Tras varias semanas de debate, el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han dado un paso importante en la gestión del coronavirus en España: poner fin a la obligación de aislarse a los contagios asintomáticos o con síntomas leves.
La medida figura en la nueva estrategia de “transición” para la vigilancia y control de la COVID-19, aprobada este martes por la Comisión de Salud Pública, y entrará en vigor a partir del próximo lunes, 28 de marzo. El tiempo de aislamiento de los positivos se había reducido en los últimos meses, pasando de 10 días a siete a finales de diciembre. El siguiente paso ha sido eliminarlos. Las cuarentenas de los contactos estrechos ya no eran obligatorias desde el pasado 5 de marzo.
Este enfoque se mantendrá siempre que los indicadores de utilización de servicios asistenciales“ estén en nivel bajo. Es decir, que es reversible en el caso de que haya un ”cambio significativo en la tendencia que indique una circulación no controlada del SARS-CoV-2 o bien un cambio en la situación epidemiológica que requiera restablecer medidas de vigilancia y control, a propuesta de la Ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta“.
A las personas contagiadas, aunque no están obligadas a quedarse en casa, se les recomienda el uso de mascarilla en todos los ámbitos y evitar el contacto con personas vulnerables, afirma Sanidad. Con los aislamientos, sin embargo, no se hace una tabla rasa. Se van a mantener en ámbitos vulnerables, como los centros sanitarios asistenciales y sociosanitarios, donde “se podrán implementar medidas específicas” para aislar a las personas y controlar la evolución del contagio para evitar posibles complicaciones.
Fin de la “fase aguda” de la pandemia
Con esta estrategia, el Gobierno da por superada la “fase aguda” de la pandemia. Desde hace unos meses ya se estaba produciendo una progresiva relajación de las medidas, pero este paso es el que mejor refleja que la COVID-19 se empieza a asumir como una enfermedad más y se tratará de una forma más parecida a la gripe.
El documento, que adelantó hace unas semanas elDiario.es, ha salido adelante tras una serie de reuniones intensivas entre Sanidad y los directores generales de Salud Pública de las autonomías. Y contiene algunas otras novedades importantes. Las pruebas diagnósticas, cuyo uso ya se había reducido desde el tsunami de casos de la sexta ola, quedan limitadas a unos pocos pacientes: mayores de 60 años, inmunodeprimidos y embarazadas; además de casos graves, residentes y trabajadores de entornos vulnerables o cuidadores.
Son las personas en las que a partir de ahora se va a centrar la vigilancia. Ya lo anunció la ministra de Sanidad, Carolina Darias: solo se contarán desde este lunes los casos graves o los que se den en personas vulnerables frente al enfoque actual de hacer seguimiento a toda la población infectada. “El diagnóstico de pacientes con síntomas leves compatibles con COVID-19 se realizará según las necesidades de manejo clínico del mismo”, precisa el Ministerio. El giro implica, por tanto, que desde el lunes ya no se publicarán datos bisemanales de contagios, hospitalizaciones y fallecimientos.
Sanidad asegura que las modificaciones se “han comunicado y valorado conjuntamente” con el Centro Europeo de Control de Enfermedades para “garantizar la coordinación de la vigilancia a nivel europeo” y que la información que aportará España a partir de ahora, limitada solo a casos graves y de entornos vulnerables, se pueda incluir en los informes de seguimiento de la pandemia en la Unión Europea.
España es uno de los primeros países europeos en eliminar los aislamientos en contagios leves y asintomáticos. En el entorno está el ejemplo de Reino Unido. El giro no está exento de riesgos. El propio documento aprobado admite que dar este paso implica “gestionar los riesgos” y conlleva “evaluar qué niveles de riesgo residual son aceptables para la sociedad sopesando el impacto social de las medidas de control y la disminución observada en la gravedad”.
Contagios estancados
La incidencia acumulada a 14 días en España, el indicador que lleva usándose desde hace dos años para medir el nivel de transmisión del virus y que a partir del lunes dejará de conocerse, se ha estancado en niveles de riesgo alto mientras tiende al crecimiento en Europa. El último dato, de este martes, sitúa la incidencia en 436,54 casos por cada 100.000 habitantes.
Tras una caída pronunciada que ha puesto fin a la sexta ola, a los contagios diarios les cuesta reducirse y se han registrado pequeños repuntes en las dos últimas semanas que hacen preguntarse si España tendrá que convivir con estos niveles de circulación del virus. La ministra de Sanidad argumenta que lo que importa ahora es tener bien controlada la ocupación hospitalaria, que sí está en niveles bajos de riesgo. Este martes había en 4.686 hospitalizados en planta (un 3,78% de la capacidad) y 552 pacientes en cuidados intensivos (un 6%).
En todo caso, el nuevo sistema aprobado por la Comisión de Salud Pública es provisional. Como se acordó hace dos semanas en una reunión en Zaragoza, estará en vigor durante más o menos un año, que es el tiempo que Sanidad y comunidades se han dado para construir una red de vigilancia centinela, que funcionará igual que la de gripe. Solo reportarán los diagnósticos una muestra representativas de médicos de Primaria y hospitales y a partir de estos datos se extrapolarán para calcular la incidencia de las infecciones.
El siguiente punto, y último a corto plazo, en la hoja de ruta del Ministerio de Sanidad es decidir la fecha para poner fin al uso de la mascarilla en interiores.