Cualquiera, de los millones de lectores diarios, que siga las publicaciones del BOE se habrá percatado. Raro es el día que el Boletín Oficial del Estado no publica algún título para corregir errores de disposiciones anteriores. El último caso relevante es palmario: el nuevo Código Penal, ya publicado y que entró en vigor el pasado 1 de julio, tiene importantes disfunciones en su redacción.
“El BOE actúa como una imprenta”, aclara una trabajadora del centro. “Se publican las cosas tal cual llegan de la administración, si nos mandan algo que pone julia en vez de julio lo tenemos que poner así”, añade. Otro trabajador del centro confirma que “es muy habitual que haya errores, son humanos y hay muchas disposiciones que manda la administración sin comas, con la fecha mal puesta o un nombre erróneo”.
En los últimos 15 años se han publicado, al menos, 4.903 disposiciones que corrigen errores de otras tantas publicadas anteriormente, según una búsqueda realizada en la web. Sale a un poco menos de una al día durante este periodo (5.479 días). Analizado por periodos, sin embargo, parece que va cayendo poco a poco: Entre 2000 y 2004 aparecen 1.874 correcciones, entre 2005 y 2009 hay 1.372 y desde 2010 hasta el pasado 1 de julio, 1.657 (este último periodo incluye medio año más que los anteriores).
La mayoría de estos errores son, como explicaba el funcionario, comas mal puestas que alteran el sentido de una frase, nombres con erratas o fechas mal puestas. Pero no todos. También hay fallos de bulto que alteran por completo el sentido de una ley, o a alguien se le olvida incluir dos anexos necesarios para completar una norma. O se plagia la redacción antigua de una norma sin que nadie se percate de que el Gobierno ya no tiene un “vicepresidente tercero”, como asegura el texto. O se publica un artículo que se pretendía suprimir en una norma.
“Esto no es literatura”
“Esto no es literatura”“Esto no es nuevo, aunque estadísticamente no sé si es relevante es intolerable, esto no es literatura”, valora Verónica del Carpio, abogada especializada en Derecho Civil y profesora en la UNED. “Son normas. ¿Cómo se aplica una ley a la que le falta un anexo?”, se indigna.
Del Carpio concede que “nadie es perfecto”, pero cree que el problema es que no se respeta la ley para evitar estos errores. “Son principios constitucionales básicos. Las normas deben publicarse para poder ser conocidas, con un plazo razonable para tener acceso a ellas. La ley establece un plazo subsidiario de 20 días para esto”, explica. Y sin embargo es muy habitual que las leyes entren en vigor al día siguiente de aparecer en el Boletín, de modo que no hay tiempo para detectar posibles errores que luego hay que corregir con disposiciones futuras. “Imagine un juzgado que tenga que aplicar una norma llena de erratas”, se desespera.
Más allá, Del Carpio advierte del peligro de las correcciones. “El legislador aprovecha en más de una ocasión para modificar leyes a posteriori. Cuando son normas en calidad de rango de ley puede haber un control porque están las actas parlamentarias, pero, ¿qué pasa con una orden ministerial que se hace sin control?”, se pregunta. Esta situación se da, por ejemplo, los viernes en los Consejos de Ministros. El Gobierno tiene por costumbre informar de lo aprobado, pero no publica los textos. De esa manera no hay forma de saber si lo aprobado se corresponde con lo publicado. “No podemos saberlo. ¿Cómo sabemos si la corrección de errores se limita a lo indispensable?”, se pregunta.
Autobombo
AutobomboEva Belmonte es periodista y lleva casi tres años mirando el BOE a diario para comentarlo y analizarlo en elboenuestrodecadadia.com. Explica que, efectivamente hay correcciones a diario, aunque, preguntada, no tiene claro si son o no excesivas por falta de datos y referentes con los que compararlo (otros países u otras épocas).
En su opinión es mucho más llamativo el uso propagandístico que se hace de una herramienta como el Boletín. “Los preámbulos de las normas, por ejemplo, deberían servir para ajustar y aclarar los artículos que contengan, y se usan en demasiadas ocasiones para insistir en que el Gobierno lo está haciendo muy bien (especialmente en temas económicos)”, cuenta.
O también “el incumplimiento constante de los plazos que el propio Gobierno se ha marcado. En demasiadas ocasiones se marcan un límite para aprobar, por ejemplo, el desarrollo de una norma y no lo cumplen”, explica.
Para Javier Badía, también periodista y formador en la Universidad Complutense de Madrid, el problema es el lenguaje. Desde su blog lleva años peleando por un uso claro, sencillo y accesible de este en las relaciones de la Administración con el ciudadano. Y cree que estas utilizan “un lenguaje un poco oscuro para que el mensaje no llegue al ciudadano”.
Además, afirma Badía ahondando en la tesis de Belmonte pero por otro camino, el BOE incumple el propio BOE. En 2005 se publicaron unas directrices de técnica normativa donde se desarrolla cómo se debe escribir en el BOE. Estas directrices recogen todo lo que hace falta para que el lenguaje sea accesible a todo el mundo. Pero no se cumplen. “No se pone cuidado y siguen apareciendo cosas sorprendentes en el Boletín”, sostiene Badía.