España tiene 800 casos de vertidos de aguas residuales mal tratadas investigados por la Comisión Europea (CE). Bruselas mantiene abiertos cuatro procedimientos que suman centenares de infracciones respecto a la purificación de aguas urbanas que luego se descargan en áreas especialmente sensibles. El miércoles, la CE llevó a España ante el Tribunal Europeo por los casos concretos de Figueres, Bergà, y El Terri en Cataluña y la zona de Pontevedra-Marín-Poio-Bueu en Galicia.
Además de estos vertidos ilegales, Europa considera que en otras tres zonas “los datos remitidos por España o son incompletos o no demuestran que se hayan alcanzado los estándares apropiados”. Se sitúan en Bollullos Par del Condado (Huelva) y Abrera y Capellades (Barcelona). Las áreas sensibles exigen una purificación más exhaustiva porque, si no se hace así, pueden contaminar el agua potable o poner en riesgo la vida acuática. Solo en Andalucía, la Junta reconoció en junio de este año que el 19% del agua que se devuelve al mar o a los ríos está contaminada.
La CE acusa a las autoridades españolas de “haberse retrasado” a la hora de aplicar la legislación sobre esta materia, que data de 1991 y que debería haber estado en marcha el 31 de diciembre de 1998. La denuncia presentada comenzó a fraguarse hace 11 años. “España fue advertida en 2003 sobre estos casos en particular”, ha explicado una portavoz de la Comisión. Ahora, “buscamos que el tribunal declare que España ha fallado a la hora de tratar adecuadamente las aguas residuales antes de verterlas en áreas sensibles”, han manifestado fuentes del Ejecutivo europeo a eldiario.es.
Las zonas sensibles son las aguas que se usan para abastacer el consumo humano o los lagos de agua dulce naturales, estuarios y aguas costeras que presenten exceso de fitoplancton (eutróficos) –o puedan desarrollarlo–. Y desde 1999, la ley obliga a los países a “asegurarse de recoger y tratar adecuadamente las aguas residuales” que luego puedan fluir a esas masas líquidas: ya sean de donde se obtiene el servicio para seres humanos o donde haya peligro para la vida acuática. Verter residuos líquidos sin el tratamiento establecido puede inyectar “bacterias y virus dañinos que suponen un peligro para la salud pública”, resume la Comisión Europea.
Así que, aunque se reconoce que algunos de los problemas se van solventando, estas infracciones sobre las que se avisó en 2003 ya están camino de los jueces. Otras están esperando a que el procedimiento avance. Entre las que ya son denuncia formal, la zona de Bueu (Potevedra), que está padeciendo un contencioso entre la localidad y la empresa concesionaria del servicios de aguas: Aqualia (del grupo FCC). Solo entre 2013 y 2014, la empresa ha denunciado a la ciudad por denegarle una subida de tarifas (le reclamó 391.000 euros), mientras que el Concello le abrió a la sociedad un expediente sancionador por “falta muy grave” en abril de este año por el vertido de aguas residuales. Entre denuncia y contradenuncia, ha llegado la acción judicial europea.
Pero en cartera hay asuntos que se van acumulando. El 23 de enero de 2013, Bruselas pidió explicaciones a España por los vertidos que se estaban produciendo en Laguna de Duero (Valladolid) tras una denuncia del entonces eurodiputado de Izquierda Unida Willy Meyer. Otro caso con repetidos episodios de vertidos es el del río Tea (Pontevedra).
El mismo eurodiputado alertó a la Comisión Europea para que tomara cartas en el asunto en 2007. En agosto de 2014, la Xunta tuvo que sancionar a Aguas de Mondariz por un vertido incontrolado de sosa que mató a cientos de peces justo en esta corriente fluvial. Viendo el ritmo con que se tramitan las infracciones en el estrato europeo, estas aguas maltratadas aún están lejos de recibir la protección legal que ya merecen.