España aplica por sistema la autorización excepcional para métodos de fumigación prohibidos

España autoriza de forma sistemática un método de fumigación masivo y prohibido de manera genérica por la legislación europea y española: rociar los bosques con insecticida desde una aeronave. Solo el año pasado, Andalucía, Baleares, Extremadura, País Vasco, Madrid y Murcia solicitaron y obtuvieron un permiso pensado como “excepcional” para fumigar desde aviones o helicópteros. El plaguicida se vertió sobre sus pinares para matar orugas de procesionaria (Traumatocampa pityocampa). Se adujo “urgencia” por aplicar este método y la “inviabilidad de tratamientos terrestres”, según justificó el Gobierno. 86 términos municipales y casi 40.000 hectáreas de pinos recibieron una lluvia de polvo de insecticida.

La prohibición legal está justificada porque la aplicación aérea “puede causar efectos negativos significativos en la salud humana y el medio ambiente”, según recoge la directiva europea de uso sostenible de estos productos redactada en 2009. El texto indica que esta pulverización “debe prohibirse” de forma general, acotando bastante la posibilidad de utilizarse en casos de especial necesidad.

España incorporó la norma en 2012 mediante un decreto ley: “Se prohíben las aplicaciones aéreas de productos fitosanitarios”, redactó el Ministerio de la Presidencia. Pero abrió la puerta a que pudieran aceptarse “en casos excepcionales” para cuando no haya “alternativa técnica y económicamente viable”. Estas “autorizaciones excepcionales” son las que la dirección general de Sanidad de la Producción Agraria ha estado firmando habitualmente.

Al poco de entrar en vigor el real decreto, la patronal de las empresas de trabajos aéreos (Aeca-Helicópteros) se quejó de que la aplicación de la normativa les dejaba “al borde de la quiebra”. Aeca-Helicópteros pidió entonces una “mayor agilidad burocrática a la hora de dar aprobación para la realización de tratamientos aéreos” a fin de solucionar “un problema con pérdidas millonarias”.

El Ministerio visó una resolución para permitir este sistema el 21 de julio de 2014 a petición de Andalucía. La fecha tope para los tratamientos quedó trazada para el 17 de noviembre. Para el resto de permisos, lo que hicieron las comunidades autónomas fue adherirse a esta resolución que Agricultura iba modificando siempre con la leyenda de que la fumigación aérea era “urgente”.

Así que Baleares solicitó su inclusión el 2 de septiembre de 2014. Sin embargo, planeaba fumigar desde el aire desde hacía meses: una carta del jefe de servicio de Sanidad Forestal, Luis Núñez Vázquez, firmada el 2 de abril y remitida al presidente de la Asociación de Pilotos Agroforestales Españoles avisaba de que “se va a realizar el próximo otoño un tratamiento fitosanitario aéreo con aviones y helicópteros”. Informaba de que se sacaría un concurso para que la asociación hiciera “difusión” y así las empresas pudieran “presentarse a dicho concurso”.

En la Comunidad de Madrid, la suerte estaba tan echada de antemano que el Ejecutivo regional comunicó a los pueblos afectados que les caería esa nube de polvo antes incluso de haber tramitado la solicitud –y por supuesto antes de obtener el visto bueno oficial del Ministerio de Agricultura–. A los consistorios de Navas del Rey, Navalcarnero, Pelayos de la Presa y San Martín de la Vega se le remitió una carta desde la Consejería de Medio ambiente en la que se decía: “A partir del próximo día 6 de octubre está prevista la realización de los tratamientos aéreos y terrestres contra la procesionaria del pino”. La “solicitud de autorización excepcional” por parte de Madrid lleva fecha de 8 de octubre, dos días después. Y la etiqueta de registro es de 9 de octubre.

Fuentes de la policía medioambiental de Madrid han contado a eldiario.es que “en el área de la Sierra Oeste donde se fumigó, los agentes forestales habían revisado los pinares y no se informó de una alta tasa de procesionaria. Más bien al contrario, de los centenares de fichas de evaluación que se rellenaron, sólo un par reflejaban nivel 2 de intensidad (de una escala que va de 0 a 3). El resto eran 0 ó 1”. Aún así, los ingenieros de Medio Ambiente decretaron el tratamiento.

La modificación del permiso inicial para que abarcara también a Madrid se selló, finalmente, el 9 de octubre. Los avisos a la población se corrigieron a mano, las fumigaciones se retrasaron un poco y, así, las avionetas sobrevolaron los árboles.

