Cada mes son interpuestas en España más de mil denuncias por agresiones y abusos sexuales. El balance arroja una cifra que supera la denuncia por hora: son 32 al día, según los datos oficiales registrados entre enero y septiembre de 2019. El Ministerio del Interior publica trimestralmente la cifra relativa al total de delitos contra la libertad e indemnidad sexual, y eldiario.es ha accedido además al desglose por tipo de infracción penal.
En estos nueve meses correspondientes a la última contabilización se han presentado un total de 11.587 denuncias por violencia sexual. Ello incluye todos los delitos contenidos en el capítulo VII del Código Penal (acoso, abuso y agresiones, exhibicionismo...). De ellos, una inmensa mayoría, el 78%, se corresponden con agresiones y abusos sexuales. Interior diferencia entre ambos porque así lo hace la ley: las primeras precisan de violencia e intimidación y los segundos, no. En total han sido 9.027 denuncias.
La cifra final es el resultado de sumar las cuatro categorías en las que agrupa el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska estos delitos: agresión sexual con y sin penetración y abuso sexual con y sin penetración. De ellas, el abuso sexual sin penetración es la más común, con un total de 5.245 denuncias; le sigue la agresión sexual sin penetración (1.504) y, por último, la agresión y el abuso sexual con penetración (1.410 y 868 denuncias, respectivamente).
A pesar de que el Gobierno aún no ha sistematizado los datos referidos al último trimestre de 2019, la cifra relativa a los nueve primeros meses permite concluir que, de seguir a un ritmo mantenido, el número de denuncias afianzará la tendencia de incremento que lleva experimentando desde hace seis años. Ya en todo 2018 se interpusieron 10.727 denuncias por agresiones y abusos, un 60% más que las 6.732 de 2012. Interior no cita el género de la persona denunciada ni denunciante, pero un informe de 2017 concluyó que el 88% de las víctimas –en las que se incluyen también niños y niñas– son mujeres y el 98,4% de los investigados, hombres.
La ley de libertad sexual, una prioridad
Más allá de los datos, las organizaciones que trabajan con este tipo de víctimas llevan años reclamando la puesta en marcha de políticas públicas contra la violencia sexual, prácticamente inexistentes. Así lo ha denunciado Amnistía Internacional en varias ocasiones, que ha tildado el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado en septiembre de 2017, de “oportunidad perdida” por no incluir de manera transversal medidas relativas a este tipo de violencia contra las mujeres.
Ante ello, fuentes del Ministerio de Igualdad apuntan a que la aprobación de una ley de libertad sexual es de “máxima prioridad”, tal y como recogía el acuerdo firmado entre Unidas Podemos y el PSOE de cara a la formación de Gobierno. Precisamente este miércoles, la ministra Irene Montero ha asegurado en una entrevista en la Cadena Ser que la ley es “la primera” que lanzará su ministerio “en cuestión de semanas”.
Igualdad tiene sobre la mesa la norma registrada en el Congreso por su grupo parlamentario en julio de 2018 y sobre la que está trabajando con el objetivo de actualizarla y de “adaptarla a la jurisprudencia que ya ha habido sobre los delitos sexuales en los últimos años”, esgrimen las mismas fuentes.
Entre los aspectos que desarrolla se encuentra la esperada reforma de los delitos sexuales en el Código Penal, que ya había comenzado a estudiar una comisión de expertos dependiente del anterior Ministerio de Justicia. El objetivo es garantizar que “solo sí es sí” y eliminar la distinción entre agresión y abuso, de forma que la violación pase a estar regulada en función únicamente de la ausencia de consentimiento, tal y como exige el Convenio de Estambul, no en si existió violencia o intimidación, como ocurre actualmente.
Pero no solo las cuestiones penales son la clave del texto. La ley diseña todo un marco integral, al estilo de la ley contra la violencia de género en el seno de la pareja o expareja de 2004 y contempla un abanico de medidas en diferentes ámbitos relacionadas con la sensibilización, prevención, formación y asistencia para las víctimas. Igualdad no ofrece fechas concretas para que el Consejo de Ministros apruebe el anteproyecto, que posteriormente tendrá que pasar al Congreso para su trámite.
La invisibilidad de la violencia sexual
Según analizan las expertas, el incremento sostenido en el tiempo del número de denuncias responde “a un contexto en el que comienza a hablarse de la violencia sexual y, al menos, hay un rechazo público en los últimos años”, señala Lorena Garrido, profesora de Derecho de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). La jurista insiste en que “no significa que los casos hayan aumentado”, sino que se denuncia más porque hay una mayor sensibilización favorecida por la presencia del tema en la agenda política y social.
El #MeToo, el #Cuéntalo, los últimos 8M multitudinarios y la confluencia de casos mediáticos como el de 'la manada', el caso Arandina o el de la violación múltiple de Manresa han puesto el foco en un problema al que no se le prestaba la suficiente atención. “El silencio es pieza clave de la impunidad y eso está empezando a romperse. La justicia sigue reproduciendo estereotipos y tiene decisiones muy cuestionables, pero también está lanzando mensajes interesantes”, señala Garrido.
A pesar de que tanto a nivel político como social la violencia sexual cada vez tiene más presencia, las expertas avisan de que la cifra de denuncias registrada es la punta del iceberg porque este es uno de los delitos marcados por grandes niveles de infradenuncia.
La batalla mediática
Frente a los tipos de violaciones que más visibilidad están teniendo en los medios, las perpetradas en grupo, hay otras “que son las más comunes, pero permanecen mucho más invisibles porque apenas se denuncian”, explica Virginia Gil, directora de la Fundación Aspacia, que gestiona desde hace unos meses el centro de emergencia para víctimas de violencia sexual recién puesto en marcha en Madrid.
Eso a pesar de que partidos políticos como Vox utilicen intencionadamente las violaciones cometidas por dos o más hombres para difundir bulos racistas. Gil apunta a que “precisamente ese es el problema” con la violencia sexual, que “está extendido el estereotipo de que las violaciones se cometen mayoritariamente por parte de desconocidos que asaltan a una mujer de noche, por la calle y con mucha violencia”. Al contrario, “los datos disponibles nos permiten concluir que las agresiones se producen a manos de hombres del entorno”.
“Poner el foco en las agresiones en grupo de la forma en que lo hace Vox es desvirtuar la violencia sexual”, prosigue Gil, que apunta a que las violaciones en el seno de la pareja, por ejemplo, ocurren pero se denuncian “muchísimo menos”. Lorena Garrido asegura que esta dimensión todavía no está en las estadísticas porque “es más fácil” denunciar una agresión por parte de un desconocido porque “cuando hay cierto nivel de cercanía, aunque sea que la víctima lleva unas horas con el agresor, el cuestionamiento es mayor”.
A pesar de que aún la mayor parte de la violencia sexual permanece oculta, Garrido cree que el número de denuncias provoca sorpresa “porque socialmente todavía no hay la conciencia del nivel de prevalencia que tiene” a pesar de que “forme parte todavía de nuestro contexto social”. El centro de emergencia de Madrid, pionero en España, cuenta con atención 24 horas y solo en apenas un mes ya ha atendido a 54 mujeres.
Por eso, las expertas exigen que la ley de libertad sexual no se circunscriba solo a la reforma del Código Penal, sino que “el Estado ponga todos los medios” a disposición “de un cambio de paradigma global” que implique una mirada “basada en la libertad y autonomía sexual de las personas”, en palabras de Garrido. “En este sentido, nos queda mucho por recorrer”, concluye la jurista.