Desde que, en 2013, el Gobierno de Mariano Rajoy (PP) permitió prorrogar casi automáticamente durante décadas las ocupaciones que iban a caducar de fábricas, chiringuitos o pasarelas en la costa, 346 de estos permisos han sido alargados de manera “injustificada”, según califica la Comisión Europea.
Bruselas abrió el pasado miércoles un expediente a España por falta de transparencia e imparcialidad a la hora de elegir las ocupaciones de la costa. La Comisión considera que “la posibilidad de extender las concesiones existentes sin justificación va en contra de las normas”.
Las 346 prórrogas sin concurrencia pública al amparo de la norma de 2013 incluyen de todo, según los datos del Ministerio de Transición Ecológica. Desde una vivienda, a un chiringuito, una pasarela o la fábrica de la papelera ENCE cuya licencia fue prolongada por el Ejecutivo de Rajoy gracias a su reforma de la ley de Costas y estando en funciones. El Supremo acaba de revocar la suspensión del permiso que dictó la Audiencia Nacional.
Tras la apertura del proceso de infracción, en Transición Ecológica entienden que “la prórroga que prevé la ley de 2013 constituiría una renovación automática para su actual titular, lo que le otorga una ventaja competitiva”. Es decir, algún otro podría estar interesado en aprovechar esa ocupación, pero si se hace el proceso sin concurrencia pública esa posibilidad queda anulada.
Desorden en el litoral
De hecho, la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, nada más comenzar la legislatura en 2020, advirtió de que “hay mucho desorden en la costa”, para anticipar que planteaba modificar la normativa del litoral.
Un poco más adelante, al aprobarse la ley de cambio climático, Ribera explicaba que el Partido Popular tenía “una particular preocupación” por desactivar el artículo que trata sobe la vulnerabilidad del litoral: “Les preocupaba la situación de Ence y nos pedía incluir una referencia que, de algún modo, desactivara el proceso de control judicial al que está sometida la autorización”. Luego ha llegado el fallo del Supremo.
Finalmente, el Ministerio ha modificado el Reglamento General de Costas para que la norma haga referencia en numerosas ocasiones a lo largo del articulado a restringir el plazo total de las ocupaciones a un máximo de 75 años con todas las prórrogas que se pudieran obtener. Se considera que es la llave para cerrar, en teoría, la puerta a concesiones que pudieran alargarse incluso un siglo.
Ese reglamento acaba con las prórrogas sucesivas automáticas. Pero también se encarga de crear “una regulación que module y objetive la decisión sobre el otorgamiento de concesiones y prórrogas y su duración”.
Es decir, el problema de la falta de “transparencia” e “imparcialidad” al conceder y prolongar licencias de ocupación en el dominio público marítimo-terrestre del que ahora habla la Comisión Europea ya había brotado. El nuevo reglamento, publicado en el BOE solo en agosto de 2022, indica que “la resolución de otorgamiento o denegación de una concesión o de una prórroga no puede ser, por tanto, arbitraria y debe realizarse conforme a criterios objetivos contemplados en la normativa nacional e internacional”.
El dominio marítimo-terrestre es la franja del litoral que, una vez declarada, marca el terreno y los bienes que deben protegerse para “garantizar la integridad del medio litoral y marino y su uso y disfrute público”. Una zona a salvo del urbanismo.
La Constitución española lo reconoce explícitamente en el artículo 132 y lo declara “inalienable, imprescriptible e inembargable”. Transición Ecológica detalla que en esa zona se establece la “prohibición de nuevas construcciones, viviendas u hoteles de ningún tipo”.
Aunque también añade: “No se trata tanto de prohibir las actividades en el litoral, como de conseguir que sean sostenibles y respetuosas con el medioambiente”. Las concesiones de ocupación son el instrumento para conciliar ambas cosas.