ElDiario.es ha tenido acceso a una carta enviada este jueves por varios eurodiputados a la ministra de Exteriores González Laya, en la que le piden que explique la posición de su ministerio en relación a Martín Villa y el papel del Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell cuando, siendo aún ministro de Exteriores español, defendió al exministro de la Transición.
Borrell expuso su defensa y elogios a Martín Villa en cartas enviadas en 2019 al embajador español en Argentina y al embajador argentino en España, a las que tuvo acceso elDiario.es el pasado mes de septiembre. Dichas misivas fueron presentadas por Martín Villa ante la jueza de la querella argentina que lo interrogó el pasado mes de septiembre en el marco de la investigación de crímenes del franquismo.
Son tres las cuestiones que eurodiputados de PNV, EH Bildu, Junts per Cat, ERC, Anticapitalistas y BNG plantean ahora a la ministra de Exteriores. Le piden que confirme que Exteriores envió a los embajadores cartas en apoyo a Martín Villa a lo largo de 2019 y le preguntan si “es una práctica habitual que el ministro o ministra de Asuntos Exteriores remita cartas a los embajadores o embajadoras españolas y de los países afectados, en relación a casos judiciales en curso contra un ciudadano español”.
También solicitan saber si desde que la ministra ocupa su cargo en Exteriores su ministerio “ha establecido comunicación con la delegación diplomática española en Argentina o con la argentina en España en relación al caso contra Martín Villa o con la querella argentina”.
En las cartas enviadas en 2019 a los embajadores y usadas por Martín Villa ante la jueza de la querella argentina, Borrell elogiaba al exministro de la Transición como un “destacado político de la época de nuestra transición” y “figura clave en la política de aquellos años que hizo posible la construcción de la actual democracia española”. En una de ellas, dirigida al embajador de Argentina en España, Borrell, aún ministro de Exteriores, señalaba:
“No se le escapará, señor Embajador, que este asunto, aunque se desarrolla en el ámbito extrictamente [sic] judicial, tiene aspectos políticos muy notables, tanto en el plano interno español como en el marco de nuestras relaciones bilaterales que debemos gestionar”.
En otra, dirigida al embajador español en Argentina, indicaba: “Coincido contigo en tu valoración tan positiva y tan justa de la persona de Rodolfo”. Y repetía: “Puede ser discutible el deseo del interesado en comparecer ante la justicia”, apuntaba Borrell, “pero ello es coherente con su biografía y su manera de ser”.
El ahora jefe de la diplomacia añadía: “En este contexto, desearía que Rodolfo se sintiera amparado por esa Embajada a sabiendas de que no va a solicitar nada que sea ajeno a la normal protección a dispensar a un ciudadano español. No se trata, pues, de interferir, ni lo más mínimo, en las decisiones judiciales, pero sí de mostrar nuestra cercanía al interesado”.
Cuando el contenido de dichas cartas fue desvelado por elDiario.es el portavoz de Borrell en la Comisión Europea señaló que “dichos intercambios son una práctica normal en el contexto de cuestiones relacionadas con la protección consular de los ciudadanos”.
Ambas cartas, junto con otras de cuatro expresidentes –Felipe de González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy– fueron aportadas por Martín Villa ante la jueza de cara a la declaración indagatoria en la que el exministro de la Transición declaró por voluntad propia por “delitos de homicidio agravado” en un contexto de crímenes de lesa humanidad por sucesos como los Sanfermines de 1978 (un muerto, 150 heridos) o la masacre de Vitoria el 3 de marzo de 1976 (5 muertos, más de 100 heridos), entre otros.
En la carta enviada este jueves a la ministra de Exteriores los eurodiputados Miguel Urbán (Anticapitalistas), Izaskun Bilbao Barandica (PNV), Pernando Barrena (EH Bildu), Toni Comín (Junt per Cat), Ana Miranda (BNG), Clara Ponsatí (JxCat), Carles Puigdemont (JxCat) y Diana Riba (ERC) señalan que “los diferentes países europeos que sufrieron regímenes autoritarios y fascistas homologables al español han podido juzgar a sus respectivas dictaduras y a sus mandatarios, además de desarrollar una política activa de reconocimiento de las víctimas. Todos los países, a excepción del Estado español”.
