Entre 32 y 35 millones de personas. Es la horquilla que va del 70% al 75% de la población española y el objetivo que Fernando Simón marcó como “ideal” en términos de cobertura de vacunación contra la COVID-19. Se trata de una estimación basada no solo en el porcentaje de gente que se necesita que esté inmunizada para poner fin a la pandemia, que se sitúa más bien en un 66%, sino también en la efectividad que están prometiendo las farmacéuticas –las vacunas de Pfizer y Moderna, por ejemplo, no funcionarían en una de cada veinte personas a las que se la pongan– y en la cantidad de gente que ya ha pasado la enfermedad y en teoría tiene cierta protección –durante la primavera, el 5%, según el estudio de seroprevalencia-. Y se planteaba como eso, algo “ideal” y a largo plazo. En realidad, Salvador Illa se pone como “horizonte” mayo, cuando espera que la vacuna haya llegado a una cantidad menor, 10 millones de personas, y con ello se haya alcanzado ya un control no total pero bastante relevante de la crisis. Las primeras dosis las calcula para enero, después de la luz verde de la Agencia Europea del Medicamento, pero serán menos.
Aunque, según el CIS, más del 40% de los españoles muestra dudas acerca de vacunarse en cuanto esté disponible el suero, la intención es lograr todas esas metas sin obligar a la gente a que le sea administrada. Lo han manifestado tanto el portavoz de Sanidad, Simón, como el ministro, Illa. El primero se apoyaba en que España tiene unas tasas de cobertura de vacunación exitosas, “hasta la fecha los programas de vacunación no han sido obligatorios en España, y tenemos algunas de las mejores coberturas del mundo”, aunque sobre todo son reportadas entre niños y niñas, no en adultos. El segundo confiaba en que, “contando la verdad” a los ciudadanos, casi todos entenderán que solo con una cobertura masiva de la vacuna se puede salir por fin de la pandemia. Además, Illa hacía referencia al consejo de los expertos: que no sea obligatoria. “Aunque es un escenario que no debemos descartar”.
El despliegue que necesita España para conseguir una vacunación tan alta es inédito, confirman en la Asociación Española de Vacunología (AEV). Las vacunaciones de la gripe común rondan cada año aproximadamente el 55% de la población de riesgo y solo el 35% de los sanitarios. Para la población infantil, como señalaba Simón, sí se alcanzan tasas muy altas, pero nunca antes se ha arrancado con un operativo tan grande para adultos. “No es comparable, en nada, ni siquiera en las características de las vacunas de las que vamos a disponer, como la conservación a tan baja temperatura de la de Pfizer”, explica el presidente de la AEV, Amós García Rojas. Cuando la crisis de la gripe A “se planteó la cuestión de la obligatoriedad”, recuerda Ildefonso Hernández, portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública (SESPAS) y entonces (2009) director general de Salud Pública del Ministerio, pero también se desechó la idea y finalmente “se hizo voluntaria”. Sí hubo en aquel momento una estrategia que incluía “muchos millones de dosis”, pero luego no fueron necesarias porque aquella pandemia no golpeó tan fuerte como se temía.
No valdría con recuperar lo de aquella época, cree Hernández, porque las circunstancias y especificidades son muy diferentes. “Aunque no será un reto tan difícil. No es que nos vayan a llegar 47 millones de dosis de golpe, sino que serán primero 2, luego otros 2… si uno es torpe le puede salir mal, claro, pero con un documento no lo veo un problema tan grave de organización”. Hernández se refiere al motivo por el que se está elaborando, desde septiembre, un plan específico de vacunación cuyo borrador el Ministerio espera entregar el lunes que viene. Un grupo de trabajo formado con expertos y representantes de las comunidades ha debatido escenarios según tipos de vacunas –monodosis o de doble dosis–, grupos prioritarios –todo parece indicar que serán personas de riesgo y sanitarios, pero quedan por saber las características de las vacunas que lleguen– o si tienen una eficacia u otra –no se usarán igual las que lleguen con el 90% que otras con el 70%–. Será un documento “muy completo”, según Simón.
El reto legal de una vacuna obligatoria
Hacer obligatoria la vacunación tampoco sería tarea sencilla, en todo caso. En el Sistema Nacional de Salud “no hemos incorporado el deber de vacunarse, nadie en principio está obligado”, recuerda la Catedrática en Derecho Administrativo y miembro de SESPAS Nuria Garrido, “aunque legalmente sí sería posible si hay un riesgo para la salud pública”. Cita dos leyes: la de 1981 de los estados de alarma, excepción y sitio, que además de las medidas que ya conocemos, como la limitación de movilidad, contempla las que sean necesarias para atajar epidemias; y la de 1986, la general de Sanidad, “que establece que, si es preciso para prevenir la salud pública o su deterioro”, las administraciones pueden hacer actuaciones como esa. Hay pocos precedentes, y ninguno a escala nacional. El más famoso, cuando se obligó a un grupo de padres y madres a vacunar a sus hijos de sarampión tras un brote en un colegio de Granada, en 2010.
