El plan del Gobierno para mejorar la atención a la salud mental con una inyección de 100 millones de euros en tres años está listo para aprobarse. Las comunidades autónomas cerrarán el documento este miércoles junto al Ministerio de Sanidad en el Consejo Interterritorial de Salud, como avanzó la ministra Carolina Darias tras presentar el primer teléfono público para la prevención del suicidio, una de las medidas estrella del plan.
La detección precoz y la atención a la conducta suicida es una de las prioridades del plan, que contempla la creación de un registro de tentativas de suicidio y de casos consumados “que facilite identificar la población con mayor riesgo”. Algunas comunidades ya están tratando de medir cuántas personas han intentado quitarse la vida a través de sus servicios de salud. Ahora habrá, según el plan de acción al que ha tenido acceso elDiario.es, un registro centralizado en el Ministerio de Sanidad.
Una “fotografía realista”
“Para los planes de prevención lo ideal es tener la fotografía más realista, acercarnos lo más posible a la cifra de conductas suicidas”, explica Jon García, psiquiatra del Servicio Vasco de Salud. La tarea no es fácil porque a los servicios sanitarios llegan “las personas que han tenido secuelas o han podido ser percibidas, pero muchas no están en el radar porque piensan que les vamos a juzgar o no vamos a poder ayudarles”, añade García.
España estaba atascada en las políticas públicas para prevenir el suicidio. Carece de plan nacional, no hay coordinación en las respuestas autonómicas y tampoco campañas de sensibilización lanzadas desde el Ministerio de Sanidad.
Este plan pretende revertir parcialmente este retraso. Entre las medidas, el documento apremia a las comunidades a desarrollar un código de riesgo y a crear, con una parte de financiación del Ministerio de Sanidad, un circuito “ágil de derivación urgente/preferente en los Servicios de Salud Mental tras la detección de riesgo de suicidio” para garantizar que los pacientes en esta situación sean atendidos a tiempo, antes de que vuelvan a intentarlo. El documento presta especial atención a la población de más riesgo, como las personas mayores o niños y adolescentes.
El riesgo de repetición es muy alto en los días posteriores a una tentativa, así que es importante reducir la espera
El objetivo es que el 80% de las comunidades hayan implantado algún mecanismo para dar atención preferencial antes de 2024. “Sería deseable en cualquier ámbito sanitario pero aquí qué duda cabe. El riesgo de repetición es muy alto en los días posteriores a una tentativa, así que es importante reducir la espera”, asegura García, en cuyo servicio de salud ya se está implementando un control específico y una atención en no menos de 72 horas, al menos en el papel.
Durante este año, los gobiernos autonómicos recibirán 24 millones de euros de Sanidad para este y otros fines, aunque parte del presupuesto debe ser aportado por cada comunidad. Esa inversión no está fijada. A nivel económico solo se conocen los mimbres: el plan está presupuestado en 100 millones de euros a tres años y el 80% del dinero se transferirá a las comunidades.
Más sanitarios
Pero lo que sostiene el papel necesita profesionales. La primera línea estratégica del plan es “reforzar los recursos humanos en salud mental”. En el documento, sin embargo, no hay ratios de profesionales ni umbrales mínimos, una larga demanda de los profesionales. Hay que tener en cuenta que las competencias sanitarias en España están transferidas a las comunidades autónomas y el Ministerio tiene poco margen de maniobra.
Que las plantillas de psicólogos y psiquiatras están muy mermadas no es ningún secreto. En la recién aprobada Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud (2022-2026), que complementa al plan de acción, el Ministerio admite que “no dispone de información actualizada ni completa” ni de los especialistas en psicología clínica que trabajan en los centros públicos y aporta como referencia los titulados, aunque “no significa que todos ellos estén trabajando en áreas asistenciales”. El Defensor del Pueblo afloró una cifra a través de una actuación de oficio en 2020: la ratio de profesionales en la sanidad pública era de 6 por cada 100.000 habitantes en 2018, tres veces menor a la media europea.
¿Cómo se pretenden reforzar, entonces, las plantillas? Las comunidades tendrán que hacer una evaluación de cuántos profesionales se necesitan para cubrir la demanda de pacientes atendiendo a “criterios de población, epidemiológicos y de presión asistencial” y hacer efectiva la estabilización de sus plantillas de salud mental (siguiendo la ley para reducir la temporalidad del Gobierno) antes de finales de 2024, además de crear las vacantes necesarias y transformar los contratos interinos en estables.
El plan también pone el foco en descentralizar la atención para que no todos los casos acaben atendidos en el ámbito hospitalario. Para ello, las consejerías de sanidad deberán, a cuenta de sus propios presupuestos, desarrollar y reforzar los recursos de salud comunitaria, mejorar el acceso a los servicios de salud mental desde Atención Primaria y formar a los profesionales para la detección precoz y prevención de la violencia de género. El plan divide las actuaciones en tres grupos, en función de la financiación: las que corren a cargo del presupuesto del Ministerio, las mixtas o cofinanciadas y las que son asumidas directamente por las comunidades.
La pandemia de COVID y la salud mental
El Ministerio de Sanidad reconoce el impacto que la pandemia ha tenido sobre la salud mental de la población. “Todos los datos reflejan un incremento de los trastornos ansiosodepresivos y de la sintomatología compatible con el trastorno de estrés postraumático. Se registran, además, complicaciones asociadas a patologías mentales previas a la pandemia, como en el caso de los trastornos de la conducta alimentaria, de los cuadros psicóticos y de las conductas adictivas sin sustancia, especialmente aquellas relacionadas con las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICS)”, advierte el plan.
Las conductas de adicción, con o sin sustancias, son otro de los ejes. El confinamiento y la interrupción de las clases fomentó el uso de pantallas y el tiempo de consumo es mayor en la población más vulnerable. Según el último estudio del Centro Reina Sofía sobre adolescencia y juventud, el 70% de los jóvenes de entre 15 y 29 años disponen de al menos cuatro dispositivos desde los que consumir ocio digital y lo hacen durante casi siete horas al día. El plan también empuja al desarrollo de programas de apoyo psicológico a los profesionales sanitarios y sociosanitarios con problemas de salud mental por su labor: “cuidar al cuidador” y a luchar contra la estigmatización, en general, de cualquier paciente con problemas de salud mental a través de campañas institucionales específicas. También para prevenir el suicidio.