en el que las prisas por hacerse con equipos de protección había acabado con varios países –incluida España– y también comunidades autónomas engañadas por los proveedores internacionales.

Por eso Facua solicitó un análisis del material que los madrileños reciben gratuitamente en las farmacias con su DNI o tarjeta sanitaria. El INSST, dependiente del Ministerio de Trabajo, fue el encargado de realizarlo. La fecha de realización consignada es entre el 15 y el 20 de mayo. La principal conclusión, además de la escasa calidad de las mascarillas, es que arrojan “una gran dispersión de resultados que no permite una clasificación”. Es decir, el abanico de resultados es tan amplio que no pueden ser consideradas dentro de ninguna categoría.

“La Comunidad de Madrid ha recomendado que se utilizaran como FFP2, e incluso dijo que podían usarse durante 48 horas alternas, cuando la OMS habla de cuatro horas y organismos como el Centro de Control de Enfermedades (CDC) recomiendan ocho horas como máximo”, explica Rubén Sánchez, de Facua. “Las han presentado como lo que no son porque les han engañado, pero eso no es lo grave: lo grave es que después de conocer los resultados no han hecho absolutamente nada”. La petición de la asociación era al menos reetiquetarlas o cambiar las indicaciones, para que no inviten a un uso inadecuado.

Ayuso se ha limitado a decir que las mascarillas fueron criticadas por “demasiado buenas” y ahora que parece que son “demasiado malas”. Se refería a las voces que indicaban que las FFP2 están indicadas para personal sanitario, no para la población general. Sobre su calidad, ha defendido que tienen un certificado en China, “que es donde se han elaborado”. E insistió en que “duran varios días”.

No aclaró nada sobre por qué no habían sido analizadas en España antes de entregarse. “Algún parlamentario del PP ha afirmado incluso que el estudio no es válido por no ser independiente. Pero este es un instituto oficial. Madrid dijo que las había mandado a analizar cuando saltó el escándalo hace una semana, pero no tenemos noticias. No sé si las conclusiones a las que llegan también son negativas y por eso no las hacen públicas”, sostiene Sánchez.

El problema para la asociación de consumidores es que no pueden pedir su retirada porque no son artículos a la venta. Para el portavoz de Facua Madrid tenía “la responsabilidad política, moral sanitaria de analizarlas antes de repartirlas”, y ahora de “responder ante los resultados de estas pruebas e informar correctamente a los ciudadanos, dejando de lado la prepotencia”.