El Ministerio de Empleo toma medidas para impedir que su propia decisión de cambiar la codificación de los contratos a los investigadores predoctorales afecte a los científicos. Tras una reunión interministerial, la cartera que dirige Fátima Báñez ha solicitado a la Conferencia de Rectores que acredite que los contratos con el código 420 –en prácticas a efectos de Seguridad Social– duran más de dos años para que los investigadores puedan tener acceso a la tarjeta sanitaria europea. Ahora solo pueden tener un certificado de 90 días.
Los contratados en prácticas no tienen acceso a esta tarjeta porque su contrato dura lo mismo que el periodo de vigencia de cada renovación de la tarjeta. Esto ocasiona que se deniegue automáticamente si lo que queda de contrato es inferior a esos dos años. Para evitar que pase, Empleo pide a las universidades que dispongan oficialmente que estos contratos predoctorales tienen una duración superior, aunque lleven el código en prácticas, lo que implica que pueden extenderse por un tiempo máximo de dos años.
Fue precisamente la denegación de la tarjeta sanitaria europea lo que puso en alerta a los investigadores predoctorales, que no fueron avisados del cambio de codificación, que se ha hecho además con efecto retroactivo en su vida laboral. Esta forma de proceder del Ministerio de Empleo ha generado muchas protestas en la comunidad investigadora y fuertes críticas de parte de los sindicatos y algunos expertos laboralistas, que consideran ilegal esta modificación por haberse hecho en las prórrogas de un contrato inicial que decía otra cosa.
El Ministerio también ha preguntado a las universidades, abriendo la puerta a un posible cambio, a que especifiquen tras hablar con los representantes sindicales qué código creen que se adecúa mejor a estos contratos predoctorales para los que en su día no se creó un código de la Seguridad Social específico, lo que ha sido la base del lío administrativo de fondo.
La cartera de Fátima Báñez insiste en que, excluyendo la cuestión de la tarjeta sanitaria, el cambio de códigos no implica ninguna merma en los derechos laborales de los jóvenes investigadores becados con fondos del Ministerio de Educación y de Economía.