Es un negocio millonario, aunque los beneficios después no se cuentan en euros. Decenas de centros privados que segregan a su alumnado por sexo se aprovecharon de la puerta que abrió la Ley Wert (Lomce) del PP para acogerse al sistema de conciertos y beneficiarse de la financiación pública. Gracias a esto, han recibido cientos de millones de euros en subvenciones en los últimos años, especialmente en comunidades como Madrid, Catalunya, donde se han pagado 311 millones de euros a escuelas segregadoras en diez cursos, o Euskadi y Navarra.
Hasta que la Lomloe (Ley Celaá) puso coto y obligó a todos los centros que reciben fondos públicos a practicar la coeducación y no separar a su alumnado. Lo establece así en su disposición adicional vigésima quinta: “Los centros sostenidos parcial o totalmente con fondos públicos desarrollarán el principio de coeducación en todas las etapas educativas (…), y no separarán al alumnado por su género”. La financiación pública corría riesgo.
Pero la escuela concertada segregadora se resiste. Peleó y ganó las primeras decisiones al respecto en Catalunya, y ha peleado, y va camino también de ganar, por segunda vez, en el Tribunal Constitucional, que está a punto de proponer que esa disposición de la Lomloe no sea válida y se obligue al Gobierno a financiar la segregación por sexo, tras un recurso de Vox. Ya lo hizo el TC en 2018, cuando rechazó un recurso del PSOE ante varios artículos de la Lomce, entre los que se encontraba precisamente el permiso para concertar este tipo de centros. Un balón de oxígeno para estos colegios, tanto entonces como ahora (si se confirma), que según sus cuentas públicas están perdiendo dinero en los últimos años.
¿Cuáles son estos centros? ¿A quién pertenecen? A falta de un listado oficial, la inmensa mayoría de ellos son del Opus Dei o al menos están muy cercanos a la Obra. La agencia Efe contabilizó cerca de cien colegios que segregaban por sexo hace dos cursos, de los que 67 tenían un concierto. Hay conglomerados de colegios, como el grupo Fomento de Centros de Enseñanza (con centros por toda España y a quien pertenecen un tercio de estos colegios segregadores) o los de la Institució Familiar d'Educació de Catalunya, asentado en esa comunidad, y Baleares; también hay centros sueltos, como es el Colegio Los Tilos, exclusivamente femenino, en Madrid. Su negocio no parece el económico, al menos a decir de las cuentas que recoge infocif.es de alguno de ellos. Este último centro, por ejemplo, registra pérdidas en los dos últimos ejercicios, y los que presentan beneficios pueden considerarse pequeños para la magnitud del grupo.
Guerra abierta en Catalunya
La Generalitat es una de las administraciones que con más fervor ha abrazado la prohibición de concertar colegios que segreguen. O al menos lo ha intentado hasta que, literal, se topó con la Iglesia, que recurrió. En concreto, lo hicieron varios colegios pertenecientes a la Institució Familiar d'Educació, un grupo educativo que cuenta con 13 escuelas entre Catalunya y Baleares a las que acuden casi 8.000 alumnos y donde “el mensaje del Opus Dei es un rasgo nuclear de la identidad” del grupo, según su propia web. No todos los colegios de este grupo segregan, sin embargo: algunos se han fusionado para pasar a ofrecer educación mixta ante la falta de alumnado, como por ejemplo la Institució Igualada, que solo los separa en la ESO (y vuelve a juntar en Bachillerato).
El Govern intentó el curso pasado retirar el concierto a varios de estos centros, pero un recurso de los mismos les dio la razón: el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) argumentó que no se podía retirar la financiación pública porque los colegios perderían ingresos de manera inesperada y además causaría un perjuicio a los niños, que tendrían que cambiar de centro si dejaban de ser gratuitos. No contento con prohibir retirar el concierto, el TSJC obligó a la Generalitat a prorrogarlo seis años más.
Ahora la Generalitat vuelve a la carga. Con la Lomce aún vigente no pudo, pero creen en el Departament d'Educació que ahora la Lomloe les ampara. Y esta semana pasada ha anunciado que no va a renovar el concierto para el próximo curso a las 11 escuelas que siguen segregando, aunque tendrá que mantenerlo en Primaria por el revés judicial del pasado año. Esta decisión también dependerá, al menos en parte, de la decisión del TC respecto al recurso de Vox.
Calcula Educació que con esta medida se va a ahorrar unos 15 millones de euros. Es, echando una cuenta gruesa, casi la mitad cada año de los 311 millones que han pagado el Govern en los diez últimos cursos (31,1 al año) a centros privados que separan a alumnos y alumnas, según datos del Ejecutivo. Algo menos del 50% de este total, 137,8 millones de euros, ha ido a parar a colegios del grupo Institució Familiar d'Educació, que tiene tres centros que han recibido más de 30 millones de euros en este lapso: La Farga, en San Cugat, La Vall, en Sabadell, y la Institució Tarragona. Según el estado de sus cuentas publicado en infocif.es, el grupo se mantiene gracias a estas subvenciones públicas: en 2019 ganaron 126.406 euros y el año anterior habían perdido 267.031 euros.
