Las exmonjas cismáticas de Belorado no se irán del monasterio de forma voluntaria, ni aunque lo mande el juez. Así lo aseguran en un comunicado suscrito el nombre y apellidos 'de solteras' de las diez clarisas excomulgadas, en el que denuncian las “amenazas al recurso a la fuerza pública para nuestro desahucio, que solo cabría si se acompaña de una resolución judicial contra nosotras que, además, en tal caso, habría de ser por nosotras incumplida en período de ejecución voluntaria”.
Y lo harán “caminando libres y solas en defensa de la Fe católica”, pues en la nota admiten haber expulsado al obispo falso De Rojas y al cura coctelero Ceacero, “de cuya jurisdicción nos apartamos”. Pero, lejos de abrir una puerta a la solución del cisma, lo agravan.
“El Monasterio de Belorado consta inmatriculado en el Registro de la Propiedad en virtud de un documento privado de 1969 que confiere el 100% de su pleno dominio a la Comunidad de Religiosas Clarisas de Belorado”, arranca el documento, de cuatro páginas, y enviado a los medios por parte del bufete de abogados que las asesora.
“Decidimos separarnos de la Iglesia Conciliar en un clima conflictivo y por amor a la Verdad Católica, preservando y secularizando la actividad vitalicia a la que estamos consagradas y que llevamos a cabo en el Monasterio, presentando instancia para otorgar naturaleza civil a nuestra labor sin el menor ánimo especulativo, pues nuestro patrimonio está ligado de forma vitalicia a la labor que desempeñamos”, recalca el comunicado, que trata de explicar los movimientos para, a través de sendas asociaciones civiles, tratar de transferir la propiedad, fuera de la Iglesia, de los monasterios de Orduña y Belorado a las ya ex religiosas, y que niega la “supuesta trama inmobiliaria” cuya existencia consideran “ridícula”.
Al contrario, y en lo que se atisba como una nueva estrategia de defensa basada en la vulnerabilidad de las ya ex religiosas, el texto acusa a Iceta de querer “echar hasta las puertas de la misma calle, sin recursos y sin alternativa habitacional”, interviniendo sus cuentas, nóminas y “sin poder atender los pagos de los proveedores de materia prima para nuestros dulces, no podemos acceder a nuestras propias notificaciones, etc”.
“Así las cosas, entendemos que debemos defender nuestra condición de legítimos poseedores del inmueble”, aseguran las ex clarisas, que denuncian “las amenazas al recurso a la fuerza pública para nuestro desahucio, que sólo cabría si se acompaña de una resolución judicial contra nosotras que, además, en tal caso, habría de ser por nosotras incumplida en período de ejecución voluntaria”. Esto es: que aun habiendo sentencia, no se irían por su propio pie.
Pese a todo, aclaran, “no reconocemos, en la presente situación, autoridad alguna a nadie más que a los Tribunales de Justicia, para ordenar nuestro desalojo”. Sobre la expulsión del cura coctelero y el falso obispo, las ya ex monjas apuntan que “sólo se le ha comunicado nuestro deseo al Sr. D. Pablo de Rojas, de cuya jurisdicción nos apartamos, y al Sr. D. José Ceacero para que abandonasen el Convento, actuando ambos de forma voluntaria y sin ningún tipo de coacción por parte de las abajo firmantes ni de ninguna otra persona, de manera que a día de hoy caminamos libres y solas en defensa de la Fe Católica”.
Al tiempo, anuncian batalla judicial contra el hecho de que Iceta haya “aireado saldos en cuentas corrientes” y se trate de “crear una opinión pública en nuestra contra, cuando la realidad es que la presente situación, en defecto de acuerdo, deberá ser dirimida por los Juzgados y Tribunales correspondientes”. Al final, eso sí, vuelven a reclamar al Arzobispado de Burgos una “solución extrajudicial”. Algo que, hoy, parece más lejano que nunca.
Y más cuando estaba a punto de publicarse la 'respuesta' de la diócesis al último desafío de las exmonjas cismáticas de Belorado. Un comunicado de tres páginas en el que el Arzobispado de Burgos vuelve a reiterar que “el Monasterio de Belorado es propiedad de la Comunidad de Religiosas Clarisas de Belorado”, de la que solo forman parte aquellas religiosas que lo siguen siendo, y no las excomulgadas. En cuanto a las amenazas de “echar hasta las puertas de la calle” a las ex religiosas, la diócesis reafirma que “no es nuestra intención causar ningún perjuicio” y recuerda que “son ellas quienes se han apartado de la Iglesia católica por una decisión 'libre y personal', hecho que conlleva aparejada la exclusión de la vida consagrada”
“Han sido las exreligiosas quienes recurrieron a la fuerza pública, cuando requirieron la intervención de la Guardia Civil para proceder a la expulsión del Monasterio de los miembros de la Comisión Gestora. Asimismo, denunciaron ante la Policía Nacional, y después ratificaron ante los Juzgados de Burgos, al mismo Comisario Pontificio”, relata la Iglesia oficial.
El Arzobispo reclama a las monjas que abandonen el monasterio
El Arzobispado de Burgos ha negado que hayan amenazado a las exclarisas con el uso de la fuerza pública o la coacción y ha insistido en que han dejado de ser legítimas poseedoras del inmueble y carecen de título legal para habitarlo. “El monasterio de Belorado es propiedad de la Comunidad de Religiosas Clarisas de Belorado”, ha apuntado el Arzobispado, lo que lo convierte en un bien de titularidad eclesiástica, y además su título legítimo le corresponde a la persona jurídica, no a personas físicas.
También ha vuelto a reclamar a las diez exmonjas de Belorado que cumplan la legalidad y abandonen el monasterio e insiste en que “no tiene sentido” que planteen una interlocución con una “comisión profesionalizada” cuando no existe ningún conflicto y han abandonado la Iglesia por una decisión “libre y personal”.
En un comunicado, la comisión gestora nombrada por el arzobispo Mario Iceta “celebra” que las exreligiosas reconozcan la autoridad de los tribunales porque “efectivamente a ellos les corresponde velar por el cumplimiento de la legalidad”. La Iglesia no cree que esté justificada la creación de dos asociaciones civiles para “querer secularizar” la actividad que realizan
Además, el Arzobispado de Burgos ha recordado que las exclarisas han recurrido a la fuerza pública, cuando solicitaron la presencia de la Guardia Civil el pasado 6 de junio, ante una visita de la comisión gestora enviada por el arzobispo, Mario Iceta, en calidad de su nombramiento como comisario pontificio.
También han denunciado a Iceta por abuso de poder, usurpación de representación legal y vulneración del derecho a la libre asociación, denuncia ante la Policía Nacional que ratificaron días después en los juzgados de Burgos.
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