Una vez desbloqueado el proceso legislativo, la regulación integral de la eutanasia afronta este jueves su primer escollo parlamentario. Es, en principio, el más sencillo de salvar: la enmienda a la totalidad presentada por el Partido Popular. Es decir, rechazar de plano el proyecto antes de que se inicien los trabajos sobre la ley.
El PP, el único grupo que votó en contra de la toma en consideración de la ley presentada por el PSOE en junio pasado, ha provocado el debate de enmiendas totales con una propuesta alternativa que niega el propio derecho a morir y no resuelve la cuestión de fondo: el derecho a decidir el final de la propia vida y las penas de cárcel aún previstas para los profesionales que se impliquen en la asistencia en los últimos momentos vitales. Es decir, despenalizar a quienes “causen con actos necesarios la muerte segura, pacífica y sin dolor de esta persona o coopere a ello”, según lo describe la plataforma Juristas por la disponibilidad de la vida.
Conseguir una ley orgánica integral sobre la eutanasia en lo que queda de legislatura precisa de una buena dosis de buena voluntad política por lo ajustado de los plazos. De momento, el recorrido acumula obstáculos. En primer lugar, el PP que no quiere oír ni hablar del asunto, alargó los plazos de presentación de enmiendas a base de solicitar prórrogas. Hizo valer su mayoría en los órganos de gobierno del Congreso. A última hora registró su alternativa que obliga a consumir más calendario para el debate de este jueves.
Al fin y al cabo, si la votación está perdida de antemano para los populares, sirve para airear la postura beligerante del nuevo PP de Pablo Casado sobre el asunto. El presidente del partido se presentó a sí mismo en el congreso que lo eligió líder del partido con esta frase: “Nosotros somos el partido que nos vamos a oponer a la ley de la eutanasia de Pedro Sánchez”.
Hasta ahora habían taponado el debate. Este jueves escenificarán su arsenal ideológico con vistas a su electorado más conservador –que el mismo Casado cree en riesgo, y seduce, por la presencia de los ultraderechistas de Vox–. Su propuesta alternativa no es ni siquiera una ley de eutanasia sino que abarca los cuidados paliativos. Un texto plagiado de la ley autonómica de la Comunidad de Madrid, según contaba El País, presentada en la Asamblea regional, precisamente, por el Partido Socialista de Madrid.
Una ley integral sobre la eutanasia clarificará la asistencia en los momentos finales de la vida. Actualmente esta ayuda engloba diferentes prácticas: algunas permitidas y reguladas, como los cuidados paliativos y otras incluidas en el Código Penal como el suicidio asistido o la misma eutanasia.
A pesar de esta circunstancia que acarrea sentencias con penas de cárcel como el caso que mezcló un suicidio con barbitúricos y una consulta sobre sedación paliativa profunda, Pablo Casado acusó al PSOE la semana pasada en un desayuno informativo del Foro Europa de haber “creado un problema que en España no existe”.
Camino todavía sinuoso
Superar esta primera valla no garantiza un camino expedito para la ley. Ciudadanos votó a favor de tramitarla en junio. Cambió su postura inicial de abstención. Sin embargo, el grupo ya ha condicionado la regulación de la eutanasia a una aprobación previa de un texto sobre cuidados paliativos. “No podemos dar a elegir a los ciudadanos entre el horror y el suicidio”, ha dicho el portavoz naranja de sanidad, Francisco Igea.
La cuestión es que Ciudadanos registró una proposición sobre muerte digna en este sentido y quiere que se hable primero de su moción. Igea ha justificado que legislar sobre eutanasia puede ser “dejar a los pies de los caballos a los más vulnerables porque hemos dejado sin ayuda y sin cuidados paliativos”. Vino a expresar que existiría riesgo de que alguien eligiera morir porque no tenía acceso a cuidados.
Con todo, se han mostrado “favorables a entrar en el debate”. Un debate que no tiene todo hecho. Sin ir más lejos, el Consejo Estatal de Personas con Discapacidad (Cermi) ha advertido de que es contrario a que “se asocie eutanasia con discapacidad o edad avanzada”. ¿Por qué? Debido a que uno de los supuestos previstos en el proyecto de ley socialista sobre quiénes pueden solicitar la eutanasia incluye a aquellos que padezcan “una discapacidad grave crónica”. Y añade que esto implica la “invalidez de manera generalizada de valerse por sí misma, sin que existan posibilidades fundadas de curación y, en cambio, sí existe seguridad o gran probabilidad de que tal incapacidad vaya a persistir durante el resto de la existencia de esa persona”.
Cermi ha pedido que “no se incurra en el simplismo sesgado de vincular las situaciones de discapacidad o edad avanzada con las decisiones personales sobre el final de la vida, como si se tratara de una regulación particularmente pensada para estos grupos sociales”.