Sin conflictos en Madrid
La situación en Madrid es exactamente la contraria a la de Catalunya: respaldo de la administración, que se dispone a aprobar una ley educativa autonómica para blindar los conciertos, incluidos los de centros que segregan, y boicotear la Lomloe en la medida de lo posible. La Comunidad destinó entre 2015 y 2020 unos 200 millones de euros a financiar estos colegios privados que separan por sexo (educación diferenciada, les gusta llamarla).
En la comunidad tienen especial presencia el grupo educativo Fomento de Centros de Enseñanza, que también opera fuera de la región. Este gigante tiene 32 centros por toda España, siete de ellos en Madrid, y posee el Centro Universitario Villanueva, que también ha sido agraciado por el Gobierno de la comunidad con una licencia para convertirse en Universidad propia y dejar de depender de la Complutense.
Fomento, como se conoce a este grupo, escolariza a unos 23.000 alumnos, y aunque no lo especifica en la web –a diferencia de otros centros, que nombran a José María Escrivá de Balaguer, fundador de la Obra–, también tiene conexiones con el Opus y utiliza para su ideario toda la terminología típica de este movimiento. A este grupo, que no tiene sus cuentas publicadas para libre acceso, pertenecen centros como Las Tablas-Valverde, que recibió 3,9 millones de euros en subvenciones públicas el curso 2019-2020, según la Cadena Ser, o el Fuenllana, un centro femenino, al que le tocaron 3,8 millones de euros por el concierto.
Además de los de este grupo, Madrid cuenta con colegios individuales, como el Tajamar, inspirado por el propio José María Escrivá de Balaguer o el Retamar, donde estudió el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida y también ligado a la Obra.
Financiar hasta incumpliendo en Navarra
En Navarra, el Departamento de Educación del Gobierno foral estudia retirar el concierto educativo a los colegios privados del Opus Dei Irabia-Izaga y Miravalles-El Redín, que supera los 12,5 millones de euros, después de que los mismos no hayan adaptado en aulas mixtas la totalidad de los niveles educativos este curso escolar como se comprometieron a hacerlo, informa Sol Gragera. De hecho, la dirección de los centros sólo ha mezclado niños y niñas en las aulas de Primaria en un intento de adaptarse progresivamente a la Lomloe y a la disposición de ley foral de 1998 que regula la financiación a estos centros.
Los cuatro colegios cuentan con cerca de 4.500 alumnos y 350 docentes. Miravalles-El Redín es del grupo Fomento de Centros de Enseñanza, mientras que Irabia-Izaga es obra corporativa del Opus Dei. Los cuatro están unidos jurídicamente en dos para cumplir el requisito de la ley foral de 1998 para recibir conciertos. De producirse la extinción del concierto el 31 de agosto de 2022, el Gobierno de Navarra analizará seguir pagando a los centros por medio de un “acuerdo motivado”, como permite una disposición adicional de la Ley foral 11/1998, y “a los solos efectos de garantizar la continuidad del alumnado actualmente matriculado, hasta la finalización de las etapas educativas obligatorias que están cursando”, según explicó el titular de Educación. Es decir, valorará seguir pagándoles aunque se demuestre que han incumplido la ley.
En torno al Opus en Euskadi
En Euskadi son seis los centros con concierto que separan por sexo a su alumnado: Arangoya en Bilbao, Gaztelueta en Leioa, Ayalde y Munabe en Loiu, Eskibel en Donostia y Erain en Irún. Todos ellos son del Opus Dei o pertenecen a la patronal COAS, próxima a la prelatura. El Gobierno vasco pagó 11,5 millones de euros a estos colegios el curso pasado, incluido el Gaztelueta, célebre estos pasados meses por haber amparado y defendido a un profesor que abusó de un alumno y fue finalmente condenado a dos años de cárcel.
El consejero de Educación, Jokin Bildarratz, afirmó el pasado año que Euskadi aplicará la medida para dejar de financiar a estos colegios que introdujo la Lomloe. “En ese sentido, nosotros lo que haremos será cumplir la ley. Es una ley orgánica, es una ley básica. Y siendo un Gobierno, además, que siempre entendemos que tenemos que trabajar en profundizar en la igualdad de género, en un equilibrio entre sexos, en la verdadera igualdad entre alumnos y alumnas”, explicó, en lo que supondría un giro de 180º respecto a la postura de su predecesora, también del PNV, quien defendía que “la enseñanza disgregada por sexos no es discriminatoria”.
Estos son algunos de los principales grupos o colegios que separan a su alumnado por sexo y que además tienen un concierto. Fuera de esta categoría por no tener concierto, pero que también segrega por sexo, merece mención especial el grupo Attendis, también vinculado al Opus Dei y que opera principalmente en Andalucía y Extremadura, con 21 centros.