Ser okupa en tu propia casa. Es la situación que viven desde hace más de un año Lourdes, su marido y sus dos hijos menores. Sin trabajo ni recursos, se enfrentan estos días a un juicio por un delito de ocupación que, según la familia, se habría podido evitar acogiéndose a la ley andaluza antidesahucios, hoy en suspenso por un recurso del Gobierno central contra ella. Con ella la familia tenía garantías jurídicas para permanecer en su hogar, pero ahora todo es incertidumbre.
La pareja se quedó sin trabajo en 2009, poco después de pedir un préstamo de 72.000 euros al Banco Santander para reformar la vivienda. Pudieron seguir pagando todos los recibos de servicios de la casa y los gastos del día a día, pero abonar las cuotas del préstamo -500 euros al mes- ya estaba fuera de sus posibilidades. A pesar de los intentos por llegar a un acuerdo con el banco sobre los 60.000 euros que les restaban por abonar, la familia perdió su casa, que fue a parar, después de una subasta, a manos de la firma Propiedades Residenciales, con sede en Luxemburgo. De estar en vigor la normativa andaluza antidesahucios, aprobada por el Parlamento de Andalucía, la familia quedaría protegida. Pero la semana pasada el Tribunal Constitucional suspendió su aplicación.
Por situaciones como esta España se ha convertido en el mal ejemplo que se cita en el debate europeo sobre la necesidad de garantizar el derecho a la vivienda. El tema de los desahucios se mantiene en la actualidad política y judicial bajo la atenta mirada de Europa. Ya en marzo de 2013, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea consideró la ley hipotecaria española “abusiva” e ilegal de acuerdo con lo que establece la Directiva 93/13/CEE del Consejo Europeo sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores.
Tras este toque de atención de Bruselas, el Gobierno de Mariano Rajoy admitió a trámite la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de la PAH, para reformar la ley hipotecaria, pero finalmente aprobó una Ley de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social que no contentó a la plataforma ciudadana ni a ningún partido de la oposición. Por ejemplo, en cuanto a la dación en pago, que la ILP pedía que se aplicase de manera universal y retroactiva, la ley solo la contempla como parte del código de buenas prácticas bancarias.
Los desahucios españoles vuelven a la Eurocámara
El problema habitacional ha vuelto a trascender fronteras y se ha colado, como lo hiciera el aborto hace unos días, en el Parlamento Europeo. La eurodiputada francesa Karima Delli, del grupo de los Verdes, fue una de las firmantes de una propuesta que llevó de nuevo el asunto a Estrasburgo y que concluyó con una resolución para que la Unión Europea elabore una estrategia conjunta para las personas sin hogar. Una medida que ya se aprobó hace más dos años, en la Resolución del PE, de 14 de septiembre de 2011, pero que Europa no ha desarrollado.
“¿Qué esperan? ¡Su silencio es culpable!”, dijo Delli con indignación en el hemiciclo europeo haciendo alusión explícita a España, el país donde, según la eurodiputada, “la ley hipotecaria continúa violando el derecho europeo en detrimento de las personas que no tienen los medios para renegociar sus créditos”. Y la “situación empeora todos los días”, agregó. A su juicio, ni las políticas hipotecarias de España ni tampoco las de Grecia colaboran en la dirección de reducir el número de personas que sobreviven en las calles.
Y las cifras son la más clara evidencia de ello. En España había en 2012 71,3 personas sin hogar por cada 100.000 habitantes, según la encuesta del Instituto Nacional de Estadística (INE) que realiza a las personas sin hogar de 18 o más años que han sido usuarias de los centros asistenciales de alojamiento o restauración. Los territorios con más habitantes viviendo en la calle son Cataluña (21,3% del total), la Comunidad de Madrid (15,4%) y Andalucía (13,1%). Los motivos que más arrastraron a los afectados a esta situación son: la pérdida de trabajo (45,0%), no poder hacer frente al pago del alojamiento (26,0%) y la separación de su pareja (20,9%).
Europa, parte del compromiso
La resolución común -cuya propuesta suscribieron el Partido Popular Europeo (PPE), el grupo de los Socialdemócratas, los liberales y los Verdes- pretende que las medidas de Europa no se queden en palabras. La resolución de septiembre de 2011 se proponía un ambicioso objetivo: “Resolver, de aquí a 2015, el problema de las personas sin hogar instaladas en la vía pública”. Sin embargo, las intenciones no pasaron del papel.
Aunque la estrategia recoge que la competencia en la materia reside en los Estados miembros, apunta que Europa tiene que asumir parte del compromiso para poner solución al problema social de los desahucios. Según el texto, “la cuestión de las personas sin hogar se ha convertido en una prioridad de la política de la UE contra la pobreza en el marco de la Estrategia Europa 2020”. Con esta iniciativa, la Comisión pretende reducir para ese año al menos en 20 millones el número de personas en situación de pobreza y exclusión social o con riesgo de estarlo.
Al igual que la intervención de Karima Delli en el Parlamento, el texto recalca en varias ocasiones la importancia de los programas de vivienda social. Además, en su decimonoveno punto, incluye que los Estados miembros y sus autoridades locales, en cooperación con las asociaciones de inquilinos, deben aplicar políticas para reducir el número de desahucios. En este sentido, la eurodiputada francesa mencionó la cifra de “500.000 expulsiones ilegales”.
Para colaborar con las políticas nacionales, los eurodiputados exponen una serie de medidas como la creación de un grupo de expertos que apoye en la preparación y desarrollo de una estrategia, una petición a la Comisión para que utilice el Programa para el Empleo y la Innovación Social (EaSI) como principal fuente de financiación para subvencionar la programas de investigación al respecto, e insta a los Estados miembros a desarrollar viviendas sociales y asequibles adaptadas a las personas más vulnerables.
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) fue galardonada con el premio Ciudadano Europeo 2013 por su “labor en la defensa de los derechos humanos y los valores europeos en un ámbito europeo y transnacional” por el Parlamento Europeo. Ada Colau, portavoz de la plataforma, agradeció el reconocimiento, pero apuntó: “No queremos premios sino acciones”.
Entonces la delegación española del PPE emitó como respuesta un comunicado en el que expresaba su “indignación” por la concesión del premio a la PAH, que el eurodiputado Carlos Iturgaiz calificó de “organización violenta” en declaraciones a Efe. En esta ocasión, el diputado Csaba Ä°ry firmó la propuesta de resolución común en nombre del grupo PPE.