Tres de los principales riesgos que penden sobre el Parque Nacional de Doñana señalados por la Unesco hace más de un año: la mina de Aznalcóllar, el dragado del río Guadalquivir y el almacenamiento de gas, lejos de frenarse, han seguido avanzando desde que el organismo emitió su informe en 2015. El asunto del uso abusivo del agua subterránea ha disparado un expediente sancionador de la Comisión Europea.
Este jueves 1 de diciembre, España debe remitir a la Unesco su informe acerca de las amenazas que ponen el peligro la condición de patrimonio de la Humanidad de la marisma. A 24 horas de que expire el plazo, el exdirector de la Estación Biológica del parque, Juan José Negro, comentaba a eldiario.es: “Yo no he visto avances significativos para mantener el estatus de Doñana. Las espadas de Damocles siguen ahí. Pendientes de un hilo”.
Negro, que fue destituido en septiembre de 2015, –“ahora soy un investigador más”– explica que actualmente “lo más limitante es el agua porque ya está ocurriendo. Otros peligros son más potenciales”. El científico explica que “el riego debería ser sostenible y hacerse en función de lo que se recargue con la lluvia cada año. El acuífero no es estático. Y no es homogéneo como si se tratara de una piscina subterránea”. En este sentido, la organización WWF desveló hace tres semanas un mapa de más de 1.700 balsas de riego que acumulan el agua que debería nutrir el humedal.
“Riesgo cero” para volver a la mina
La Unesco anotó en su documento evaluativo “la máxima preocupación [por] la decisión de abrir la mina de Aznalcóllar”. Y pidió que “se asegurara que no habría impactos al parque por el uso del agua”. Juan José Negro va más allá y subraya que para que la mina vuelva a operar “habría que exigir un riesgo cero porque ya sabemos que algo puede ocurrir. De hecho ocurrió hace 20 años. El plan de explotación debería dar esa garantía pero ¿quién puede asegurar eso?”
Sin embargo, el proyecto de reapertura está en marcha: en agosto de este año comenzaron los sondeos. El Ayuntamiento se encargó de publicitarlo al tiempo que anunciaba que había remitido a la empresa adjudicataria, Mexico-Minorbis, “todos los currículums, que por parte de los vecinos se han ido registrando en la base de datos municipal”. Ha prometido 1.000 puestos de trabajo en la zona.
El mismo informe internacional pedía que se hiciera “un compromiso permanente e inequívoco de abandonar el plan de dragado del río Guadalquivir”. No hacerlo “llevaría a tomar la decisión de declarar a Doñana en peligro”, advertía el documento dos veces. El proyecto para profundizar el canal del río sigue vivo. Así consta en el Plan Hidrológico del Guadalquivir donde aparecen diversos planes relacionados con esta obra. Y millones de euros asociados.
“El dragado no se ha desterrado para nada”, insiste Negro. El peligro de ahondar el curso para que buques de mayor calado puedan remontar el río hasta el puerto de Sevilla –a 100 kilómetros de la desembocadura– reside en que “las mareas de agua salada podrían subir y salinizar la marisma. Eso cambiaría su cualidad y su biodiversidad disminuiría”, analiza. Doñana es la única marisma de agua dulce en el Mediterráneo y, además, se recarga por la lluvia. El agua del mar la heriría de muerte.
¿Qué hace Doñana con un almacén de gas“?
El pasado martes 29 de noviembre, un grupo de activistas de Greenpeace acampó en las inmediaciones del coto para paralizar las obras que lleva a cabo Gas Natural para excavar un almacén subterráneo de gas. “¿Qué hace una zona patrimonio natural de la Humanidad almacenando gas?” Se pregunta el exdirector científico del entorno. La Unesco pidió que se hiciera un “estudio ambiental unificado” de todos los proyectos gasísiticos que afectaban al perímetro del parque. “Ni Doñana, ni Andalucía ni España ganan con ese almacén. Solo la empresa”, reflexiona Negro.
El “Informe sobre el estado de conservación que elaboró la comisión de Patrimonio Universal cerraba pidiendo que se intensificaran ”los trabajos de investigación para evaluar mejor el estado y la tendencia del ecosistema“. El antiguo director de la Estación Biológica opina que ”no creo que se pueda presumir sobre eso. Se necesitaría destinar más recursos para avanzar“. El veredicto final una vez recopilada la documentación remitida por el Gobierno se espera para verano de 2017.