Efectividad en entredicho

Un estudio conjunto de las universidades de Granada y Rey Juan Carlos de Madrid reveló en 2011 que “la mejor forma de controlar a la procesionaria no es eliminarla mediante fumigación masiva cuando ataca a los pinares, sino poner los medios necesarios para que el pinar sea menos susceptible a su ataque, esto es, primar las medidas preventivas frente a las paliativa”. La investigación, publicada en la revista Forest Ecology and Management, constataba entonces que las fumigaciones aéreas de los pinos contra esta oruga copaban el 90% de los tratamientos contra la plaga en aquel año (antes de la prohibición).

“A pesar de que se tuvo que redactar una normativa contra las fumigaciones aéreas por la directiva de Bruselas, la práctica estaba tan extendida que parece que no se quiere revertir la tendencia dando este rodeo legal”, cuenta Ecologistas en Acción, una de las organizaciones que se opusieron a los tratamientos agresivos que se llevaron a cabo en la Sierra Oeste de Madrid.

Lo cierto es que, a pesar de todas estas circunstancias, las administraciones han asignado una buena cantidad de dinero público a contratar empresas para estas labores. En las Islas Baleares, el Gobierno recurrió a la empresa pública Tragsa que, a su vez, adjudicó un contrato de 1,2 millones de euros a Kenogard, la única distribuidora del insecticida indicado (el diflubenzurón). Además, para los vuelos, recurrió a otra contratista a la que pagó otros 120.000 euros. Los tratamientos se completaron con la utilización de un helicóptero que costó 180.000 euros.

En el País Vasco, la Diputación de Álava aprobó la compra a Kenogard de 4.500 litros de su plaguicida, lo que supuso un contrato directo de 62.617 euros. En Bizkaia el plaguicida costó 139.000 euros. La media del coste de la aplicación aérea del diflubenzurón supera los 100.000 euros por campaña. Madrid también adjudicó un contrato de 129.000 euros para sus fumigaciones en avioneta. Extremadura licitó el servicio por 150.000 euros. Los más tardíos fueron los servicios de la Región de Murcia, que comenzaron las labores en noviembre con un coste de 100.000 euros (parcialmente pagados con fondos europeos Feader).

En contraste, la Comunidad de Madrid presupuestó 29.700 euros para toda su campaña de control de poblaciones de la procesionaria mediante bolsas de feromonas en 2014. Este sistema consiste en la atracción de los machos de la polilla hacia estas bolsas-trampa colgadas en los árboles. Así se impide la reproducción de la especie. “Las bolsas y las cajas nido para que las aves controlen la plaga son hasta más efectivas que la fumigación masiva”, consideran los agentes forestales que han hablado con este medio.

El uso escasamente selectivo del insecticida sobre los bosques ha provocado la alerta de diversos grupos ambientalistas como Ecologistas en Acción, Arba o Seo-Birdlife por la toxicidad del diflubenzurón. La empresa distribuidora del plaguicida en España, Kenogard, sostiene que su producto, cuya marca comercial es Dimilin, tiene “el mejor perfil toxicológico para seres vivos (mamíferos, aves y peces) y además es compatible con abejas. Un producto seguro e inocuo para los seres vivos”. Por esto, dicen, “defendemos el uso de Dimilin para combatir la procesionaria de pino y aseguramos que su aplicación no ocasiona problemas para la salud del ser humano”.

Ecologistas contrapone que “el problema es que este insecticida no se limitará a matar a la oruga, también afectará a un amplio abanico de invertebrados e indirectamente a la fauna insectívora”.

Las nubes de Dimilin se han posado en áreas sensibles como Zonas de Especial Protección para Aves en Madrid y Baleares (inscritas en la Red Natura 2000 de espacios protegidos por la Unión Europea), o en los alrededores del Parque Nacional de Doñana: Almonte y Sanlúcar son dos de las poblaciones incluidas por la Junta de Andalucía en su permiso especial.

A pesar de que la ley europea reconoce que “el medio acuático es especialmente sensible a los plaguicidas, por lo que es necesario prestar atención especial para evitar la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas”, las avionetas cargadas de insecticida han seguido sobrevolando los pinares. Las poblaciones de procesionaria se regulan especialmente, según los biólogos, por las condiciones climáticas. Un invierno crudo las reduce. Este temporada, la estación ha sido “seca” y “fría” según la Agencia Estatal de Meteorología. La temperatura ha sido 0,6 grados menor que la media histórica de la estación y las precipitaciones, un 26% más escasas. Marzo ha resultado más cálido y húmedo de lo normal. La eclosión de los huevos de procesionaria ya ha comenzado.