El Gobierno le ha prometido a la Comisión Europea que paralizará la ampliación de regadíos en Doñana promovida por PP, Vox y Ciudadanos porque “hace peligrar la integridad del ecosistema”, según el informe de respuesta del Ministerio de Transición Ecológica al que ha accedido elDiario.es.
España ha contestado esta semana a la carta de “honda preocupación” y “desconcierto” que Bruselas remitió en febrero ante la proposición de ley para amnistiar unas 1.500 hectáreas de fincas de riego sin permiso en el entorno de Doñana.
La advertencia de Bruselas implicaba una posible denuncia ante la justicia comunitaria que ya condenó a España en junio de 2021 por no proteger Doñana del expolio del agua que ha padecido. Lo que explica el informe sobre el que se ha basado la respuesta oficial es que esa regularización “desvirtuaría” las medidas que se han planeado para frenar el deterioro de los acuíferos de los que vive el parque y que se diseñaron “teniendo en cuenta la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea”.
El análisis de Transición Ecológica afirma que, en caso de que finalmente se aprobara esta norma, “España promoverá un recurso de inconstitucionalidad para la inmediata suspensión de su aplicación”. Si este tipo de recurso es presentado por el presidente del Gobierno y solicita la suspensión de la norma, basta con que el Tribunal lo admita a trámite para que esa norma quede paralizada.
Además, las medidas a las que se refiere el Ejecutivo se comunicaron a la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión en septiembre de 2021, tres meses antes de que el PP, Ciudadanos y Vox presentaran dos proposiciones de ley para transformar de golpe esas fincas sin autorización en explotaciones legales. Se registraron dos iniciativas (idénticas en contenido) para que Ciudadanos no apareciera junto a Vox en las firmas, pero se tramitan en un solo proceso.
La Comisión reitera que hay riesgo de sanción
La Comisión acaba de reiterar su posición sobre el proyecto para que haya más fincas alrededor de las marismas. El jefe de la unidad de Implementación y Cumplimiento Ambiental, Ion Codescu, comunicó hace unos días a una delegación de las organizaciones WWF, Ecologistas en Acción y SEO Birdlife, acompañados por la líder de adelante Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, y el eurodiputado Miguel Urban, que “de no retirar la proposición de ley y cumplir con la sentencia, aplicando medidas para reducir el impacto sobre el acuífero de Doñana, España será multada”.
El ministerio le reitera al Ejecutivo comunitario que las asignaciones de agua para el regadío en la zona tienen como prioridad la conservación ambiental de Doñana y el nuevo plan hidrológico “acentúa las medidas de protección”.
La legislación de aguas española y el plan hidrológico del Guadalquivir no dan opción alguna al incremento de extracciones de agua subterránea para el regadío en el entorno
Por eso no contempla la posibilidad de que se legalice el uso de más volumen hídrico para satisfacer las fincas que, actualmente, son regadas ilegalmente: “La legislación de aguas española y el plan hidrológico del Guadalquivir no dan opción alguna al incremento de extracciones de agua subterránea para el regadío en el entorno”, a pesar de que esas 1.500 hectáreas de fincas se declararan finalmente regulares y con riego permitido.
En las explicaciones se aclara que el agua que llegará a El Condado onubense por el trasvase desde la cuenca del Tinto-Odiel-Piedras está supeditada a reducir las extracciones subterráneas legales actuales. Es decir, ese volumen de hasta 16,99 hectómetros cúbicos tiene que aliviar los bombeos que chupan desde el subsuelo para regar explotaciones con derechos de agua, no alimentar fincas que han regado desde los acuíferos sin permiso, abunda el informe. Tres de las cinco masas de agua subterránea bajo Doñana están declaradas sobreexplotadas.
Contexto electoral de las fincas de regadío
El proyecto de ley que ahora se tramita en el Parlamento andaluz ha surgido casi al final de la legislatura autonómica, a pesar de que el presidente Juan Manuel Moreno Bonilla había apostado por planes similares cuando era candidato, eso sí, siempre antes de que el Tribunal Europeo sentenciara en contra de España. Las Cortes andaluzas admitieron a trámite los textos el 9 de febrero con la abstención del PSOE. El calendario electoral andaluz marca comicios autonómicos –como muy tarde– a finales de este año.
La propuesta legal entró en el registro parlamentario en enero, poco después de que la ultraderecha de Vox presentara un texto que pedía al Gobierno de Moreno Bonilla que amnistiara las fincas. Un texto que era casi un calco de otra iniciativa similar expuesta por el jefe del Ejecutivo cuando todavía estaba en la oposición.