El Defensor del Pueblo ha hecho público este viernes su informe Una respuesta necesaria, en el que reconoce que la Iglesia católica ocultó casos de abusos en su seno y reclama la creación de un fondo estatal para el pago de indemnizaciones a las víctimas. En sus más de 700 páginas también recoge una encuesta de GAD3 que estima que el 0,6% de la población ha sido agredida sexualmente por un sacerdote o religioso católico y un 1,13% ha sido abusada en un ámbito religioso —supondría unas 450.000 víctimas en todo el país—, no necesariamente por personas consagradas.
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