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España asume los riesgos de empezar a tratar la COVID-19 como una enfermedad más

Varias personas pasean con mascarilla por una calle de Madrid.

Sofía Pérez Mendoza / Marta Borraz

28 de marzo de 2022 22:38 h

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España ha comenzado desde este lunes a aplicar uno de los cambios de mayor calado desde el inicio de la pandemia: a partir de ahora ya no habrá aislamientos ni pruebas para enfermos de coronavirus leves y asintomáticos. Quedarse en casa sin ver a nadie será solo una recomendación y diagnosticarse en estos casos solo será posible a través de un test de farmacia. La decisión nos acerca a asumir la COVID-19, dos años después del estallido de la crisis, como una enfermedad más y empuja a la sociedad española a una convivencia casi total con el virus. 

El giro de guion no es nuevo. Es quizá el paso más grande y vertiginoso, pero ahonda en una trayectoria que se inauguró con la sexta ola. El estallido de contagios de ómicron forzó decisiones que ya suponían un menor control de la transmisión ante el colapso del sistema y, de facto, se puso fin al modelo anterior, basado en contener la circulación del virus con restricciones a las interacciones sociales. Ahora, el Ministerio de Sanidad y las comunidades dan por hecho que España ha dejado atrás la “fase aguda” de la pandemia sin obviar, eso sí, los riesgos que implica. 

Así ha sido desde el inicio de la crisis. Las decisiones se han ido tomando teniendo en cuenta un abanico de pros y contras en función de las diferentes fases y en un escenario en el que se ha asumido la inviabilidad de la estrategia de eliminación del virus, conocida como zero COVID. En el nuevo protocolo no es diferente. Con el fin de los aislamientos, las autoridades sanitarias aceptan “un cierto nivel de transmisión del coronavirus” en la población y asumen, como han dejado por escrito, que “se trata de una decisión de gestión de riesgos, basada en evaluar qué niveles residuales son aceptables para la sociedad”. Los recursos se van a dirigir a evitar la enfermedad grave y la muerte “tratando de mantener un nivel de transmisión controlable que no genere una sobrecarga excesiva” en el sistema sanitario. Ese es el plan sobre el papel. 

El salto se valora de manera desigual entre los especialistas. No hay negros ni blancos, sino muchos grises y una tensión de criterios que ya es palpable desde hace meses en España. Algunas voces consultadas defienden que se trata del paso “lógico” una vez las vacunas ya están generalizadas y amortiguan los peores efectos del virus; otra parte de los expertos, sin embargo, consideran que es “precipitado” cambiar la vigilancia y el control de los casos ahora, con una tasa de incidencia aún alta –la última que vamos a conocer con el actual sistema es de 461 casos por cada 100.000 habitantes– y una variante tan contagiosa como ómicron. 

¿Es el momento?

Levantar los aislamientos debería haberse “meditado más” porque “puede diseminar los contagios mucho”, valora Lorenzo Armenteros, portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Joan Caylá, exjefe del Servicio de Epidemiología de la Agencia de Salud Pública de Barcelona y miembro de la Sociedad Española de Epidemiología, comparte que es “prematuro” y abogaría por esperar a alcanzar incidencias del virus tan bajas como las que se registraron al final de la quinta ola, en torno a 50 casos por cada 100.000 habitantes para tomar medidas de este tipo. 

Veo arriesgado que una parte de la población asuma que no hay peligro ya

Joan Caylá exjefe del Servicio de Epidemiología de la Agencia de Salud Pública de Barcelona

“Lo ideal sería una incidencia más baja pero pongo en duda que se pueda repetir lo que pasó a final de verano en un contexto de recuperación de cierta vida social y sin medidas salvo mascarilla de interiores”, replica el preventivista Mario Fontán, que pese a esta consideración, piensa que se trata de un paso natural. “La vigilancia tiene sentido si vas a tomar decisiones en función de cómo cambien los parámetros y ya llevamos meses en los que las variaciones en la incidencia no modifican el escenario”, argumenta. Es decir, no se toman medidas más duras porque suba la transmisión, dado que la atención se fija únicamente en lo sobrecargado que esté el sistema sanitario.

Por otro lado, en algunos epidemiólogos asoma el miedo de que acabar con los aislamientos transmita el mensaje de que la pandemia ha terminado. “Veo arriesgado que una parte de la población asuma que no hay peligro ya”, sostiene Caylá. La nueva estrategia es meridiana en este sentido: la pandemia no ha terminado, solo ha pasado la “fase aguda”. Sin embargo, no hay por el momento ninguna campaña de información a la población y tampoco ha habido explicaciones públicas sobre este cambio en la gestión. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, se reunió el pasado miércoles con los consejeros de salud pero no dio la rueda de prensa que suele ser posterior a este encuentro. “La decisión puede generar inseguridad y se debe tratar con buena comunicación, explicarse”, opina Fontán. 