Para Garrido no es deseable tomar esta vía porque conlleva problemas aparejados. Como ha ocurrido estos meses con las restricciones a la circulación, medidas así han de garantizar que se salvaguarda “el derecho a la protección integral de la salud”, tienen que respetar el “principio de proporcionalidad y de idoneidad”, y “tienen que ser acordadas por una autoridad judicial, y ya sabemos los problemas que se están planteando”, rememorando las veces que las normas de los ejecutivos autonómicos no se han podido llevar a cabo porque han chocado con los tribunales. La catedrática se inclina por que, si en algún momento no quedase otra que obligar a vacunarse, haya “transparencia” con el proceso y los criterios sobre a quién se pone la vacuna y a quién no; también que “sea solo en circunstancias excepcionales, para esta vacuna por poder contrarrestar los efectos de la epidemia. No es momento de extender el debate a otras, puede crear más rechazo todavía y nuestras tasas de vacunación actualmente son muy buenas”. Y propone crear, como incentivo, “un mecanismo de compensación por posibles daños. Que haya un fondo específico de vacunas”, para dar cierta tranquilidad a quien dude.
Los expertos creen que la percepción cambiará
Que muchos expertos se inclinan por no hacerlo obligatorio, como argumentaba Salvador Illa, es cierto. Varios consultados por elDiario.es coinciden en que puede ser contraproducente. Ildefonso Hernández lo resume: “La ética en salud pública dice que, si puedes conseguir algo por un sistema no coercitivo y otro coercitivo, utilices siempre el no coercitivo. Vas a tener mejores resultados a largo plazo porque ganas confianza en la población. Toda la vacunación infantil es masiva, y las coberturas que consigue España son de las mejores de Europa. Por qué no seguir el mismo camino”. Pedro Gullón, miembro de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), también considera que obligar “puede crear aun más rechazo” entre los que ya lo tienen. Y Mario Fontán, ex presidente de la plataforma que reúne a residentes de Medicina Preventiva ARES, señala: “No tenemos que buscar que la gente se vacune por obligación, sino transmitir bien cómo es el proceso de desarrollo de una vacuna, por qué se ha acelerado, cuál es el producto final y su efecto. Y la gente se querrá vacunar porque lo hemos comunicado bien, no porque obliguemos”.
El 47% de los ciudadanos no se quiere vacunar “inmediatamente” en cuanto haya vacuna, según el último barómetro del CIS. Pero los especialistas tienen la esperanza de que esa percepción vaya cambiando a medida que sea algo más tangible. Lo expresaba así en elDiario.es César Hernández, jefe de departamento de la Agencia Española del Medicamento y representante de España en el proceso negociador, y lo corrobora Amós García, de la Asociación Española de Vacunología: “Estoy convencido de que, aunque las encuestas digan eso, cuando llegue el momento, la gente se vacunará. Por un motivo muy sencillo: ¿cuál es la alternativa? Seguir con los hospitales llenos, perdiendo familiares, con la economía rota. Y otra cosa que diría a la gente que dice que no quiere ser el primero: no vas a ser en ningún caso el primero. Se ha ensayado con miles de personas”. A Gullón tampoco le inquieta demasiado ese porcentaje de población que rechaza ser vacunado “inmediatamente” porque piensa que “tiene una base racional, no es gente totalmente antivacunas sino con dudas sobre los procesos acelerados de las agencias, los efectos secundarios… pero es gente que normalmente se pone vacunas. Creo que cuanta más gente se la vaya poniendo, más se irán disipando las dudas y habrá menos reticencia”. Para Mario Fontán denota un mal diagnóstico de la situación comparar a ese 40% con grupos antivacunas, “estamos hablando de si obligatoriedad o no cuando no sabemos ni cómo será el producto”, “desacreditar a esa gente como iletrada dice más de quien emite el mensaje”.
Javier Padilla, médico especializado en Salud Pública y coautor con Pedro Gullón del libro Epidemiocracia, ve en general arriesgado “valorar con datos de hoy algo que no existe, futurible. Solo sabemos lo que se va anunciando sobre efectividad”. Sí cree que debería mejorar la comunicación sobre la vacuna para que esto calase más, “eso de que una diga hoy que tiene el 90% de efectividad, otra el 95% mañana… igual debería ir más en las páginas de negocios que en las de salud”. Padilla ha estudiado el tema de la reticencia vacunal, y no ve comparable la vacuna de la COVID-19 con nada de lo hecho hasta ahora. La de la gripe, por ejemplo, tiene bajas coberturas entre sanitarios, un grupo clave para atajar la pandemia de coronavirus. Pero se asocian a que “es una de las menos robustas” técnicamente hablando, porque cada año cambia, y a que la gripe “es una enfermedad muy asociada a colectivos de riesgo”. Pero esto “abre otro punto interesante: ¿la reticencia que hay a vacunarse de la gripe entre colectivos sanitarios se relacionará también con la vacuna COVID-19? Está por ver”.