Tras arder 60.000 hectáreas de monte en Zamora en un mes, al consejero de Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez Quiñones, se le han atragantado las críticas generalizadas sobre la deficiencia de su operativo antincendios y ha salido este lunes a culpar a los ecologistas “y sus nuevas modas” de los fuegos forestales en la comunidad. “Una cortina de humo para desviar el foco de la precariedad de medios”, coinciden los ecologistas. Porque lo cierto es que todas las competencias de gestión del fuego las tiene la Junta gobernada por PP y Vox en coalición.
¿Qué modas? “Respecto a la limpieza de las riberas de los ríos. Dificultan la limpieza de los montes”, contestaba el consejero. “En Castilla y León no hay ninguna prohibición para hacer trabajos forestales más que evitar cosechar y usar alguna maquinaria en época de alto riesgo para evitar chispas”, explica Nuria Blázquez, portavoz de Ecologistas en Acción en la comunidad.
“Ahora mismo donde hay que poner el foco es en mejorar el operativo de Castilla y León que es visto como uno de los peores del Estado, de los más precarios”, abunda Blázquez que señala que esta corriente de culpar al ecologismo ha brotado “ya en Extremadura”. Precisamente la portavoz de Unidas por Extremadura –la coalición de Unidas Podemos en esa comunidad–, Irene de Miguel, también ha detectado esa tendencia, tal y como explicaba este fin de semana en una tribuna en elDiario.es.
Quejas de los bomberos en junio
En realidad fueron los propios bomberos forestales de la Junta los que encendieron la alarma sobre las malas condiciones de trabajo ya en junio pasado durante el incendio de la sierra de la Culebra. El 22 de junio, estos operarios se manifestaron en Las Cortes de Castilla y León una vez sofocadas las llamas. Este martes, la Fiscalía ha abierto diligencias tras una denuncia de CCOO contra el consejero por la gestión de ese fuego.
Pese a todo, no hubo gran respuesta gubernamental. Este julio, los mismos bomberos evidenciaban la pobre logística con la que cuentan al mostrar el exiguo avituallamiento que les llegaba desde el Gobierno de Castilla y León. La Junta despreció estas quejas. La organización del cocinero José Andrés acudió a la zona –entre críticas de la extrema derecha– a dar de comer a los bomberos, lo que evidenció aún más las deficiencias de la gestión del dispositivo.
“Me parece una irresponsabilidad y es desviar el foco de su responsabilidad hacia quienes estamos alertando de las causas profundas de los incendios”, explica Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF. Del Olmo analiza que “Castilla y León tiene un desafío muy importante porque tiene mucha extensión y mucha despoblación, pero ha demostrado una falta de previsión muy grande que no se tapa acusando a los que no tenemos competencias. Porque, por si la opinión pública no lo sabe, las ONG no tenemos ninguna competencia. Es la Junta la que tiene la obligación de dignificar a los bomberos”.
La directora ejecutiva de SEO-Birdlife, Asunción Ruiz, considera que el consejero “ha dado un patinazo importante en fondo y forma”. Y luego lamenta: “Es triste que entienda así su responsabilidad de prevenir y apagar los incendios, acusándonos como culpables cuando es momento de actuar con diligencia y no eludir responsabilidades equivocando el enemigo”.
“¿Qué capacidad de influencia tiene una organización como Ecologistas en Acción sobre la Junta? Ellos pueden hacer lo que quieran y no son capaces ni de mantener desbrozados los cortafuegos”, añade Nuria Blázquez sobre el Gobierno de Castilla y León, en manos del PP desde el año 1987.
El responsable de la campaña de bosques en Greenpeace, Miguel Ángel Soto, subraya que la persona que les ha acusado “es un consejero y una comunidad autónoma en la que, después de un verano anticipado, con un mayo cálido, una sequía evidente y una ola de calor que no es sorpresa porque estaba anunciada, el operativo de extinción no estaba al 100%”.
Y prosigue: “Puede que haya alguna polémica sobre alguna labor o trabajo, pero para decir que estamos contribuyendo a los incendios, cuando en Castilla y León la época de máximo riesgo todavía se activa el 1 de julio ahora que cualquiera sabe que los veranos se adelantan, que las olas de calor se multiplican... Y él es el responsable de que esa legislación siga así y de mantener los medios”.
El propio consejero Suárez Quiñones opinaba hace solo cuatro años que “mantener el operativo de incendios todo el año es absurdo y un despilfarro”, como declaró en una entrevista a El Mundo-Diario de Valladolid. “Están necesitados de quitarse responsabilidad y es un poco mezquino”, añade Soto. “¿De quién es la responsabilidad de la contratación? ¿Y las condiciones? Está diciendo que es caro, claro. Y resulta que el problema son los ecologistas”.
Es dejar caer la culpa que luego se hace bola e incide en una población indignadísima: hace falta un responsable y ellos culpan a los ecologistas
En WWF y Greenpeace coinciden en considerar necesaria una gestión de los montes con un ojo puesto en los incendios. “Llevamos muchos años alertando de que proliferaban los grandes incendios, de que era necesario ayudar al mundo rural, promocionar la ganadería extensiva y el paisaje mosaico... vimos que venía algo así”, explica Del Olmo.
El peaje de gobernar con negacionistas
“Nosotros no estamos diciendo que no se ordene el monte. Pensamos que hace falta una dinamización en el medio rural y que una parte de la biomasa de los bosques se saque y se use con fines energéticos...”, suma Miguel Ángel Soto. Pero, para el experto de Greenpeace, el PP en Castilla y León, “gobierna con un grupo negacionista del cambio climático. Tienen ese problema”.
Nuria Blázquez, en esa línea, cuenta que lo que ha hecho Sánchez Quiñones “es insinuar, dejar caer la culpa que luego se hace bola e incide en una población indignadísima: hace falta un responsable y son los ecologistas”. Asunción Ruiz añade que “acusar a los que llevamos décadas avisando del riesgo de los incendios es una verdadera cortina humo”.
“Es un discurso que empieza a generalizarse como se puede ver en Brasil, Rusia o Hungría: se trata de criminalizar las organizaciones medioambientales”, insiste Juan Carlos del Olmo. “Más allá de la anécdota de un consejero que ha salido como ha podido de las críticas, me preocupa el mar de fondo. Que cale, como también ocurre contra el movimiento feminista”.