Una nueva fase de responsabilidad individual

A partir del lunes, el grueso de la población estará eximida de aislarse si presenta síntomas leves de COVID, pero esto tampoco significa que sea óptimo que haga vida normal. La nueva estrategia, de hecho, recomienda a estas personas que reduzcan sus interacciones, usen mascarilla constantemente y eviten ver a personas vulnerables o acudir a eventos multitudinarios. Además, siempre que sea posible, se aconseja al paciente que se quede en casa teletrabajando. Es una nueva fase en lo que a responsabilidad individual se refiere, creen los expertos. 

“Que aumente o no la transmisión va a depender de las medidas de prevención que se adopten”, a nivel individual pero también en entornos concretos como el trabajo, explica José María Molero, portavoz de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, la primera que pidió públicamente abandonar los aislamientos y las pruebas generalizadas para intentar recuperar el funcionamiento del sistema sanitario. De hecho, este último, que la sanidad se descargue, es uno de los objetivos que justifican la nueva estrategia. 

Fernando Rodríguez Artalejo, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad Autónoma de Madrid, es de los que considera “muy razonables” las nuevas medidas. Por un lado, porque “adaptan los sistemas de vigilancia y control a lo que ha determinado la última ola”. “Como casi todo el mundo tiene cierto grado de inmunidad y parece que ómicron es más leve, la inmensa mayoría de casos son leves y por tanto no tiene sentido hacer pruebas a toda la gente que tiene clínica compatible”, se explica. Por otra parte, porque entre los especialistas en salud pública y sanitarios no se tiene muy claro hasta qué punto se estaban cumpliendo los aislamientos “en un clima social de asumir que la enfermedad se va a pasar leve”. 

Un escenario de incertidumbre

En todo caso, Artalejo advierte que será importante a partir de ahora el “sentido común”, tanto para la COVID como el resto de enfermedades respiratorias contagiosas. “Lleva una mascarilla y no te acerques a personas vulnerables. Eso vale igual con la gripe, de hecho, se debería haber hecho hace años”, cree el experto. Fontán piensa que la clave es recuperar el mensaje que, asegura, “caló en un momento de la pandemia” vinculado a que cuando una persona está enferma, “debe cuidarse y proteger a su entorno en la medida de lo posible”. Es decir, limitar las interacciones sociales e intentar no acudir al trabajo.

La gente que pueda pensar que es positiva se hará un test y si se puede quedar en casa teletrabajando, lo hará, pero el resto no. Y en los entornos en los que no se haga, habrá más riesgo

Anna Llupiá epidemióloga del Instituto de Salud Global de Barcelona

Algo que, sin embargo, no es viable para todo el mundo. “Hay esferas donde la responsabilidad individual tiene menos capacidad de agencia. Habría que facilitar a la gente que puedan tomar estas decisiones sin perjuicios laborales”, reclama Fontán. 

Anna Llupiá pone el foco en esta idea y advierte de que la decisión de poner fin a los aislamientos conlleva el riesgo de que “ahonde en la desigualdad” existente. “La gente que pueda pensar que es positiva se hará un test y si se puede quedar en casa teletrabajando, lo hará, pero el resto, no. Y en los entornos en los que no se haga, habrá más riesgo”, afirma la epidemióloga del Instituto de Salud Global de Barcelona. La investigadora no comparte el momento elegido para dar este paso. “Es un salto de fe hacia adelante, porque no sabemos cómo se va a comportar el virus, y va a hacer que los vulnerables vivan en un espacio un poco más de riesgo”, argumenta. 

Este es otro de los puntos calientes: la incertidumbre que sigue provocando el futuro. La propia estrategia contempla la posibilidad de volver atrás si cambian las tendencias. “Esto hoy es razonable pero otra historia es que el virus mute, que la gente vaya perdiendo inmunidad, que volvamos a tener problemas. Hay tan poca experiencia en pandemias similares que todo lo que se pueda hacer es especular”, reconoce Artalejo. Transitar de una enfermedad que ha cobrado tantísima importancia a que sea una más supone encaminarse hacia un nuevo un terreno ignoto. “Estamos viendo en qué momento y no sabemos muy bien cómo hacerlo a nivel técnico, pero también socialmente”, valora Fontán. 

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