Enfermedades crónicas y una salud pública debilitada se unen a la COVID-19 en una “tormenta perfecta” de letalidad

La COVID-19 ha multiplicado sus efectos devastadores sobre la salud al haberse combinado con la epidemia de enfermedades crónicas que padece el mundo. Una epidemia empeorada por los fallos de los sistemas de salud pública encargados de anular los factores de riesgo que las exacerban como el tabaquismo o la obesidad. La COVID-19 supone una sindemia que junta la infección del nuevo coronavirus con la expansión de otras patologías en una especie de tormenta perfecta contra la salud, según un reciente macro estudio publicado en The Lancet.

La investigación, que ha analizado 286 causas de muerte, 369 enfermedades y 87 factores de riesgo en más de 200 países entre los que está España, concluye que, durante los últimos 30 años, se ha abonado un terreno en el que, ahora, la COVID-19 ha podido multiplicar sus efectos nefastos: las poblaciones viven cada vez más años, pero no se incrementa al mismo ritmo la salud de esas personas con más edad. Padecen más patologías crónicas como la diabetes, la enfermedad isquémica cardiaca o la renal crónica. Los factores que las favorecen no se atajan suficientemente. “Aunque debe atenderse al control de la transmisión comunitaria del SARS-CoV-2 y la protección de los más vulnerables, el éxito exigirá una estrategia que afronte la interacción del virus con las patologías no contagiosas y las desigualdades sociales” añade la publicación.

¿Qué está deteriorando la salud?

La revisión de parámetros que publica The Lancet muestra que hay diez enfermedades principales que están haciendo perder salud a las personas. Y seis de ellas afectan a los adultos más mayores: la cardiopatía isquémica, la diabetes, los ictus, la enfermedad renal crónica, el cáncer de pulmón y la sordera por edad avanzada. El estudio calcula que los años de vida sana que se pierden ya sea por enfermedad, discapacidad o muerte prematura debido a la cardiopatía han crecido un 50% desde 1990. Un 148% por la diabetes, un 32% por ictus y un 62% por el cáncer de pulmón.

España entra de lleno en este terreno ya que las principales causas de muerte en el país son, precisamente, las cardiopatías, el ictus, la diabetes y el tumor pulmonar además del alzhéimer, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. El resto de las patologías indicadas por la revista son el sida, los desórdenes musculoesqueléticos, la lumbalgia, y la depresión.

Una de las evidencias que ha dejado ya la actual pandemia de COVID-19 es que la infección es especialmente letal en personas que presentan patologías previas como las reseñadas. “Las enfermedades no contagiosas han desempeñado un papel fundamental en el número de más de un millón de muertes causadas por COVID-19 hasta la fecha”, ha reflexionado el doctor Richard Horton, profesor honorario de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical del University College de Londres y editor de The Lancet.

Los factores de riesgo

El estudio se ha fijado no solo en las propias enfermedades sino en los factores de riesgo que han favorecido la expansión mundial de todas ellas: desde el tabaquismo a la contaminación del aire. En España, el principal factor de riesgo en cuanto al número de muertes atribuibles es la hipertensión con 72.000 muertes achacables en 2019. Después está el tabaco, con 69.900 muertes, la hiperglucemia con 54.400, los riesgos conectados con la alimentación con 42.900 y la obesidad con 42.000 fallecimientos, según el estudio.

En este sentido, la Agencia Europea de Medio Ambiente calculó que se producían 400.000 muertes prematuras en Europa atribuibles a la contaminación atmosférica. Algunos estudios han establecido relación entre la gravedad de los casos de COVID-19 y las zonas que soportan peores índices de polución por el diésel.

Los autores, cuya investigación ha sido financiada por la Fundación Bill y Melinda Gates, afirman que una manera muy eficaz de prevenir todas esas enfermedades que menoscaban la salud es “la modificación de los factores de riesgo, ya sean ambientales, de comportamiento o metabólicos”. En este sentido, la profesora del Instituto de Métrica y Evaluación de la Salud (IHME) de la Universidad de Washington, Emmanuela Gakidou, añade que “los gobiernos deberían colaborar a nivel mundial en iniciativas para hacer que los comportamientos más saludables estén al alcance de todos”. La investigadora no se limita a pensar en campañas informativas sobre los daños que conllevan estos riesgos: “No es suficiente. Cuando existe un riesgo importante para la salud de la población, como la obesidad, puede ser necesario que el gobierno adopte medidas coordinadas por medio de la regulación, los impuestos y los subsidios”.

La hipertensión, el exceso de azúcar en la sangre, el índice de masa corporal alto, el consumo de alcohol y la contaminación por partículas están incrementándose a razón de un 0,5% anual en todo el mundo, explican. En España, la última regulación de tabaco que entró en vigor 2011 consiguió bajar el consumo diario a un 29% de la población, aunque la última encuesta del Ministerio de Sanidad evidenció que se está produciendo un repunte del hábito hasta llegar al 34%, más que cuando se aprobó la ley. Respecto a la obesidad, un cuarto de la población tiene este problema y el ritmo de crecimiento se acelera. “La mayoría de estos factores de riesgo son evitables y aportaría enromes beneficios socioeconómicos”, subraya Christopher Murray, director de la investigación.

Fallos en el sistema de salud

Los investigadores han concluido que los sistemas de salud pública, al no conseguir revertir los factores de riesgo que exacerban las enfermedades, “están dejando vulnerables a las poblaciones ante urgencias médicas como la COVID-19”. Lo cierto es que la salud pública ha padecido una desatención por parte de los gestores sanitarios, al menos en España, que la pandemia del nuevo coronavirus ha puesto en evidencia. Exigidas ahora al máximo, las políticas de salud pública han sido las grandes olvidadas durante décadas.

Cada año desde 1988, los servicios de Salud Pública en España han recibido, de media, el 1,1% de toda la inversión sanitaria, según la Encuesta de Gasto Sanitario Público. En 2018 (las últimas Cuentas consolidadas), todo el Sistema Nacional de Salud, entre comunidades autónomas y Gobierno central, dedicó 798 millones a estos programas, el 1,1% del gasto total. El Estado invirtió 101 millones (el 16,2% del presupuesto del Ministerio de Sanidad) y 684 millones las autonomías que tienen la mayoría de las competencias (el 1% de sus presupuestos sanitarios).