La Organización Mundial de la Salud subrayó este lunes que España, además de confinarse, necesita “redoblar los esfuerzos en Salud Pública” para aplastar la curva de la COVID-19. “Buscar los casos”, dijo su director de emergencias Michael Ryan. Sin embargo, la Salud Pública española, ahora puesta en primera línea de batalla, padece una “dejación crónica” desde hace décadas, como la definen sus profesionales.
Cada año desde 1988, los servicios de Salud Pública en España han recibido, de media, el 1,1% de toda la inversión sanitaria, según la Encuesta de Gasto Sanitario Público. En 2017 (las últimas Cuentas consolidadas) el Ministerio de Sanidad dedicó unos 93,5 millones de euros, el 14% de su presupuesto, mientras que las comunidades autónomas gastaron un 1% del total: unos 657 millones. Todo el Sistema Nacional de Salud dedicó 763 millones a estos programas sobre un total de 68.400 millones.
Michael Ryan hacía referencia a una serie de acciones propias de estos servicios: “Poner en marcha la vigilancia de salud pública, el aislamiento, las cuarentenas, el rastreo de casos... Que el personal chequee a las personas que contactaron con un positivo: '¿Cómo estás? ¿Has tenido fiebre? ¿Has tenido tos?' Y si aparecen síntomas, hacer el test. Porque los confinamientos por sí solos no funcionan”.
Prevención y promoción
La Salud Pública se encarga de la protección de la salud de la población mediante la prevención de enfermedades y la promoción de hábitos saludables. Prevenir el tabaquismo ahorra gran cantidad de recursos en tratar enfermedades pulmonares. Controlar a un inmigrante irregular con una infección previene que haya más pacientes con esa enfermedad. La vacuna contra la gripe alivia los colapsos en urgencias cada invierno. Cortar los contagios de coronavirus es crucial para eliminar presión a las sobrepasadas UCI.
“Cuando las cosas van bien, todo el mundo da por sentado que estos servicios funcionan solos, pero detrás hay dispositivos que hacen que funcionen discretamente y no sabemos cómo hacer para que se doten más”, reflexiona Joan Ramón Villalbí, director de Calidad de la Agencia Catalana de Salut.
La Salud Pública ha avanzado a golpe de emergencia, cuando los focos buscaban respuestas ante picos desastrosos: “En España se organizó tras una catástrofe como la del envenenamiento por el aceite de colza que puso de manifiesto que la vigilancia era insuficiente y se basaba en personal a tiempo parcial e infradotado”, recuerda Villalbí. Aun así, ya en el siglo XXI, esa dotación para Salud Pública, después de recibir un empujón económico de más de 350 millones de euros (un 47%) en 2009, vio cómo, desde ahí, sus partidas caían en 500 millones hasta 2015 (un 42%) y luego solo ha recuperado 110 millones. En 2017 el nivel de inversión estaba en el mismo sitio que en 2008.
“Para algunas acciones clave de Salud Pública como es tener buena información, es decir, vigilancia, tener respuestas para identificar casos, seguirlos y aislarlos para que cuando llegue la transmisión comunitaria sea más lenta; para todo eso, se necesitan recursos”, argumenta Ildefonso Hernández Aguado, exdirector general de Salud Pública (2008-2011) y actual portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública (Sespas). “Los profesionales son buenos técnicamente, pero hacen falta esos recursos materiales y humanos que están menguados”.
En la década entre 2007 y 2017, las comunidades autónomas –principales gestoras de la Sanidad– han pasado de gastar 716 millones de euros en esta disciplina a quedarse en 657. No hay muchísima diferencia en cuanto al color político de la administración: algunas como Andalucía apenas dedicaron el 0,3% del presupuesto sanitario a estas actividades. En Madrid y Catalunya han superado por poco el 0,5% de todo su gasto en Sanidad.
Además del puro elemento financiero, hay decisiones que han ido mermando o afianzando los trabajos de prevención. El mantenimiento de áreas sanitarias en comunidades autónomas, como Castilla y León o la Comunidad Valenciana, “facilitan la coordinación de información entre centros de salud y el hospital de referencia de la zona donde acaban los pacientes más graves”, recuerda Hernández. La Comunidad de Madrid eliminó esa estructura en 2010 para sustentar su proyecto de “libre elección” de centro por toda la región.
En octubre de 2011, se aprobó la ley general de Salud Pública para sostener “las acciones de coordinación y cooperación entre administraciones” con el objetivo de “prevenir la enfermedad así como para proteger, promover y recuperar la salud de las personas, tanto en el ámbito individual como en el colectivo”, según exponía la norma. “No está desarrollada en absoluto”, analiza Hernández Aguado.
El texto, en vigor, contiene una serie de exigencias en cuanto a vigilancia y coordinación. Precisaba un reglamento para saber quién hace qué, cómo y de qué manera se realiza el flujo de información entre administraciones. De hecho, esta estructura tenía que materializarse en una Red Estatal de Vigilancia de Salud Pública que hoy no existe. En febrero de 2018, casi siete años después de la publicación de la ley, el Gobierno hizo una consulta pública para su creación. Hasta ahí se llegó.
Un cierto desdén
Esta ley, de hace casi una década, contenía el embrión para crear una Agencia Estatal para aunar la mejor evidencia científica sobre las emergencias sanitarias y contemplaba la generación de un registro de profesionales y recursos disponibles en caso de catástrofe internacional “que bien podría estar a disposición en las circunstancias actuales”, subraya el catedrático Hernández. “Habría desembocado en un plan de prevención y respuesta nacional y de las comunidades. Una estructura sólida para hacer el uso más eficiente de los recursos porque esas decisiones no salen bien bajo estrés y con la urgencia encima”, resume.
El desdén por las políticas de salud pública puede rastrearse. En 2008, el Gobierno de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid fulminó el Instituto de Salud Pública en su afán de ahorro presupuestario, disgregando sus funciones por diferentes departamentos de la Consejería de Sanidad durante años. En el frustrado primer intento para para formar gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos de 2019, el Ministerio de Sanidad (que sin gestión en la parte asistencial, sí tiene gran parte de su trabajo en la salud pública) asomó como moneda de cambio poco apetitosa. Al arrancar este año 2020, el Gobierno andaluz del PP y Ciudadanos avanzó su intención de eliminar como tal la Escuela Andaluza de Salud Pública.
Con todo, en esta crisis de la epidemia de coronavirus, Joan Ramón Villalbí cree que “la capacidad no está siendo despreciable. Nos preocupa que haya desbordamiento asistencial, pero la parte de salud pública, que tiene que ver con la vigilancia y seguimiento, ha sido buena”.
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