La polémica ya está servida cuando falta poco para que arranque el curso escolar. Los planes del Gobierno de fomentar “una educación en valores” en la etapa de Educación Primaria con la aplicación de la LOMLOE, la nueva ley educativa, han hecho salir en tromba a los sectores más conservadores con su acusación estrella: el “adoctrinamiento” en las aulas. El Partido Popular, que lidera esta oposición, considera que la nueva asignatura de Valores Cívicos y Éticos y el resto de contenidos relacionados que el Ministerio de Educación prevé incorporar en diferentes asignaturas a partir de 2022, son una forma “de introducir ideología en las aulas” y que “la única intención” del Ejecutivo es “apoderarse de la educación”, han dicho varios de sus líderes.
No es algo nuevo. Se trata de una acusación esgrimida por la derecha que tiene su reflejo en la promoción por parte de Vox del veto parental, pero que ha emergido con fuerza estos días a raíz de conocerse el borrador del Real Decreto de ordenación y enseñanzas mínimas de Educación Primaria, adelantado por El Mundo. El documento ya está en poder de las comunidades, pero no es definitivo todavía porque deben hacer aportaciones. Algunas como la Comunidad de Madrid o la Región de Murcia ya han advertido públicamente de su firme oposición e incluso han señalado que desafiarán la ley. “En Madrid, haremos todo lo que esté en nuestra mano para evitarlo”, avisó el consejero de Educación del Gobierno de Isabel Díaz-Ayuso, Enrique Ossorio.
Voces expertas en educación y pedagogía insisten, sin embargo, en que la educación debe ir más allá de la enseñanza puramente académica y ven “crucial” que en las aulas se integren contenidos vinculados “a valores fundamentales” como “la empatía, la solidaridad o la igualdad”, aquellos “que nos representan como sociedad”, explica Pilar Gargallo, presidenta de la Federación de Movimientos de Renovación Pedagógica de Catalunya. “Sin ello no podrían impartirse los contenidos, si no trabajamos estos valores en las aulas, lo demás no entra. Claro que lo académico es importante, pero ¿cómo lo das si entre el alumnado no hay un clima de respeto y de convivencia? La escuela debe mostrar cómo vivir en sociedad, una sociedad que es plural y diversa”, completa la experta.
La propuesta del Ministerio de Educación y Formación Profesional, ahora dirigido por Pilar Alegría, hace una clara apuesta por incorporar en los currículos contenidos relacionados con el respeto por la diversidad, la igualdad de género de forma transversal, “la armonía con los demás” o la educación emocional. Así, la nueva asignatura de Valores Cívicos y Éticos, obligatoria para el tercer ciclo de Primaria y que ha hecho renacer los argumentos usados contra la Educación para la Ciudadanía impulsada por José Luis Rodríguez Zapatero, prevé fomentar en los más pequeños “el autonoconocimiento y desarrollo de la autonomía personal”, “la comprensión del marco social de convivencia”, las “actitudes compatibles con la sostenibilidad y el entorno” y “la educación de las emociones”.
En la actualización de los currículos gana peso “el respeto por las minorías y las identidades étnico-culturales y de género”, la realidad LGTBI, el “multiculturalismo”, la “cultura de paz y no violencia”, las conductas orientadas al “respeto” o la “empatía” y las vinculadas al autoconocimiento, el consumo responsable o la educación para la salud, con un impulso fuerte de la educación afectivo-sexual. Todo ello con el objetivo de que el alumnado “adopte un compromiso activo con los principios y normas que articulan la convivencia democrática”.
Además de ejercitar el cuerpo y fomentar la actividad deportiva, la asignatura de Educación Física prevé poner énfasis en la propia autoestima o la alimentación saludable, y Conocimiento del Medio en el respeto por el entorno o la importancia de ser “agentes de cambio ecosocial” con el objetivo de “construir un mundo más justo, solidario, igualitario o sostenible”. La perspectiva de género o la adquisición de “destrezas emocionales” en el aprendizaje de Matemáticas ha sido una de las ideas más ridiculizadas por los sectores conservadores, pero reclamada desde hace años por las científicas con el objetivo de impulsar estas vocaciones en las niñas.
