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Hasta 326 edificaciones se comen parte de la costa en dos tercios de las playas del Mar Menor. El inventario incluye viviendas, hoteles, restaurantes o kioscos que se asientan y ocupan el Dominio Público Marítimo-Terrestre en 43 de las 66 playas del ecosistema, según recoge el Plan de protección del borde litoral elaborado por el Ministerio de Transición Ecológica.
La degradación y colapso ecológico que padece la laguna litoral murciana tiene entre sus causas reconocidas, por un lado, la contaminación de las aguas por los vertidos que se filtran desde las explotaciones mineras sin restaurar, las granjas ganaderas y la agricultura de regadío. Por el otro, el urbanismo acumulado durante décadas cuya presión “ha sido tan fuerte que no ha tenido en cuenta el propio ecosistema urbano que iba generando”. Es decir, se ha expandido más allá de los límites con lo que “ha reducido al mínimo la franja de transición tierra-mar”, escribe el informe.
En resumen, las urbanizaciones, en su crecimiento, se han comido las playas alrededor del humedal en un proceso que los ingenieros denominan gráficamente “invasión” por situarse los edificios sobre la misma arena y causar incluso la desaparición de la propia playa. El litoral ha padecido esta ocupación y ha perdido su efecto protector ante temporales como evidenció el encadenamiento de episodios destructivos que soportó la costa murciana en el último trimestre del año pasado.
La mayoría de los edificios que ocupan ese dominio, considerado oficialmente “parte esencial del patrimonio natural”, son viviendas: 248 según el listado elaborado por la Dirección General de Costas. Algunas playas como la de Los Nietos cuentan 83 construcciones dentro de esta línea litoral. La del Lebeche tiene 36, la de Levante, 21, la de Matasgordas 13 o la del Banco del Tabal 16. Hay muchas más con entre uno y cuatro edificios de viviendas con estas características. Luego se han identificado 42 chiringuitos, cuatro restaurantes y hasta un aparcamiento de coches. Con todo, y aunque el plan reconoce que “la recuperación del dominio público es una de las prioridades”, este listado no implica “la legalidad o ilegalidad” de las construcciones.
La invasión de la costa se ha realizado, en ocasiones, con el visto bueno de las autoridades. Así, por ejemplo, los permisos concedidos antes de la ley de costas de 1988 tuvieron que mantenerse. Este problema obligará a determinar la situación legal de cada ocupación y “en el caso de resultar ilegales se debe proceder a la recuperación”, han escrito los técnicos del Ministerio. Sin embargo, el mismo plan admite que la demolición de construcciones, aunque es la alternativa “óptima desde el punto de vista técnico y medioambiental (…) se enfrenta a graves problemas sociales y humanos muy difíciles de abordar”.
El panorama es pues que, alrededor de la laguna del Mar Menor existen 66 playas de las que solo 23 se han librado de que la línea de costa que debería estar, en teoría, libre, se viera ocupada. Ahora que el cambio climático hace crecer el nivel medio del mar y con ello quedan alterados los antiguos límites de las mareas, Transición Ecológica pretende revisar la línea costera “con criterios más exigentes desde el punto de vista medioambiental, al objeto de incorporar al Dominio Público Marítimo-Terrestre los terrenos con características naturales propias del mismo”. Es decir, que la costa sea costa.
Otros problemas identificados en el litoral del Mar Menor y La Manga son la descompensación de los sedimentos en las playas que ha provocado la proliferación de puertos –y que provoca que la arena se acumule en un lado mientras se erosiona en el opuesto– y la interrupción de la llegada de sedimentos por las infraestructuras. El informe señala específicamente las golas (compuertas) que comunican el Mar Mediterráneo con el Mar Menor.
Las dos compuertas artificiales abiertas en La Manga con fines náuticos son una de las causantes de la pérdida del carácter natural de la Laguna. Han alterado la salinidad y la temperatura. Al abrirse mucho para que puedan pasar embarcaciones de recreo, entra mucha agua del Mediterráneo. Además, estas golas se han convertido en un sumidero de sedimentos que salen de las playas con lo que agudizan la erosión. Costas recomienda aislarlas para que no se coman la arena de las playas ya menguadas de por sí.
Las golas artificiales sirven al sector náutico de recreo, que se ha multiplicado en el Mar Menor. Allí están censadas más de 2.300 embarcaciones fondeadas, 55 fondeaderos no regularizados, cuatro puertos deportivos y 11 clubes, según recuenta Costas. Eso implica un fondeadero cada 1,3 kilómetros de costa y un puerto cada cinco kilómetros. “El impacto es muy importante” por lo que el plan pide remodelarlos para atenuar el daño que provocan e incluso “reducir el número de embarcaciones a motor dentro de la Laguna”.
Además de la costa, el Gobierno ha lanzado un mensaje al Gobierno de la Región de Murcia sobre la recuperación ambiental que deberá acometerse en el Mar Menor. Transición Ecológica admite que tendrán que abordarse trabajos para eliminar la contaminación acumulada en el Mar Menor a lo largo de los años, pero que ese rescate ecológico no comenzará hasta que se detengan los vertidos tóxicos a la Laguna. No sería razonable, aseguran fuentes de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, la retirada de fangos y lodos contaminados si sigue habiendo vertidos que llegan al humedal.
En este sentido, la Fiscalía de Medio Ambiente requirió al Ejecutivo murciano el pasado mayo para que identificara y activara expedientes contra los responsables de los vertidos tóxicos. Transición Ecológica afirma que dos meses antes había pedido lo mismo al Gobierno de Fernández Miras (PP) sin obtener respuesta. La portavoz regional, Ana Martínez Vidal, ha asegurado que los procedimientos ya se han puesto en marcha.
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