No es habitual que la portada de una revista del corazón marque la agenda política. Sin embargo, la imagen de Ana Obregón saliendo en silla de ruedas de un hospital de Miami con una niña en brazos que parió otra mujer muestra que el papel couché le hace a veces una llave de judo el Boletín Oficial del Estado. Porque, pese a que la gestación subrogada está prohibida en España, solo entre 2010 y 2020 se registraron en este país más de 2.520 bebés nacidos por esta práctica en el extranjero.
Este miércoles, hasta tres ministras han salido a recordarlo. “Es una práctica que no es legal en España”, indicó la titular de Igualdad, Irene Montero, que señaló que “la nueva ley de derechos sexuales y reproductivos lo reconoce como una forma de violencia contra las mujeres”. “Es una forma más de explotación del cuerpo de la mujer”, afirmó la de Hacienda, María Jesús Montero. “Esto se llama vientres de alquiler, no gestación subrogada”, incidió la de Educación, Pilar Alegría.
La ley sobre técnicas de reproducción humana asistida siempre ha considerado nulo de pleno derecho cualquier contrato de gestación por sustitución, como lo define la norma de 2006. Sin embargo, una instrucción de la Dirección de los Registros y del Notariado permite desde 2010 la inscripción de aquellos bebés nacidos en el extranjero cuando existe una resolución judicial en el país de origen. Aunque no lo menciona explícitamente, suponía un salvoconducto para aquellas personas que decidiesen esquivar la normativa nacional a través de Estados Unidos o Canadá.
Esta decisión, tomada bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ha traído de cabeza al Partido Socialista en más de una ocasión. Su eliminación fue, precisamente, una de las enmiendas que llegaron a la comisión de igualdad del 40º congreso del PSOE, donde finalmente fue rechazada. El anterior cónclave socialista, celebrado en 2017 con Pedro Sánchez como secretario general, rechazó la gestación subrogada tras un intenso debate, que se resolvió con una abrumadora mayoría en contra de regular la “maternidad por sustitución”.
¿Por qué no se elimina entonces la instrucción si hay consenso en el Ejecutivo? Varias fuentes gubernamentales reconocen a elDiario.es que derogar esa orden plantea algunas dudas en torno a la vulneración de los derechos de los niños y las niñas. La cuestión de fondo es qué hacer con un bebé que ha nacido ya en el extranjero. El propio Zapatero reconocía en esta entrevista que incluso cuando se aprobó aquella gracia se tuvo en cuenta que “hay un menor y hay un conflicto de intereses que hay que intentar armonizar”.
Instrucción aparte, en los casos en los que no existía esa resolución judicial en el país de origen, el mecanismo es diferente. En Ucrania, que hasta antes de la invasión rusa era uno de los destinos predilectos para esta práctica fuera de nuestras fronteras, “en el consulado se inscribía a la mujer que ha parido como madre, siguiendo el procedimiento español, y al padre, que tiene carga genética (previa prueba de ADN). Después la gestante renuncia a la filiación y una vez en España se inicia un proceso de filiación o adopción”, explica Eduardo Chaperón, de la asociación de familias que han recurrido a esta técnica en el extranjero Son Nuestros Hijos.
En 2019, el Ministerio de Justicia, que dirigía entonces Dolores Delgado, anunció que dejaría de permitir la inscripción de menores en Ucrania y cortó el grifo a la autorización de “nuevos expedientes de inscripción de niños nacidos mediante la técnica de gestación subrogada”. Esto provocó un atasco de parejas que no podían salir del país con los bebés que habían conseguido mediante gestación subrogada.
Sentencias contradictorias, resultados similares
Tribunales de varios países de Europa se han pronunciado sobre casos de gestación subrogada en los últimos años, con sentencias contradictorias aunque con resultados similares: los menores se quedan con sus padres de intención. La primera vez que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló a favor de la filiación de un bebé nacido por gestación subrogada fue en 2014. Francia, donde esta práctica está prohibida, había negado el registro. Pero la Corte, que reconocía la falta de consenso en Europa y las dificultades que planteaba la disyuntiva, estimó que prevalecía “el derecho a la identidad” del menor.
Precisamente, la falta de consensos internacionales provoca situaciones como las que suceden en España, con decenas de niños registrados cada año. “No se les puede dejar en el limbo”, admite el catedrático en Derecho Constitucional Octavio Salazar. “La perversión que tenemos ahora mismo aquí es que el ordenamiento está permitiendo por una parte lo que prohíbe por otra”, por lo que “el problema está no tanto en lo que pasa aquí dentro, sino en que al estar la vía de irte fuera, lo estás convirtiendo en una práctica elitista para quien tiene recursos económicos y se lo puede permitir”.
