La batalla de Ángela González parece no tener fin. El Ministerio de Justicia ha emitido una resolución en la que confirma que no indemnizará ni reparará a la mujer que denunció por violencia machista en repetidas ocasiones a su exmarido y pidió que le impidieran ver a su hija, de siete años, hasta que en una de las visitas sin supervisión él asesinó a la niña y se suicidó.
Ocurrió hace 12 años y, desde entonces, Ángela no ha dejado de intentar demostrar la responsabilidad del Estado, hasta conseguir una resolución de la ONU en 2014 que reprocha la actuación de las instituciones y recomienda otorgar una reparación a la mujer y realizar una investigación. Sin embargo, el Gobierno sigue sin atender a las advertencias del organismo.
La organización Women's Link Worldwide, que lleva el caso de Ángela, recibió este lunes una resolución del Ministerio de Justicia, a la que ha tenido acceso eldiario.es, en la que desestima el recurso presentado por la mujer amparándose en que el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer (CEDAW) es “un dictamen de carácter jurídico que no vincula al Estado español en cuanto a su cumplimiento”. En él, el Comité concluyó que la negligencia de las instituciones estatales dio lugar a la muerte de la niña y reprochó al Gobierno no protegerlas.
La resolución se remitió el mismo día en que el CEDAW publicaba sus observaciones finales del examen realizado a España el pasado mes de julio en materia de igualdad de género. En una de ellas pide explícitamente al Estado que implemente las recomendaciones sobre el caso de Ángela y se muestra especialmente preocupado por el número de niñas y niños asesinados por sus padres durante el régimen de visitas, que según el organismo han sido 20 entre 2008 y 2014.
Para Viviana Waisman, presidenta de Women's Link Worldwide, la explicación del Ministerio de Justicia no es válida, pues “en el momento en que un país firma y ratifica un tratado internacional está demostrando un compromiso con los derechos humanos”. España firmó y ratificó la Convención CEDAW en 1984. “La decisión de no cumplir con los compromisos internacionales adquiridos libremente por el Estado es inaceptable”, sostiene Waisman.
Más de 30 denuncias
El Gobierno ha vuelto a repetir que “no existe base jurídica” para otorgar a Ángela una reparación y una indemnización “proporcional a la gravedad de lo sucedido”, que es lo que pide la ONU. Algo que ya esgrimió el pasado mes de enero, cuando envió al Comité un informe en respuesta a sus recomendaciones en el que se amparaba en que “en las sentencias emitidas por los tribunales nacionales no se apreció un funcionamiento anormal de la administración de justicia”. Y es que Ángela estuvo pleiteando numerosos años en varios tribunales españoles sin éxito.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha justificado este martes el rechazo a la indemnización porque, según él, no ha quedado demostrado “el mal funcionamiento de la justicia”, ha dicho en declaraciones recogidas por EFE. Aún así, ha reconocido que “se produjo un hecho lamentable” y “reprobable desde todo punto de vista”. Esta es una de las pocas ocasiones en las que un miembro del Gobierno se pronuncia respecto a este caso. “Cuando fallecen en este país personajes públicos, actores o gente conocida este gobierno siempre tiene palabras de pésame y condolencia. Yo sigo esperando”, decía hace unos meses Ángela refiriéndose a la falta de reconocimiento público que critican desde Women's Link Worldwide.
La batalla de la mujer comenzó en 2003, cuando su exmarido y padre de su única hija asesinó a la niña en un régimen de visitas sin vigilancia. El maltrato físico y psicológico al que estaba siendo sometida Ángela, del que también era víctima su hija, fue denunciado en más de 30 ocasiones ante instancias policiales y judiciales. En las denuncias ponía de manifiesto el rechazo de su hija a quedarse a solas con su padre, la manipulación a la que éste le sometía y el miedo que tenía de que le hiciera algo como forma de hacerle daño a ella. Solicitaba medidas de protección para ambas, sin embargo, su exmarido solo fue condenado una vez, por una falta de vejaciones, y la pena impuesta se limitó a una multa de 45 euros.
El Gobierno español sigue desoyendo a la ONU, pero aún así Waisman ha recalcado este martes que Ángela “seguirá luchando” y continuará recurriendo a los tribunales españoles. “Esperamos que el Estado aproveche esta oportunidad para demostrar que la lucha contra la violencia machista es una prioridad para España e implemente las recomendaciones hechas por el CEDAW”, ha declarado.