Indican también que debido a la impunidad del franquismo España es uno de los países con más desaparecidos forzados y celebran a su vez que dicha anomalía haya sido reconocida por el Gobierno actual, que está tramitando una nueva ley de memoria “que supone un valioso cambio de actitud y puede aportar verdad, justicia y reparación a las víctimas del franquismo”.
En la misiva a la ministra subrayan que, “tal y como estipulan las reglas del derecho internacional de los Derechos Humanos firmadas por España, ninguna ley, práctica o decisión política o judicial puede amparar crímenes contra la humanidad como los que se cometieron, sistemáticamente, durante toda la dictadura franquista”.
Mencionan como ejemplo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos suscrito y ratificado por nuestro país antes de que se dictara la Ley de Amnistía, y que establece, en su artículo 25.2, que nada impedirá el juicio y la condena por actos u omisiones que en el momento de cometerse fueran delictivos según los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional.
Así mismo recuerdan que el Parlamento Europeo aprobó en 2016, por amplísima mayoría, el Informe Nagy sobre la situación de los derechos fundamentales de la Unión Europea en 2015 y que insta a los Estados miembros a colaborar con las investigaciones judiciales nacionales o internacionales destinadas a esclarecer responsabilidades en el ámbito de la memoria democrática, y a procurar verdad, justicia y reparación a las víctimas de los crímenes de lesa humanidad cometidos en la UE.
El pasado 3 de septiembre diferentes eurodiputados del Grupo de Trabajo de Memoria Histórica registraron una pregunta a la Comisión Europea en la que preguntaban a la misma si tenía conocimiento de que uno de sus vicepresidentes, Borrell, “apoya a un ministro de Franco que es actualmente objeto de investigación por crímenes contra la humanidad”. También preguntaban a la Comisión si “la injerencia del Sr. Borrell en un juicio en un tercer país es compatible con el principio de separación de poderes y de su mandato en la Comisión”.
“La respuesta del Alto Representante de la UE y vicepresidente Borrell, en nombre de la Comisión Europea, nos remitía textualmente a: Dado que este asunto tuvo lugar durante el período en el que el Sr. Borrell era ministro de Asuntos Exteriores de España, remitimos a Sus Señorías para cualquier pregunta relacionada con este tema al Ministerio de Asuntos Exteriores español”, señalan los eurodiputados en la carta enviada hoy a la ministra González Laya.
Esa contestación es la razón por la que se dirigen ahora al ministerio de Exteriores español, a la espera de una respuesta en torno a la actuación de Borrell y la posición del ministerio ante Martín Villa en el marco de la querella argentina.
En una reciente entrevista concedida a elDiario.es el vicepresidente de la Comisión Europea, Josep Borrell, contestaba así cuando se le preguntaba si creía que no debían haberse incluido sus cartas a los embajadores en la documentación que aportó Martín Villa a la jueza de la querella argentina:
“A la vista de lo que decía en esas cartas, no me puede producir ninguna incomodidad que se hagan públicas. No decía nada que no hubiera podido decir directa y abiertamente. Yo no las mandé a la juez, porque me pareció completamente inapropiado que el Poder Ejecutivo de un país se dirigiera al Poder Judicial de otro país.
Se las mandé al interesado y a la autoridad consular o diplomática que tiene que velar por su protección y su seguridad. Pero lo que decían esas cartas, por mí lo habría podido publicar el señor Martín Villa en el periódico. No decía nada de que fuera reprobable.
Gustará o no, pero el señor Martín Villa ha jugado un papel en la vida política española que no se puede menospreciar, y si quiere ir a declarar voluntariamente, lo menos que podemos hacer es decirles a los servicios consulares españoles que tengan en cuenta que tal presencia se va a producir. Pero yo, francamente, no veo qué problema hay en ello. Y si Martín Villa creyó oportuno ponerlo en la documentación a la jueza, pues tampoco se lo puedo reprochar“.
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