“Impulsar una sociedad del mañana mejor”
Para Enrique Díez, profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de León, estos contenidos son claves para la apuesta educativa: “La vida y la educación no pueden ser dos mundos ajenos. La finalidad fundamental del sistema educativo es el desarrollo como personas y miembros de la comunidad, y educar para la vida significa avanzar en la construcción de un mundo más justo y mejor, cuidando de los seres humanos y del planeta. Mucho más importante que las puntuaciones en matemáticas y en ciencia en las evaluaciones de PISA es la implicación de la generación siguiente en el mantenimiento de una democracia real y en la construcción de una sociedad más justa. Si no enseñamos esto, ¿para qué sirve realmente la educación?”, se pregunta. Coincide Gargallo, que define el aula, junto a la familia, como “el centro neurálgico y un foco de socialización entre iguales y de aprendizaje para la vida”.
Por su parte, el Partido Popular ha respondido a las propuestas con la promesa de impulsar una nueva ley educativa contra “el adoctrinamiento”. Su alternativa se basa, según han publicitado estos últimos días, en “la libertad de elección de centro”, “el castellano como lengua vehicular” y una “erradiación de la ingeniería social educativa de la izquierda”. Esta batería de puntos es la que varios líderes del PP, entre ellos Pablo Casado, han difundido en Twitter. Otros dirigentes populares, como Enrique López, consejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, han insistido en que los valores que debe “defender” la escuela son “los que establece la Constitución” y lo demás “es querer introducir la ideología en las aulas”.
Lo que opinan las voces expertas consultadas es que es precisamente del articulado de la propia Carta Magna o de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las que derivan los contenidos propuestos y difícilmente podrá hablarse de igualdad o equidad sin hacer referencia a las diferentes discriminaciones que aún siguen operando en la sociedad. “Estos valores deben ayudar a nuestros niños, niñas y jóvenes a integrarse en una sociedad que debe ser rica en valores, en la que se debe respetar la diversidad sexual y de género, racial o étnica”, cree Cynthia Martínez Garrido, profesora de Métodos de Investigación y Evaluación en Educación de la Universidad Autónoma de Madrid. El objetivo, explica la experta, es doble: por un lado, “combatir” la segregación que todavía existe en la escuela, por otro “impulsar una sociedad del mañana mejor”.
También Díez, docente en la Universidad de León, apunta a lo mismo: “La escuela es el lugar para educar en conocimientos científicos y en los valores cívicos y universales que responden a los derechos humanos. Y la igualdad entre hombres y mujeres, el cuidado de los seres y del planeta, la convivencia y empatía emocional con el diferente o el respeto a la diversidad forman parte de esos derechos humanos”.
Nada nuevo: un debate que es “ruido” político
Coinciden las expertas también en que las leyes vigentes en España ya obligan al fomento de estos conocimientos y valores, aunque ahora se busque reforzarlos, pues “se trata de valores universales que se vienen incluyendo en el currículo desde hace tiempo”, aclara Díez. “No estamos hablando de nada nuevo”, añade Martínez, que reclama frente a las acusaciones de “adoctrinamiento” que la sociedad “confíe en la labor del profesorado”. A lo mismo apunta Gargallo, de la Federación de Movimientos de Renovación Pedagógica de Catalunya, que pide “confianza en la profesionalidad docente y el compromiso ético que tenemos como profesionales” y lamenta que el debate esté siendo “político” y no “pedagógico”, lo que, asegura, “no nos lleva a ninguna parte”. “Tiene más que ver con el ruido político que otra cosa”, complementa Martínez.
Sobre todo, porque mecanismos para impedir el “adoctrinamiento” o la mala praxis en las aulas ya existen, insisten las expertas. “Puede que haya algún sitio en el que alguien quiera marcar su doctrina y su dogma, pero eso el propio sistema ya lo impide”, explica Gargallo. Estas vías son la detección por parte de la propia comunidad educativa a través del Consejo Escolar, la Inspección Educativa, en la que se pueden plantear denuncias, o los propios proyectos educativos del centro, enumera la experta. “Parece que quienes se oponen a esto lo que quieren es marcar una única línea y apuestan por la uniformidad, pero España es muy plural y no es uniforme. Y eso hay que vivirlo, compartirlo y respetarlo. También en las aulas”, concluye.