En España, un menor que ha sufrido abusos sexuales tiene hasta los 33 años para denunciar. En el mejor de los casos, que es en realidad el peor porque para tener estos 15 años de margen desde la mayoría de edad, la víctima debe haber sufrido la forma más grave de abusos (penetraciones o felaciones). Si los abusos han sido más leves (tocamientos) el plazo de prescripción es de cinco años a partir de que el agredido cumple 18.
Para combatir esta situación y exigir que se cambie la ley, Miguel Ángel Hurtado, un particular víctima de abusos en su adolescencia, ha presentado en el Congreso más de 300.000 firmas recopiladas en change.org que solicitan que se modifique la normativa para acabar con la prescripción de estos delitos. A su lado, otras dos víctimas apoyaban la iniciativa: Vicky Bernadet, de la Fundación del mismo nombre, y Gloria Viseras, exgimnasta olímpica.
En España ha habido muestras muy recientes. En el todavía abierto caso de los Romanones (una docena de personas ultraconservadores, entre ellos diez sacerdotes), aunque el juez considera que hay indicios contra todos ellos por abusos, solo se juzgará al líder del grupo porque el resto de los presuntos delitos ha prescrito por el tiempo transcurrido entre que ocurrieron los hechos y la denuncia. Algo similar ha ocurrido con el presunto pederasta de los Maristas de Barcelona: 13 de las 17 denuncias presentadas contra él han sido archivadas por el juez por haber entrado fuera del plazo legal. Nada que hacer, aunque el acusado ha reconocido los hechos.
“Tardamos años en recuperarnos”
El tiempo en el que prescribe un delito va asociado a la pena máxima contemplada en el código penal por ese crimen. En el caso de los abusos sexuales, cada agresión plantea un máximo de 15 años de cárcel, como los que se han pedido para el supuesto pederasta de Ciudad Lineal. Pero hay excepciones. Delitos como los asesinatos terroristas o contra la humanidad no prescriben. Hurtado quiere que ocurra lo mismo con la pederastia.
“Mucha gente no entiende por qué las víctimas tardamos años en denunciar”, explica Hurtado, quien sufrió abusos de un sacerdote del grupo de jóvenes católicos al que acudía con 16 años. “Es sencillo: el abuso sexual a menores es siempre un abuso de poder. Los pedófilos saben como elegir a víctimas vulnerables”, continua. “Muchas veces se esconden tras una fachada de personas respetables o bien buscan refugio en instituciones con prestigio donde saben que van a ser protegidos. Las víctimas tardamos años en recuperarnos del daño causado, en sentirnos lo suficientemente fuertes como para poder enfrentarnos a nuestros verdugos. Para entonces, muchas veces ya es tarde y el delito ha prescrito”.
En su caso, cuando se animó a denunciar contaba con 22 años. Pero ya era tarde para él. Una historia similar a la que cuentan otras víctimas. Viseras sufrió los abusos de su entrenador en el equipo gimnasta de élite español, que además de causarle un trauma acabaron con su carrera deportiva. “Durante décadas viví intentando superar las secuelas del abuso y pensando que nadie me creería”, cuenta hoy. Fue hace pocos años, cuando fue “capaz” de encontrar la fuerza para denunciar. Bernadet fue víctima de abusos entre los 9 y los 17. Denunció a los 34 para encontrarse “la dura reacción del entorno más próximo y la inexistencia de recursos especializados”.
“Es por vuestros hijos”
Hurtado no entiende que en España no haya nada que hacer con los pederastas solo porque hayan pasado unos años desde que cometió los delitos. Él actualmente vive en Inglaterra, y allí estos delitos no prescriben, explica. Aquí, sin embargo, “aunque haya pruebas o el autor confiese, no pasa nada”, se indigna. Alude por ejemplo al recientemente creado Registro Central de Delincuentes Sexuales, una lista creada por el Ministerio de Justicia que recoge todas las personas que han sido condenadas por cometer delitos sexuales y les prohíbe trabajar con menores durante 30 años después de haber terminado de cumplir su condena. Un supuesto pederasta que admita sus crímenes, si han prescrito, nunca entrará en esta lista y podrá trabajar con menores si así lo considera. El registro reveló en su momento que en España hay 40.000 personas condenadas por estos delitos.
El objetivo de Hurtado es sacar el debate a la calle, que se hable del tema y se modifiquen las leyes. Ha enviado cartas a todos los grupos políticos y espera reunirse con alguno de ellos en breve. Prefiere no decir cuáles hasta que no suceda. Y recuerda que esto no lo hace por él, que ya sufrió los abusos y a quién el cambio de norma no beneficiaria en nada porque la ley no se puede cambiar con carácter retroactivo. “Se lo digo a la sociedad, es por vosotros. Por vuestro bien, por vuestros hijos”, cierra.