“El Gobierno, haga lo que haga, la filiación la va a tener que reconocer. Lo puedes hacer más fácil o más complicado, pero al final el resultado va a ser exactamente el mismo”, defiende Chaperón.
Sin embargo, el Ejecutivo sí tiene la capacidad de actuar en otros frentes. En el acuerdo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos, ambos partidos se comprometían a actuar “frente a las agencias que ofrecen esta práctica a sabiendas de que está prohibida en nuestro país”. Sin embargo, la ofensiva contra estas empresas radicadas en nuestro país y que hacen negocio asesorando y llevando a clientes a terceros países ha quedado descafeinada. Porque en la reforma de la ley del aborto se incluye la prohibición de publicidad, pero nada más.
En los primeros borradores de la norma se habían incluido otras medidas, como perseguir penalmente aquí a los clientes españoles que recurriesen a la gestación subrogada, propuesta por Unidas Podemos. Fuentes de Igualdad alegaron entonces que había sido Justicia quien había rechazado incluir esa novedad. “Una ley siempre se negocia en el ámbito de los diferentes ministerios competentes y del Gobierno, y aunque en los borradores iniciales había más medidas, finalmente, lo que les he explicado son las medidas que esta ley toma respecto a la explotación reproductiva”, dijo Montero en la presentación de la ley tras su paso por el Consejo de Ministros en julio.
Unos meses antes, en abril, el propio Tribunal Supremo había dictado una contundente sentencia en la que incidía en que la gestación subrogada está prohibida en España y afirmaba que “las madres y los niños son tratados como simples mercancías”. También tenía palabras para las agencias que, decía, “actúan sin ninguna traba en nuestro país”. En concreto, el Alto Tribunal corregía a la Audiencia de Madrid, que reconocía a una mujer la filiación de un niño nacido por gestación subrogada en México.
La Fiscalía llevó el caso al Supremo, que acabó reconociendo que “la realidad es más compleja”, por lo que consideró que “la satisfacción del interés superior del menor en este caso conduce a que el reconocimiento de la relación de filiación a la madre comitente deba obtenerse por la vía de la adopción”, la fórmula que ya se utilizaba en algunos procesos que no eran automáticos. La sentencia no ha sido recurrida al Constitucional, por lo que es firme.
Las derechas, divididas
Las derechas en España están divididas sobre la gestación subrogada. Vox se opone a su regulación y apela por mantenerla ilegal. Pese a las dudas iniciales propiciadas por unas ambiguas declaraciones de su portavoz parlamentario, Iván Espinosa de los Monteros, en las que dijo “no tener posición” al ser preguntado por el caso de Ana Obregón, el partido ultra ha dejado claro después que su planteamiento es el que dejaron por escrito en el Congreso en una proposición no de ley en 2020 que pretendía impedir algo que ocurre en la práctica: alquilar un vientre en otro país y después filiar al niño como propio en el consulado.
Entonces, el PP votó en contra. No porque estuviera a favor de la gestación subrogada, sino por no alimentar a Vox. Ahora, Alberto Nuñez Feijóo esgrime que, de facto, ya se permite a los españoles acceder a esta práctica saltándose la propia ley para abrirse a regular de alguna forma la “gestación subrogada sin interés mercantil”. Una novedad que, como en el caso del aborto, no ha pasado por ningún órgano del partido y que, hasta ahora, no se había expresado con tanta nitidez.
De hecho, en el congreso ordinario que el partido celebró en 2017, con Rajoy al frente, se optó por dar una patada adelante ante la imposibilidad de poner de acuerdo a las dos almas que habitan el partido: la conservadora y la liberal. Pero ese mismo año se impuso el ala conservadora en lo importante: el voto en el Congreso. Ciudadanos, tercera pata de la derecha española, sí defiende la gestación subrogada, aunque con limitaciones. Entre otras, que teóricamente no pueda haber beneficio económico para la mujer gestante. Es decir, la fórmula que ahora el PP sí podría aceptar.
Ciudadanos ha salido este miércoles a defender su posición. Su portavoz adjunto en el Congreso, Edmundo Bal, y su candidata en Madrid, Begoña Villacís, han recordado que la nueva posición del PP es la que defienden ellos desde hace años.